Cada día hay un nuevo récord de contagios por coronavirus y crecen las muertes. Hasta el gobernador Kicillof dijo que esto “no es una ola, sino un tsunami”. Solo que, como bien le respondiera Vilma Ripoll (MST en el FIT Unidad), es el gobierno quien sigue abriendo las compuertas.
Venimos de actos en homenaje a dos docentes muertas por COVID en estos días, en Moreno y Morón. Como dijera Alejandro Bodart, al señalar que “el gobierno de Kicillof, Alberto Fernández y su ministro Trotta tienen responsabilidad en estas muertes evitables, al imponer una presencialidad insegura que insisten en mantener, pese a la segunda ola”. Planteando las medidas para revertirlo.
Pero el gobierno insiste en mantener las clases en las escuelas, violando incluso su “semáforo epidemiológico” que fija que, cuando hay riesgo alto, no puede haber clases presenciales. Pese a que el último informe del ministerio de Salud señala a 43 municipios bonaerenses en “alto riesgo” epidemiológico. Allí están los 24 municipios del populoso conurbano[1], más La Plata, Berisso, Ensenada, Escobar, Marcos Paz, Pilar, Pte. Perón, San Vicente y otros importantes del interior. Esos 43 distritos reúnen casi 14 de los 17,7 millones de bonaerenses. Es decir, al 79% de los habitantes de la provincia.
Así no. Semáforo rojo a la presencialidad insegura
Así no. Deben suspender provisoriamente esta presencialidad insegura, en un debate amplio y democrático con la comunidad. Pero el gobierno insiste en que la escuela o el tránsito hacia ella, en un transporte saturado, no causa contagios. Cuando no es eso lo que se en las escuelas, cada vez con más burbujas aisladas.
Por ello, en las Seccionales de SUTEBA Multicolor y en otros distritos donde hay asambleas y reuniones, levantamos como exigencia la suspensión de la presencialidad, la que debe ser provisoria y debatida democráticamente con la comunidad, trabajadores, estudiantes y familias. Como parte de un conjunto de medidas para una salida integral a la crisis.
La bronca creciente llevó a gremios como UDOCBA o la FEB a pedir esa suspensión, aunque sin medidas de lucha para lograrlo. Si bien lo FEB lo dice para “zonas o distritos en extremo riesgo”, con lo que tiende a coincidir con el gobierno cuando plantea que cualquier suspensión sería en la menor “unidad geográfica”, lo cierto es que esos municipios concentran al 80% de bonaerenses.
Esto no se logrará con declaraciones ni notitas al gobierno, sino con un plan de lucha, sostenido mayoritariamente por la docencia y no con acciones que no superen lo testimonial. En una pelea a fondo, con exigencia y también iniciativa ante la burocracia Celeste de SUTEBA y de CTERA, cómplices de Kicillof, Alberto y Trotta. Además de reclamarle a UDOCBA y la FEB que pasen de las declaraciones a los hechos y convoquen a paro y plan de lucha.
Ante la complicidad Celeste, en los SUTEBA Multicolor se evalúa convocar a paro el miércoles 14 junto a Ademys, cuya asamblea ya lo aprobó en la Ciudad. En una lucha que debe reforzar la exigencia de que se entreguen notebook, celulares y conectividad gratis a la totalidad de docentes y estudiantes para una virtualidad que no implique mayor desigualdad. Con fondos que surjan del no pago de la deuda, eliminar los subsidios a la enseñanza privada y gravar con impuestos reales y progresivos, a los “dueños de la Provincia”.
Como parte de una política hacia la comunidad, planteamos propuestas para el pueblo trabajador en su conjunto, que también sufre el virus. Explicando que insisten en esta presencialidad insegura, atendiendo a la demanda empresaria que sigue con las actividades, mientras millones viajan hacinados en el transporte público. Expuestos al riesgo, igual que sus familias. Pero quieren mantener las escuelas abiertas como “guarderías” y centros de cuidado, más que espacios educativos.
Es falso que con esta presencialidad sin recursos ni garantías para algún regreso seguro, la educación sea prioridad para los gobiernos y sectores privatistas. Al contrario, la educación pública se está liquidando con la pandemia y la política anti educativa de los gobiernos, las corporaciones, la Iglesia, sectores privatistas y organismos multilaterales como la OCDE, el Banco Mundial, la UNESCO o el FMI.
