Crece el déficit de espacios verdes en la Ciudad de Buenos Aires y el Parque Uriburu, ubicado en la zona sur de la ciudad, se convirtió en el epicentro de un conflicto que enfrenta a los vecinos con las empresas Techint y SBASE, así como con el propio gobierno porteño. Desde hace dos décadas, un tercio del parque está ocupado por la empresa Techint bajo el pretexto de realizar obras para la línea H del subterráneo. Destruyendo gran parte del arbolado y cementando la superficie ocupada. Sin embargo, las obras están paralizadas y no hay indicios de que se retomen, lo que genera un profundo malestar en la comunidad.
¿Quiénes son Techint y SBASE?
Techint es un conglomerado multinacional de origen argentino, conocido principalmente por su rol en los sectores de la construcción, siderurgia y energía. Son los responsables de la explotación de Vaca Muerta y una de las empresas más influyentes con funcionarios integrados en el gobierno nacional. Por su parte, SBASE es la empresa estatal encargada de la planificación, construcción y operación del sistema de subterráneos de la Ciudad de Buenos Aires. Esta empresa podría jugar un papel crucial en el desarrollo urbano, especialmente en la expansión de la red de subterráneos. Pero sus acciones ponen en riesgo las condiciones ambientales dentro del mismo con vagones contaminados con asbesto, y fuera de este ocupando con sus desechos nuestros espacios verdes.
Reclamos vecinales y respuesta Institucional
La presidenta de la Comuna 4, quien debería ser la responsable de canalizar los reclamos de los vecinos, ha sido criticada por declararse incompetente y no involucrarse en el conflicto, lo que ha exacerbado la frustración de los residentes. En respuesta, los vecinos han solicitado que el parque sea clasificado como una Urbanización Parque (UP) dentro del código urbanístico, basándose en un acta de 1914 que lo reconocía como tal. Ante la falta de respuestas de las autoridades, la comunidad debió recurrir a la presentación de un pedido de informe para acceder a información que debería ser pública.
Entre las preguntas planteadas, los vecinos exigen conocer los detalles del contrato con Techint y SBASE, si se les cobra un canon por el uso del espacio, cuándo planean retirarse del parque, y si se harán cargo del pasivo ambiental que incluye la mutilación de decenas de árboles que han quedado secos dentro del obrador. Las respuestas hasta ahora han sido parciales, destacando únicamente que la presencia de la empresa en el parque es para tareas de diseño y planificación relacionadas con la expansión de la línea H del subte.
La Ocupación del Parque: casi dos décadas de inacción
El Parque Uriburu ha sido históricamente un espacio de esparcimiento para los vecinos de la zona, un pulmón verde en una ciudad cada vez más asfixiada por el cemento, fundamental para quienes hacen vida en los nosocomios aledaños. Sin embargo, desde hace casi dos décadas, Techint y SBASE han ocupado gran parte del parque, argumentando que es necesario para la expansión de la línea H del subte. A pesar de las promesas de avance, las obras están completamente paralizadas, y no hay planes concretos para retomar el proyecto.
Esta ocupación generó un fuerte rechazo entre los vecinos, quienes acusan a las empresas y al gobierno de la ciudad de utilizar el parque para fines que no se corresponden con los intereses de la comunidad. Mientras las empresas mantienen su control sobre el espacio, sin generar ningún beneficio tangible para los ciudadanos, el gobierno porteño es cómplice de esta usurpación, permitiendo que un espacio público siga siendo utilizado por recursos privados y para fines poco claros.
El Contraste con el tratamiento a los sectores populares
Mientras Techint y SBASE continúan ocupando impunemente el parque, el gobierno de la ciudad ha intensificado los desalojos forzados de manteros y changarines en la zona sur. Estas personas, que se ven obligadas a ganarse la vida en la “economía informal” debido a la crisis económica que atraviesa el país, son expulsadas a la fuerza de los espacios públicos donde intentan vender sus productos. Esta política contrasta fuertemente con la permisividad que se le otorga a las grandes empresas, que pueden ocupar ilegalmente un parque durante años sin ninguna consecuencia.
Además, el gobierno porteño ha llevado adelante desalojos forzados de conventillos y edificios tomados por familias enteras que no tienen otro lugar donde vivir. Estas familias, que incluyen a niños y ancianos, son expulsadas a la calle, donde se ven obligadas a sobrevivir en condiciones de extrema precariedad.
El Estancamiento de la expansión del subte
El caso del Parque Uriburu no es un hecho aislado. La línea F del subte, planeada desde hace años, aún no tiene fecha de inicio de obra. Lo mismo ocurre con la estación Sáenz de la línea H, licitada hace más de una década pero que nunca comenzó a construirse. A pesar de que en su momento se planteó la posibilidad de revisar el contrato con Techint-Dycasa firmado en 2011 o de volver a licitar la obra, ninguna de estas opciones se concretó, dejando el proyecto en un limbo indefinido.
La Ley 670, sancionada por la Legislatura porteña hace más de 20 años, establecía la construcción de varias nuevas líneas de subte para mejorar la conectividad en la ciudad. Sin embargo, hasta la fecha, la mayoría de estos proyectos siguen sin materializarse, y no existen planes concretos para llevarlos a cabo en el futuro cercano.
Una lucha más amplia contra el extractivismo urbano
Este conflicto no se trata solo de la defensa de un parque, sino de una lucha más amplia, contra lo que los ecosocialistas llamamos “ofensiva del cemento capitalista” en las ciudades. Esta situación es la manifestación urbana del extractivismo, similar a lo que ocurre con la megaminería en la cordillera, el fracking en la Patagonia, o el uso de transgénicos y glifosato en el campo. Hace falta cuestionar esta lógica y luchar por una alternativa que priorice la planificación democrática y la preservación del ambiente. Generar una alternativa a la anarquía de la especulación inmobiliaria y las corporaciones que ven en la ciudad un terreno fértil para el saqueo. Una ciudad que ponga en el centro las necesidades de los trabajadores y sectores populares y no el de la ganancia privada. Por eso, es clave reclamar otro Código Urbanístico con participación vinculante de los vecinos, que incorpore la defensa de la identidad de los barrios frente a la construcción indiscriminada, el cuidado y preservación del arbolado frondoso ante la brutal crisis climática.
La batalla por el Parque Uriburu es un reflejo de la tensión entre el desarrollo urbano impulsado por intereses privados y la necesidad de preservar espacios verdes vitales para la calidad de vida de los ciudadanos. Organizados como contra la tala indiscriminada en el Parque Patricios o para frenar la instalación de bares en el mismo, los vecinos dejaron en claro que no se quedarán de brazos cruzados y continuarán exigiendo la recuperación del parque y su incorporación como UP (Urbanización Parque) en el código urbanístico. El 17 de agosto están convocando a una jornada de lucha para difundir y visibilizar la usurpación privada, para seguir sumando más voluntades y concientizando a los vecinos de la derechos que han sido confiscados.
Para más información ig: DevuelvanElParqueUriburu
Jessi Gentile, coordinadora de la Red Ecosocialista y vecina de Parque Patricios