A partir del próximo mes de mayo los usuarios del transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires deberán enfrentar el golpe al bolsillo más duro en lo que va del año. El gobierno nacional confirmó un nuevo ajuste en el precio del boleto de colectivo que se desprende directamente del esquema de indexación mensual vigente. Esta fórmula combina el último dato de la inflación publicado por el Indec con un recargo adicional del 2% fijo. Al conocerse que el Índice de Precios al Consumidor de marzo se ubicó en el 3,4%, la suba total para el quinto mes del año alcanzará el 5,4%.
Este incremento porcentual se traduce en valores concretos que alejan cada vez más el acceso al transporte para miles de familias trabajadoras que ya no pueden estirar sus ingresos. Los nuevos montos que regirán en las terminales de Sube son los siguientes.
- El boleto mínimo para los colectivos que circulan dentro de la Ciudad de Buenos Aires pasará de $715,24 setecientos a $753,86.
- La tarifa mínima para las líneas que transitan por el territorio de la provincia de Buenos Aires subirá de $871,30 a $918,35.
- Los tramos más largos en el conurbano bonaerense comenzarán a rozar la barrera de los mil pesos por cada viaje realizado.
La aplicación de este aumento se conoce apenas unos días después de que el Indec informara una inflación de marzo del 3,4%. Esta coincidencia no es casualidad porque el esquema de indexación automática garantiza que cualquier aceleración en los precios se traslade de forma inmediata a la tarifa del transporte. Bajo este mecanismo el gobierno se asegura de que el costo de la crisis recaiga siempre sobre los hombros de los laburantes mientras los salarios permanecen estancados o con aumentos miserables. Cada vez que el índice inflacionario sube el boleto vuelve a aumentar y genera un círculo vicioso de carestía que vacía los bolsillos de quienes necesitan el bondi para ir a trabajar.
Un servicio que se cae a pedazos mientras la tarifa se dispara
Está claro que el problema del transporte público de calidad no se ha solucionado con ninguna gestión. Pero en este momento, sucede que estos aumentos se dan en paralelo con un servicio totalmente paupérrimo.
Durante las últimas semanas la mayoría de las líneas que circulan por el AMBA han recortado sus frecuencias de manera drástica y provocan esperas interminables en las paradas. Los pasajeros viajan hacinados en unidades que explotan de gente porque las empresas decidieron sacar menos coches a la calle bajo la excusa de la falta de presupuesto. Esta realidad cotidiana demuestra que pagar una tarifa más cara no se traduce en una mejora en la calidad del viaje y solo sirve para sostener un sistema que está al borde del colapso operativo.
La crisis del servicio se encuentra atrapada en una negociación entre el gobierno de Javier Milei y las cámaras empresarias del transporte. En esta discusión ninguna de las partes representa los intereses de los trabajadores. Por un lado, la gestión libertaria demuestra un desinterés absoluto por construir un sistema de transporte público eficiente y accesible. El ministro Luis Caputo y el presidente Milei solo miran las planillas del equilibrio fiscal y buscan recortar cualquier gasto que les genere la gestión de los subsidios. El gobierno sostiene que no hay plata y posterga los pagos de las deudas que mantiene con las empresas mientras le pide paciencia a una población que ya no tiene margen para esperar.
Por otro lado, las cámaras empresarias agrupadas en entidades como la AAETA, la CTPBA o la CETUBA actúan con una voracidad patronal que no es nueva. Durante décadas estas empresas recibieron subsidios millonarios del Estado que nunca fueron utilizados para mejorar las unidades o para modernizar el servicio. Estas patronales solo invierten cuando sus ganancias extraordinarias están garantizadas y ahora amenazan con cierres patronales o lockouts para presionar al gobierno por más fondos. Es paradójico que los mismos empresarios que hoy se quejan por la rentabilidad sean los primeros en perseguir a los trabajadores cuando realizan una medida de fuerza para defender sus sueldos.
La trampa patronal y la necesidad de una salida de fondo
La discusión sobre el precio del combustible también se mete en el centro de este tire y afloje entre los funcionarios y los dueños de los colectivos. El precio del gasoil, según las empresas, se ha disparado por encima de los $2.150 mientras el gobierno solo reconoce una cifra mucho menor para el cálculo de los costos ($1.700). Este desfasaje es utilizado por las empresas para justificar el mal servicio y la falta de frecuencias. Sin embargo, esta puja de intereses solo busca salvar la ganancia privada y no contempla en ningún momento la necesidad del laburante que pasa horas arriba de un colectivo para cumplir con su jornada laboral. Mientras los empresarios y el gobierno se pelean por quién pone la plata la gente sigue llegando tarde a sus puestos de trabajo con todas las consecuencias que eso representa para su estabilidad laboral.
La foto que se repite cada mañana en las paradas es la de miles de personas amontonadas frente a colectivos que no pasan a tiempo. Esta situación es la consecuencia directa de un modelo que pone el lucro por encima de un derecho básico como es la movilidad. El transporte público no puede seguir siendo un rehén de las ganancias de un puñado de empresarios que viven del subsidio estatal mientras brindan un servicio de pésimo nivel. Tampoco puede quedar bajo el mando de un gobierno que desprecia lo público y que solo busca el superávit a costa del hambre y el maltrato hacia los ciudadanos. La salida a este desastre no vendrá de la mano de más aumentos ni de más promesas de regularización que nunca se cumplen.
Es urgente terminar con el esquema de las empresas privadas que solo se interesan por su rentabilidad y avanzar hacia un verdadero sistema público de transporte. La única garantía para tener un servicio eficiente y con tarifas populares es que el transporte sea de propiedad estatal y se encuentre bajo el control democrático de sus propios trabajadores y usuarios. Solo de esta manera se podrá asegurar que los recursos se destinen a la compra de nuevas unidades y al mantenimiento de las frecuencias y a la seguridad de los pasajeros. Hay que romper con la lógica del negocio privado para poner los colectivos al servicio de las necesidades de la población. La lucha por un transporte digno es parte de la pelea general contra un ajuste que pretende reducir nuestras vidas a la mínima expresión para favorecer a los sectores más concentrados de la economía.
