El Gobierno nacional autorizó el amarre del petrolero británico VS Promise en el puerto de Ushuaia, actualmente bajo administración nacional. La decisión generó el rechazo de Tierra del Fuego, que reclamó explicaciones y cuestionó la contradicción con los argumentos de soberanía utilizados por Milei para intervenir la terminal. Mientras el Reino Unido mantiene la ocupación colonial de las Islas Malvinas, el Gobierno argentino profundiza su alineamiento con las potencias imperialistas.
Amantes de Londres en el cono sur
El puerto de Ushuaia volvió a quedar en el centro de la discusión por la soberanía argentina. El VS Promise, un buque petrolero de bandera británica, amarró en la terminal fueguina luego de realizar operaciones de carga de crudo en la zona de Río Cullen.
La situación adquiere una particular gravedad porque el puerto de Ushuaia se encuentra intervenido por el Gobierno de Javier Milei desde enero, bajo administración de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN). La intervención fue presentada por Nación como una medida vinculada a problemas de gestión e infraestructura, pero también se inscribió en un discurso sobre la importancia estratégica del puerto y del Atlántico Sur. Ahora, bajo esa misma administración nacional, se permitió el ingreso de una embarcación de bandera británica.
Desde Tierra del Fuego reclamaron que el Gobierno nacional informe cuáles fueron los criterios políticos, estratégicos y administrativos que permitieron la operación del buque y exigieron el cese de la intervención y la restitución de la administración portuaria a la provincia.
El planteo tiene como antecedente la Ley Provincial 852, conocida como Ley Gaucho Rivero, sancionada en 2011, que establece restricciones a la actividad de embarcaciones vinculadas al Reino Unido en los puertos fueguinos en el marco del reclamo argentino por Malvinas.
El Gobierno nacional, por su parte, sostiene que la operación no vulneró la normativa y que el buque ingresó al puerto para aprovisionarse luego de cargar petróleo en territorio fueguino. Pero la discusión política va mucho más allá de si el amarre puede encuadrarse formalmente dentro de una determinada normativa. La pregunta es qué significa la soberanía para el Gobierno de Milei.
¿Quién controla los recursos del Atlántico Sur?
Hay además otro elemento que no debería quedar fuera de la discusión: el buque que ingresó a Ushuaia es un petrolero, y había cargado crudo en la zona de Río Cullen antes de dirigirse al puerto. La embarcación tiene una capacidad superior a los 500.000 barriles y 228 metros de eslora.
Esto coloca sobre la mesa una cuestión estratégica: los recursos energéticos del Atlántico Sur y quién los controla. La defensa de Malvinas no puede reducirse a una disputa diplomática entre Estados. También implica defender los recursos naturales, la soberanía económica y el control público de la infraestructura estratégica. No alcanza con afirmar que las Malvinas son argentinas si al mismo tiempo se profundiza un modelo que entrega recursos y áreas estratégicas al capital extranjero.
La soberanía no se delega
El caso del VS Promise también debe analizarse en el marco más amplio de la política del Gobierno. Milei impulsa privatizaciones, concesiones de infraestructura, apertura económica y regímenes de beneficios para grandes inversores. En paralelo, profundiza sus vínculos con Estados Unidos y avanza en acuerdos de cooperación militar y compras de equipamiento a Washington.
Es una orientación que presenta una contradicción de fondo: se habla de soberanía nacional mientras se profundizan mecanismos de dependencia económica, tecnológica y militar respecto de las grandes potencias.
Defender la soberanía argentina significa rechazar tanto la ocupación colonial británica como cualquier subordinación a Washington. Significa recuperar el control público de los recursos estratégicos, fortalecer una industria nacional independiente, defender el Atlántico Sur y sostener una política exterior soberana, vinculada con los pueblos latinoamericanos.
Un puerto estratégico bajo control nacional
La intervención del puerto de Ushuaia también merece ser discutida desde otro ángulo. Si el Gobierno nacional justificó su decisión de desplazar a la administración provincial apelando a la importancia estratégica de la terminal, debería explicar por qué esa misma supuesta defensa de los intereses nacionales no impidió el ingreso de una embarcación de bandera británica.
La contradicción no es menor. Porque mientras el Gobierno habla de soberanía, la administración nacional del puerto habilita una operación que genera rechazo en la provincia y vuelve a poner en discusión el cumplimiento de las normas vinculadas con la cuestión Malvinas.
La soberanía no puede depender de la conveniencia del momento ni quedar subordinada a los intereses comerciales. El episodio del VS Promise deja una postal difícil de ignorar: Milei intervino el puerto de Ushuaia en nombre del Estado nacional y, bajo esa administración, un buque británico terminó amarrando allí.
Para quienes defendemos una perspectiva verdaderamente soberana, la conclusión es clara: Malvinas no es solamente una bandera. Es territorio, recursos, puertos, industria y control sobre las decisiones estratégicas. Y la soberanía se defiende enfrentando a las potencias que ocupan y saquean nuestros territorios, no estrechando sus vínculos.
