Una nueva pérdida de gas en la Primaria 18 obligó a evacuar a sus alumnos y también a establecimientos educativos de los alrededores, entre ellos, jardines, primarias y secundarias. Mientras se multiplican las denuncias, el Municipio obliga a otras escuelas de la zona de la explosión de Remedios de Escalada a funcionar sin garantizar por escrito las condiciones de seguridad.
Este jueves 20 de noviembre se produjo una nueva fuga de gas en Lanús, esta vez en la Escuela Primaria N.º 18, que obligó a evacuar a todos los alumnos y alumnas. La emergencia también alcanzó a otras instituciones educativas de los alrededores, entre ellas escuelas primarias, secundarias y jardines. Una situación alarmante que vuelve a poner en riesgo a las infancias y a toda la comunidad educativa, en un distrito que acumula denuncias por pérdidas de gas desde la explosión de Remedios de Escalada.
Ya no se puede hablar de hechos aislados. La sucesión de fugas, evacuaciones y fallas en las obras de infraestructura expone la gravedad de un sistema privatizado, tercerizado y sin controles efectivos. Lanús se está convirtiendo en un campo minado: nadie garantiza que las redes sean seguras, que las obras estén correctamente ejecutadas ni que quienes las realizan cumplan con todas las condiciones necesarias.
Pero hay otra situación gravísima que atraviesa a las escuelas cercanas al lugar de la explosión de Remedios de Escalada. Según denuncian integrantes de las comunidades educativas, el Municipio exige que los establecimientos continúen abiertos, mientras los equipos directivos y docentes manifiestan su preocupación y temor ante el riesgo de nuevas explosiones. Incluso, frente a la incertidumbre, solicitan que las autoridades municipales les entreguen por escrito la habilitación para funcionar y las garantías de seguridad correspondientes. Sin embargo, el Municipio se niega a hacerlo mientras exige sostener las clases, teniendo en cuenta que solo se rige por un comunicado de Defensa Civil que establece que las escuelas y la zona en gral a la explosión esta fuera de riesgo. ¿Quién se hace responsable si ocurre una nueva tragedia? No se puede obligar a docentes, auxiliares y estudiantes a concurrir a edificios sin garantías fehacientes de seguridad.
Una vez más, son las docentes y trabajadoras de la educación quienes deben actuar frente a emergencias que nunca tendrían que afrontar. Además de garantizar la enseñanza y el cuidado cotidiano, tienen que poner el cuerpo para resguardar a los chicos y chicas ante riesgos que son responsabilidad de los gobiernos y las empresas. Las escuelas deben ser espacios seguros para aprender, jugar y crecer, no lugares donde las infancias y quienes trabajan con ellas estén expuestos a una posible tragedia. No podemos naturalizar que cada jornada escolar esté atravesada por la incertidumbre sobre las condiciones edilicias y de seguridad.
La responsabilidad es una cadena que involucra a las empresas y a los distintos niveles del Estado. Metrogas no puede desligarse de las consecuencias de tercerizar las obras. El gobierno nacional de Javier Milei debe responder por la desregulación y el debilitamiento de los organismos de control. El gobierno provincial de Axel Kicillof debe explicar qué controles ejerce sobre las empresas y las responsabilidades técnicas de las obras. Pero ademas es necesario que desde provincia lleguen fondos reales para ayudar a las víctimas . El Municipio de Lanús, encabezado por Julián Álvarez, debe dar explicaciones sobre los permisos otorgados, las condiciones exigidas y los controles realizados para habilitar intervenciones en el distrito. También debe explicar por qué exige la apertura de escuelas sin entregar las garantías de seguridad que reclaman sus comunidades educativas. Pero además de dictar la emergencia en el distrito, los recursos se deben destinar a los afectados y sus familias y eso debe ser rápido. Ninguna jurisdicción puede lavarse las manos mientras se multiplican los riesgos.
Mientras las empresas acumulan ganancias millonarias, con empresarios como José Luis Manzano detrás de los negocios de Metrogas, los usuarios pagan tarifas cada vez más caras por servicios que no garantizan ni siquiera condiciones básicas de seguridad. La rentabilidad privada, la reducción de costos y la tercerización no pueden estar por encima de nuestras vidas.
Los servicios esenciales no pueden seguir siendo un negocio. Desde el MST en el Frente de Izquierda sostenemos que el gas, el agua y la energía deben ser servicios públicos estatizados, bajo control democrático de sus trabajadores y usuarios. Es necesario terminar con las privatizaciones, abrir los libros de las empresas, auditar sus ganancias e inversiones y poner los recursos al servicio de la seguridad, el mantenimiento y las necesidades de la población.
Exigimos una inspección integral y urgente de las redes de gas de Lanús, garantías de seguridad en todas las escuelas y espacios públicos, la entrega de habilitaciones y certificaciones correspondientes por escrito antes de exigir la apertura de los establecimientos, y una investigación independiente que establezca las responsabilidades empresariales y políticas. No podemos esperar a una nueva tragedia para que alguien responda.
¡Las escuelas son para enseñar y aprender, no para poner en riesgo la vida de las infancias y las trabajadoras! ¡Nuestras vidas valen más que sus ganancias!

