Por Marcela Gottschald
El tecnomagnate Peter Thiel, cofundador de PayPal y arquitecto de Palantir Technologies, está en Argentina desde mediados de abril, reuniéndose con el gobierno de Javier Milei. La visita se mantuvo en reserva todo lo que pudo, pero terminó filtrándose, y lo que reveló es coherente con la orientación que este gobierno viene mostrando desde el primer día: la subordinación de los recursos y las instituciones del país a los intereses del capital imperialista.
Thiel no llegó como turista ni como inversor curioso. Compró una mansión en Barrio Parque por cerca de 12 millones de dólares, anunció una estadía de al menos dos meses, almorzó a solas con Santiago Caputo y fue recibido por Milei en la Casa Rosada junto al canciller Pablo Quirno. El mismo día en que se cerró el acceso de la prensa acreditada al edificio de gobierno, sin precedentes en la historia reciente del país.
Libertad y democracia
Thiel tiene un proyecto político propio, explícito y bien documentado, que conviene leer con atención antes de reducirlo a la figura del excéntrico millonario de Silicon Valley. En 2009 escribió que ya no cree que la libertad y la democracia sean compatibles, y esa posición no fue un capricho retórico sino la síntesis de una visión que desde entonces orientó cada una de sus apuestas políticas.
Financió a Trump en 2016, construyó la carrera de J.D. Vance hasta llevarlo a la vicepresidencia, y hoy sostiene que Argentina es un laboratorio que anticipa lo que los países centrales deberán hacer si quieren sobrevivir al avance del Estado.
Su tesis económica, desarrollada en Zero to One, es que el progreso lo generan los monopolios y no la competencia, y que la tarea del gran capitalista es construir posiciones monopólicas antes de que otros puedan disputarlas. Esa lógica no se queda en los negocios: Thiel la aplica al Estado, a la política y a la geopolítica. En Milei encontró a alguien que habla el mismo idioma y que, además, gobierna un país con litio, petróleo, agua y una Patagonia que ciertos sectores de la élite tecnológica global miran con interés creciente.
Vigilancia y espionaje
Palantir nació en 2003 con financiamiento del fondo de capital de riesgo de la CIA, In-Q-Tel, y nunca se alejó demasiado de ese origen. La empresa ofrece plataformas de análisis masivo de datos para agencias de inteligencia, fuerzas militares y gobiernos, integrando información de satélites, drones, redes sociales, transacciones financieras y comunicaciones.
Con esas herramientas se definieron objetivos de bombardeo en Medio Oriente, se identificó y deportó inmigrantes en Estados Unidos y se construyeron sistemas de vigilancia política en varios países. La respuesta oficial de la empresa ante las críticas es conocida: si no lo hacemos nosotros, lo hará alguien peor.
El 18 de abril, en plena estadía de Thiel en Buenos Aires, Palantir publicó en X un manifiesto de 22 puntos titulado La República Tecnológica, síntesis del libro de su CEO Alex Karp. El texto sostiene que la élite técnica de Silicon Valley tiene una obligación de participar en la defensa nacional y que el poder de este siglo se construirá sobre el software. Santiago Caputo lo reposteó desde su cuenta personal ante su audiencia argentina. La coincidencia de timing con la visita de Thiel no requiere demasiada imaginación para ser interpretada.
La hipótesis más concreta que circula es que el gobierno negocia contratar los servicios de Palantir para alguna agencia del Estado, posiblemente la SIDE, que Santiago Caputo controla. La empresa opera según una estrategia que su propio CEO describe como land and expand: entrar al Estado por una puerta y consolidarse desde adentro. En enero de 2026 el gobierno ya había modificado mediante el DNU 941/2025 la Ley de Inteligencia Nacional, centralizando el manejo de datos sensibles sin pasar por el Congreso. La arquitectura se va armando pieza por pieza.
Lo que está en juego es la soberanía sobre los datos del Estado y de la población argentina, que pasarían al control de una empresa nacida en el vientre del aparato de seguridad estadounidense. La clase trabajadora y los sectores populares no tienen nada que ganar de ese acuerdo, y mucho que perder.
