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Un fallo que deja al descubierto las trampas del Gobierno libertario
En una resolución de enorme trascendencia política y jurídica, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, a cargo del juez federal Martín Cormick, declaró la inconstitucionalidad del Decreto 759/2025 y ordenó al Poder Ejecutivo Nacional la aplicación e instrumentación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario (Ley N° 27.795).
La sentencia desarma de manera categórica el andamiaje leguleyo con el que la gestión de Javier Milei, junto al Ministerio de Capital Humano liderado por Sandra Pettovello y la Subsecretaría de Políticas Universitarias encabezada por Alejandro Álvarez, pretendía congelar las partidas presupuestarias y perpetuar la asfixia salarial de los trabajadores de la educación superior.
El dictamen judicial resulta lapidario contra las maniobras del Ejecutivo en cuatro ejes fundamentales:
- Prohibición del veto encubierto o «re-veto» (Art. 83 Constitucional): El tribunal dejó asentado que, habiendo sido vetada la Ley N° 27.795 por el Decreto N° 647/25 y posteriormente ratificada e insistida por la mayoría calificada de dos tercios en ambas Cámaras del Congreso Nacional, el Ejecutivo tiene la obligación constitucional de promulgarla y ejecutarla sin dilaciones ni condicionamientos fácticos. Utilizar decretos posteriores para frenar la ejecución de una norma aprobada por insistencia parlamentaria constituye un fraude constitucional y un claro abuso de poder.
- Inaplicabilidad del Artículo 5° de la Ley 24.629: La Justicia desestimó de plano el artilugio gubernamental de pretender ampararse en una ley general anterior sobre autorrestricción del gasto para anular una ley posterior de igual jerarquía emanada de la soberanía del Congreso.
- Existencia explícita de financiamiento y vicios de motivación: El fallo desmintió las acusaciones oficiales sobre la falta de partidas, señalando que la propia Ley N° 27.795 contempla sus pautas de financiamiento en el artículo 9°, por lo que el Decreto 759/2025 padece de un vicio grave en su motivación al insistir con argumentos económicos desestimados por el Poder Legislativo.
- Tutela de derechos alimentarios y educación pública frente al dogma del «equilibrio fiscal»: El juez sostuvo que la administración del presupuesto no está exenta del control de constitucionalidad cuando vulnera derechos de incidencia colectiva y de carácter alimentario, tales como la recomposición de los salarios de docentes y nodocentes, la actualización de las becas estudiantiles y el resguardo de la autonomía universitaria.
Asimismo, en una medida anterior Cormick intimó al Estado Nacional a dar cumplimiento efectivo y total a la medida cautelar firme en un plazo perentorio de cinco (5) días, advirtiendo expresamente que aplicará astreintes —sanciones económicas pecuniarias fijas por cada día de demora— directamente sobre el patrimonio de los funcionarios responsables.
Las trampas de Capital Humano y los límites de la vía judicial
Esta resolución judicial llega tras meses de maniobras dilatorias por parte de la Casa Rosada. Desde que se dictó la medida cautelar inicial el 23 de diciembre, ratificada por la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal y desestimados los recursos extraordinarios por la Corte Suprema el 25 de junio, el Ministerio de Capital Humano intentó engañar al tribunal presentando actas de transferencias parciales del 24,33% para salarios como si fueran acuerdos definitivos. Frente a esto, los representantes de las universidades demostraron que tales firmas eran apenas una «gota en el océano de los incumplimientos» y que el desfasaje salarial real acumulado continúa superando holgadamente el 35% respecto a la inflación.
El gobierno libertario intentó recientemente argumentar que los salarios docentes habían aumentado un 226,80% entre diciembre de 2023 y junio de 2026, una distorsión contable que naufragó ante los datos de la realidad: la inmensa mayoría de la docencia percibe ingresos por debajo de la línea de pobreza o indigencia, con salarios básicos brutos de inicio que rondan los $272 mil pesos. Frente a la intimación de Cormick, los voceros de Pettovello y Álvarez anticiparon que presentarán nuevas apelaciones para estirar los plazos.
Sin embargo, para los trabajadores y estudiantes universitarios se impone una caracterización seria de la situación: la vía judicial tiene límites insalvables. Aunque los fallos desenmascaran la ilegalidad del Gobierno y fortalecen la legitimidad del reclamo, la Justicia burguesa no va a salvar la universidad pública por su propia dinámica burocrática y cómplice.
