La promesa de una lluvia de dólares a través del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) se ha convertido en el principal estandarte que el gobierno de Javier Milei utiliza para intentar sostener su programa económico. Pero, la realidad fiscal del país demuestra que, detrás de los anuncios y las cifras multimillonarias de inversión, el Estado está iniciando un camino de desfinanciamiento acelerado. Mientras el Ejecutivo insiste con que vienen los mejores meses de la gestión y asegura que la economía repuntará, la aplicación del RIGI arroja resultados alarmantes en términos de recaudación y pone en evidencia que el supuesto desarrollo no llega a las arcas públicas ni al bolsillo de los trabajadores.
Un informe técnico elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA)[i] detalla que el costo fiscal anual estimado de los 12 proyectos aprobados hasta mayo de 2026 asciende a U$S 1.069 millones. Esta cifra corresponde al escenario base, aunque en una proyección más optimista de exportaciones, el impacto negativo para el Estado podría trepar hasta los U$S 1.395 millones. El sacrificio de ingresos no es un detalle menor porque se explica por una batería de beneficios tributarios y aduaneros que incluyen: la reducción de la alícuota de Ganancias, la eliminación de retenciones y exenciones en aranceles de importación.
Esta sangría de recursos encuentra un correlato en las estimaciones del equipo del diputado Guillermo Michel, quienes calcularon un gasto tributario de U$S 1.837 millones de dólares anuales para los proyectos iniciales, lo que representa una pérdida de recaudación equivalente al 0,27% del Producto Bruto Interno.
La proyección a largo plazo es todavía más preocupante debido a que, por cada 100.000 millones de dólares de inversión bajo este régimen, el país resignará un punto porcentual del PBI en impuestos. Aunque a esta altura ya no quedan dudas, con estos datos, queda muy clara la orientación del gobierno. Acá se deja de lado cualquier capacidad recaudatoria del Estado para que se puedan subsidiar a las grandes petroleras y mineras. Obvio que en el mientras tanto, los trabajadores se convierten en la variante de ajuste afrontando tarifazos y mayores cargas impositivas. Una lógica donde se profundiza un modelo donde la austeridad sólo se aplica para los sectores populares y en paralelo los magnates gozan de privilegios excepcionales.
Un régimen que subsidia proyectos que ya existían
Uno de los mitos más grandes que sostiene el discurso oficial sobre el RIGI es la idea de que este régimen permite la concreción de inversiones que de otra manera no ocurrirían en el país. Los datos indican que esta idea carece de sustento sólido dado que al menos 7 de los 12 proyectos aprobados ya habían sido anunciados públicamente, contaban con estudios avanzados, inversiones ejecutadas o definiciones estratégicas previas a la sanción de la ley. Proyectos como el oleoducto Vaca Muerta Sur, la planta de licuefacción de gas natural, el parque solar El Quemado, o los desarrollos de litio de empresas como Galan Lithium y Río Tinto, formaban parte de la agenda corporativa antes de que el gobierno implementara este esquema de beneficios.
La realidad es que el Estado está utilizando un marco normativo extraordinario para premiar proyectos que ya estaban en marcha o en etapas avanzadas de planificación, renunciando a una renta que le permitiría financiar políticas públicas urgentes en un contexto de crisis social. Este comportamiento expone una falta de anclaje local en los proyectos, ya que las grandes corporaciones extractivas capturan los beneficios fiscales y operan con una lógica de corto plazo donde los capitales ingresan para extraer recursos y luego vuelven a salir del país.
La ausencia de políticas que aseguren la integración de proveedores y el desarrollo local consolida a la Argentina como un enclave para la economía primaria, facilitando que las ganancias se fuguen hacia las casas matrices extranjeras en lugar de dinamizar la industria nacional. Al mismo tiempo, debemos ser conscientes de que el problema es estructural. La lógica de estas industrias es intrínsecamente depredadora, impulsada por la búsqueda constante de maximizar ganancias mediante la explotación intensiva tanto de los recursos naturales como de la fuerza de trabajo. Esta dinámica prioriza el beneficio financiero inmediato por encima de cualquier otra consideración, dejando a su paso pasivos contaminantes que comprometen el futuro del territorio y de sus habitantes.
El Súper RIGI y el agravamiento de la crisis
La apuesta oficial por profundizar este esquema con el nuevo Súper RIGI no hace más que acelerar la dinámica de pérdida de recursos estatales. Esta nueva versión del régimen amplía los beneficios para sectores específicos como la industrialización del litio, el hidrógeno verde y el GNL, profundizando la renuncia fiscal al fijar una alícuota del Impuesto a las Ganancias del 15% y establecer topes del 10% para las contribuciones patronales. Las proyecciones indican que, bajo estas nuevas reglas, el costo tributario total podría escalar hasta 1,27 puntos del PBI por cada 100.000 millones de dólares invertidos, lo que constituye una transferencia masiva de ingresos desde el sector público hacia un puñado de grandes corporaciones.
Este modelo de megainversiones extractivas que no generan ningún tipo de derrame contrasta brutalmente con la realidad de la economía de a pie. La destrucción de empleo registrado continúa siendo una constante en la mayoría de las ramas productivas privadas, con pérdidas masivas de puestos de trabajo en la construcción y la industria manufacturera entre finales de 2023 y principios de 2026. Sin exhibir algún tipo de signo de recuperación o transformación productiva, el país atraviesa un proceso de caída generalizada en la actividad económica. Puntualmente, en este escenario, los sectores que muestran un leve crecimiento resultan insuficientes para compensar la destrucción de empleo que golpea al resto del tejido productivo
La insistencia del gobierno en este camino consolida un sistema de dependencia financiera y especulación que complica seriamente la estabilidad de las cuentas públicas a largo plazo. Al convertir a la Argentina en una zona liberada para las multinacionales extractivistas, el Ejecutivo sacrifica cualquier capacidad de desarrollo industrial en favor de un extractivismo que se agota en sí mismo.
Mientras el gobierno de Milei continúa celebrando promesas de inversiones que no solucionan los problemas estructurales de la economía, la población sostiene con su esfuerzo un modelo que privilegia la rentabilidad de las casas matrices por encima de las necesidades de un país que requiere crecer a partir de su propia capacidad productiva. Es fundamental comprender que el país necesita una producción orientada a satisfacer las necesidades de las mayorías trabajadoras, y no una diseñada exclusivamente para la explotación de multinacionales que saquean los recursos naturales. La realidad nos obliga a admitir que, sin una producción planificada de manera democrática y bajo el control directo de los trabajadores, serán los intereses de los grandes capitales nacionales y extranjeros quienes continúen marcando la hoja de ruta a costa de regalar nuestros recursos.
[i] https://centrocepa.com.ar/images/2026/05/2026.05.16%20-%20Estimacion%20del%20costo%20fiscal%20anual%20de%20los%20proyectos%20aprobados%20del%20RIGI%20-%20Mayo%202026%20-%20CEPA%20-%20copia.pdf