En ese sentido y para debatir todo, para ver cómo jerarquizamos en serio la educación estatal, sus contenidos, formatos, la presencialidad, virtualidad y bimodalidad y qué hacer en la segunda ola o cómo deberían ser las clases presenciales a retomar, insistimos con otro planteo que hiciéramos junto a la Marrón/PTS y a gremios de la Federación Nacional Docente (FND), de un Congreso Pedagógico Nacional resolutivo. Mientras exigimos garantías para una educación virtual que no profundice la desigualdad y brecha educativa.
Junto a los comités de infraestructura, higiene y bioseguridad en las escuelas y al reclamo compartido con la FND, de una comisión de interconsulta sanitaria con organizaciones de profesionales y trabajadores de la salud, independientes de los gobiernos para definir.
Bajar la circulación y debatir qué hacer en educación
Crece la bronca al ver más casos de estudiantes, docentes, auxiliares y más burbujas aisladas. Malestar por la sobrecarga de trabajo, al imponer una bimodalidad de clases presenciales y virtuales. La falta de cargos y parejas pedagógicas, que se nombran por fuera del Estatuto, cuando debe ser por actos públicos presenciales y transparentes. Con un protocolo que difícilmente se puede cumplir y lleva a muchos a sentirse responsables de tener que aplicarlo sin recursos ni las garantías que exigimos en las 10 medidas planteadas en enero.
Para una salida de fondo, reclamamos la vacunación a toda la docencia y la población. Es posible si se liberan las patentes y se declara de utilidad pública, sujeto a expropiación, el laboratorio mAbxience del grupo Sigman. Donde se producen millones de vacunas acá, pero se van a países imperialistas. Así se garantizaría la producción estatal de vacunas para todes ya que la vida de las personas no depende del cuidado individual. Junto a un plan masivo de testeos, contralado por trabajadores de la salud.
La suspensión de la presencialidad no resuelve los problemas ni el deterioro que sufre la educación. Nos obliga a repensarla y en esto hay debates con sectores como PO / Tribuna Docente, que no aclaran que esto es temporario y no una salida sostenida, que lleve a una virtualidad que termine por enterrar la educación pública. Más que un programa solo sindical-reivindicativo, es preciso levantar una salida integral con propuestas hacia las familias, trabajadores y la comunidad, para la transformación necesaria de la educación, en un sistema único, nacional y estatal.
Para eso cobra fuerza la propuesta de Congreso Pedagógico o Encuentro Educativo, si nos desvela cómo se viene degradando la educación y el rol social que tenemos y debemos asumir como educadores. En particular para los sectores populares. Porque la virtualidad a la que nos llevan, al no garantizar las condiciones para una presencialidad segura, empuja al abandono escolar, con más jóvenes ni-ni. Y a que se retome el pase a la privada, de un sector medio que intente tener clases de alguna forma.
Al mismo tiempo, levantar una medida que hasta el gobierno enuncia sobre el transporte, pero de manera formal ya que no piensan frenar ninguna actividad. Una política de shock que baje de forma drástica el transporte público. Esto implica reclamar, no solo la suspensión de la presencialidad, sino también suspender otras actividades laborales capitalistas no esenciales, con un ingreso social garantizado por el Estado y las patronales, un IFE igual a la canasta familiar.
A su vez, si se reducen las actividades productivas, comerciales y de servicios para bajar la circulación, se debe plantear la prohibición de despidos y suspensiones. Porque la crisis de la pandemia deben pagarla los patrones y el Fondo, no las y los trabajadores.
Los recursos están, si se eliminan los multimillonarios subsidios a la enseñanza privada, con garantía salarial y de continuidad laboral para la totalidad de docentes, auxiliares y la matrícula por parte del Estado. Ya que si se suspende la presencialidad, en el sector privado pone objetivamente en riesgo la continuidad de colegios, jardines o maternales. Y la posibilidad de reducir cargos, así como del cobro íntegro de salarios, sin ajustes ni rebajas.
Con un aumento del presupuesto al 10% del PBI para priorizar la deuda con la educación, no con el FMI ni los bonistas. Más impuestos progresivos a los “dueños de la Provincia” y ajustar los privilegios de la casta política. Con estas medidas podremos empezar a poner en pie una verdadera transformación de la educación, estatal, gratuita y de calidad para las mayorías.
[1] Almirante Brown, Avellaneda, Lanús, Lomas de Zamora, La Matanza, Morón, Tres de Febrero, San Martín, Vicente López, San Isidro, Quilmes, Berazategui, Florencio Varela, Esteban Echeverría, Ezeiza, Moreno, Merlo, Malvinas Argentinas, Hurlingham, Ituzaingó, Tigre, San Fernando, José C. Paz y San Miguel