Murieron otros dos operarios que permanecían internados tras el estallido en Remedios de Escalada. Mientras las empresas disputan negocios millonarios y los usuarios pagan tarifas cada vez más caras, la precarización y la falta de controles ponen en riesgo la vida. No fue una fatalidad: es un crimen social.
La explosión del 13 de noviembre en Remedios de Escalada ya se cobró cuatro vidas. Este sábado se confirmó la muerte de Matías Leguizamón, de 33 años, y Juan José Servín, de 28, dos trabajadores de Exgadet que permanecían internados en grave estado en un centro de salud de San Justo. Se suman a Marcelo García y Néstor Julián D’Alesandro, los otros dos operarios fallecidos.
Cuatro trabajadores que salieron a cumplir con su jornada y terminaron pagando con sus vidas las consecuencias de una obra que debía garantizar la seguridad de la red de gas. No fue una fatalidad ni un accidente inevitable. Fue un crimen social, cuyas causas y responsabilidades empresariales y políticas deben investigarse hasta el final.
Negocios millonarios, servicios cada vez más caros y peligrosos
MetroGAS no puede esconderse detrás de Exgadet, la empresa tercerizada que ejecutaba los trabajos. Como concesionaria y responsable de la red, debe responder por la planificación, supervisión y seguridad de las obras. La tercerización, la precarización y la reducción de costos no pueden funcionar como mecanismos para desentenderse de las consecuencias.
Mientras tanto, el negocio energético sigue moviendo millones. El grupo empresario integrado por José Luis Manzano, Daniel Vila y Mauricio Filiberti acordó con YPF la compra del 70% de MetroGAS por 780 millones de dólares. Una operación millonaria que vuelve a mostrar los intereses económicos que se mueven alrededor de un servicio esencial.
Los usuarios pagamos tarifas cada vez más caras, pero no recibimos a cambio un servicio que garantice mantenimiento, inversión y seguridad. Las redes se deterioran, las obras se tercerizan y quienes trabajan sobre ellas quedan expuestos a condiciones que pueden costarles la vida. ¿Dónde están los controles? ¿Quién garantiza que los recursos que salen del bolsillo de millones de usuarios se destinen a mejorar el servicio y no a engordar los negocios empresariales?
Una cadena de responsabilidades políticas
La responsabilidad no termina en MetroGAS y Exgadet. También deben dar explicaciones los gobiernos y organismos que autorizaron, supervisaron y debían controlar las obras.
El gobierno de Javier Milei tiene una responsabilidad central en la regulación nacional del servicio y en el funcionamiento de los organismos de control. El ajuste, la desregulación y el debilitamiento de las capacidades estatales no pueden traducirse en menos controles sobre empresas que administran servicios de los que depende la vida de millones.
El gobierno provincial de Axel Kicillof debe explicar qué hizo frente a las advertencias sobre las condiciones profesionales y técnicas de la contratista. Y el intendente de Lanús, Julián Álvarez, tiene que responder por los permisos y controles municipales sobre las intervenciones en la vía pública. Ninguno puede limitarse a trasladar la responsabilidad al otro. Ya que el colegio público de ingenieros habia alertado de los problemas de esta tercirazada. Por otro lado el municiladode Lanús envio un proyecto al consejo deliberante por la suma de 3mil millones supuestamente para levantar la zona derrumbada y asistir a comerciantes y vecinos. La emergencia es ya, y la erogasion del dinero debe ser inmediata , no puede mediar una aprobación o dilatar en el consejo deliberando el proyecto que busca más bien cubrir las propias responsabilidades.
La investigación judicial debe esclarecer qué falló, quiénes conocían los riesgos y qué decisiones se tomaron antes de la explosión. No puede haber impunidad ni responsables que se laven las manos mientras las familias lloran a sus trabajadores.
¿Los servicios públicos? al servicio del pueblo, no de los negociados
Lo ocurrido vuelve a poner sobre la mesa una discusión de fondo: los servicios esenciales no pueden organizarse alrededor de la rentabilidad de grupos empresarios. El gas, el agua y la energía son derechos y deben garantizarse con inversión, planificación, mantenimiento y controles efectivos.
Esto hace cada vez más visible la necesidad de reestatizar y nacionalizar integralmente los servicios públicos, sin indemnizar a los grupos empresarios responsables de su vaciamiento, bajo control democrático de sus trabajadores y usuarios. Abrir los libros contables de las empresas, auditar sus ganancias e inversiones y terminar con la tercerización precarizadora son medidas indispensables para poner los recursos al servicio de las necesidades sociales.
También exigimos una comisión investigadora independiente, con participación de trabajadores, vecinos damnificados y especialistas, que tenga acceso a toda la documentación de las obras y los controles. Justicia y castigo a todos los responsables, reparación integral para las familias afectadas y garantías de seguridad para quienes trabajan y viven en nuestros barrios.
Una vez más, los trabajadores ponen el cuerpo y la sangre mientras las empresas hacen negocios y los gobiernos miran para otro lado. No es una tragedia inevitable: cuando se priorizan las ganancias por encima de la vida, estamos frente a un crimen social.