Ante un gobierno autocrático que desconoce las leyes votadas y los fallos firmes, los expedientes corren el riesgo de convertirse en una tramitación interminable de vistas y traslados. Cada conquista lograda en los tribunales ha sido consecuencia directa de la movilización en las calles, las medidas de fuerza docente y la presión por abajo. La cautelar solo se ejecutará materialmente si existe una fuerza social organizada capaz de imponer su cumplimiento.
La voz de las bases docentes: Mandato de paro por tiempo indeterminado
Frente al límite de los paros aislados de 24 o 48 horas que el Gobierno absorbe sin modificar su orientación, la base docente de todo el país ha comenzado a sobrepasar los diques de contención de las dirigencias tradicionales para adoptar mandatos de acción directa de alta contundencia.
Los resultados de la Consulta Nacional Abierta realizada de manera simultánea en las universidades nacionales revelan un salto cualitativo en la disposición a la lucha. En la Universidad Nacional de Rosario (UNR) la opción del paro por tiempo indeterminado triunfó de manera categórica con el 50,81% de los votos.
En la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), la docencia organizada en ADIUC emitió casi mil votos donde el paro indeterminado cosechó el respaldo del 52% de los votantes[. Mandatos mayoritarios en el mismo sentido se conquistaron en las consultas de Mar del Plata, La Rioja y General Sarmiento.
Este proceso ha provocado una importante crisis en las cúpulas gremiales. En el reciente plenario de secretarios generales de CONADU, mientras la mayoría burocrática buscaba acotar las medidas a paros aislados de 48 o 72 horas, 8 asociaciones de base —entre ellas las universidades más grandes como Córdoba, Rosario y Mar del Plata— exigieron la votación del paro por tiempo indeterminado.
Ante la negativa de la conducción nacional, las asociaciones de base de Córdoba, Rosario y Mar del Plata tomaron la determinación histórica de convocar al paro de semana completa, quebrando el freno impuesto por la federación y expresando el profundo hartazgo de las bases docentes.
Se vuelve fundamental rechazar las tácticas de dilatación y fragmentación, como la propuesta impulsada por sectores del Frente Sindical bajo el eufemismo de «23 días de lucha y paro». Detrás de ese nombre no hay un plan de paro nacional unificado, sino una política de regionalización de las medidas de fuerza que fragmenta las jornadas de protesta por provincias o facultades, diluyendo el golpe contra el Gobierno y desgastando a los trabajadores.
Las Universidades Nacionales se transforma en un problema de estado únicamente cuando docentes, nodocentes y estudiantes actúen de manera simultánea, masiva y unificada en todo el país.
La perspectiva: Garantizar una gran marcha el 15 de octubre y la huelga general para ganar
A más de 330 días de la promulgación de la LFEU, el presupuesto 2027 presentado por el ministro Luis «Toto» Caputo contempla un estancamiento real que profundiza el congelamiento y deja a las casas de estudio un 25,2% por debajo de los recursos asignados en 2023. La rebelión que recorre los claustros no puede quedar encorsetada en la administración del descontento ni en la espera pasiva de la acción judicial.
Para ganar esta batalla es imprescindible unir las luchas y construir la fuerza en las calles:
- Garantizar una multitudinaria 5ª Marcha Federal Universitaria el 15 de octubre: Convertir la movilización nacional en una jornada masiva de acción popular en todo el país.
- Unificar las reivindicaciones: La marcha del 15 de octubre debe unir el reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario con el rechazo explícito a la Corte Suprema y a sus maniobras cómplice, exigiendo al mismo tiempo la inmediata caída del DNU 70/23
- Continuidad del plan de lucha en unidad interclaustro: Impulsar la organización desde abajo mediante asambleas por facultad y la organización de acciones unificadas entre docentes, trabajadores No Docentes y el movimiento estudiantil.
- Confluencia con la clase trabajadora y la huelga general: Romper el aislamiento conectando la pelea universitaria con los jubilados reprimidos, los estatales despedidos, los trabajadores de la salud del Garrahan y las organizaciones populares.
La lección que dejó la histórica «Marcha de la Bronca» del 19 de septiembre —donde más de 70.000 manifestantes colmaron la Plaza de Mayo— es que existe una reserva enorme de fuerza social dispuesta a luchar si se supera la tregua de las burocracias sindicales. Las conducciones de las federaciones universitarias y las centrales sindicales (CGT y CTAs) deben abandonar la pasividad y asumir el mandato de las bases convocando a la huelga general.
Uniendo a la comunidad universitaria con el conjunto de las luchas, coseguiremos el presupuesto educativo, impondremos la Ley de Financiamiento y derrotaremos el plan de ajuste de Milei.
