El recinto, que viene siendo noticia por los dólares de Kueider y las propiedades de Ritondo, debate el proyecto para inhabilitar las candidaturas de los condenados en segunda instancia.
Negociación de votos libertaria
Este miércoles se desarrolla la sesión que podría otorgarle media sanción al proyecto de Ficha Limpia. Se trata de una reedición, impulsada por el oficialismo, de la iniciativa que había presentado el PRO a finales del año pasado y que terminó cayéndose como un castillo de naipes.
En el oficialismo hay optimismo respecto a que el proyecto pueda debatirse, luego de la cumbre que mantuvieron el presidente del recinto, Martín Menem, y el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, con sectores dialoguistas del PRO, el MID, la UCR y Encuentro Federal.
Este proyecto establece que no pueden ser candidatos ni ocupar cargos públicos aquellas personas condenadas en segunda instancia por casos de corrupción o delitos contra la administración pública. Forma parte de la reforma política del gobierno, que ya logró media sanción en la suspensión de las PASO.
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Uno de los puntos de fricción era la llamada “cláusula Petri”, que determinaba que no podrían ser candidatos quienes hubieran sido condenados hasta el 31 de diciembre. El gobierno cedió en el debate y se especula que finalmente se establezca como fecha límite el cierre de los padrones electorales.
También hay diputados provinciales que plantean que la ley no solo debería aplicarse a delitos de corrupción, sino también a delitos sexuales y narcotráfico. Esta normativa, con variaciones, ya existe en las provincias de Salta, Chubut, Mendoza, Jujuy, San Juan, Santa Fe, Río Negro y Córdoba.
Evidentemente se trata de una ley diseñada a medida para impedir que Cristina Fernández de Kirchner pueda postularse en futuras elecciones. Desde sectores del peronismo argumentan que debería ser la Corte Suprema la que determine quién puede ser candidato y quién no.
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Este proyecto no busca claridad. De hecho, es apoyado por diputados como Ritondo, a quien, con solo investigar un poco, le aparecen propiedades en Argentina y el exterior sin declarar. Lejos de aportar transparencia al proceso electoral, habilita un nuevo mecanismo de proscripción dentro del régimen, con la Justicia como su primer garante.
Por eso, rechazamos esta iniciativa, que es parte de la reforma política que Milei está impulsando con el aval de todos los partidos de la política tradicional. Para eliminar la corrupción en la política no puede ser el poder político quien investigue ni mucho menos una justicia manejada por el. En cambio, debe haber comisiones independientes de toda injerencia para poder investigar a fondo y no de acuerdo a las conveniencias de turno.