La agresión física a la docente de la Escuela N° 21 del barrio de Santa Brígida en el municipio de San Miguel, el pasado viernes 18/9 —que desencadenó la contundente movilización y paro del 21 de septiembre hacia la Jefatura Distrital y el Palacio Municipal— no es un hecho aislado, sino la detonación de un sistema colapsado donde la violencia se descarga contra las y los docentes.
La agresión física dentro del establecimiento escolar puso en evidencia la vulnerabilidad absoluta del personal docente frente al ingreso sin controles ni protocolos de resguardo.
Durante el fin de semana, la bronca atravesó a toda la docencia y la difusión a través de comunicados de SUTEBA y la posterior adhesión del Frente Gremial Docente (UDOCBA, FEB) articularon un paro distrital y la convocatoria a la marcha.
La concentración frente a la Jefatura Distrital para entregar petitorios exigiendo justicia e intervención formal, seguida de la marcha colectiva hacia el Palacio Municipal de San Miguel para presentar un pliego de reclamos sobre seguridad escolar y resguardo físico y laboral.
La insatisfacción con las respuestas oficiales radica en que las autoridades suelen ofrecer parches burocráticos (como el traslado de la docente agredida o el cambio de funciones), en lugar de cuidar y proteger al docente.
- Falta de Equipos de Orientación Escolar (EOE): Se requiere el nombramiento urgente de profesionales para acompañar a las familias y estudiantes en situaciones de alta complejidad, un rol que hoy termina recayendo sobre los maestros de grado y profesores.
- Ausencia de dispositivos para atender las problemáticas severas de adicciones y salud mental que afectan a los adultos a cargo y repercuten directamente en la dinámica escolar.
- Pérdida de coberturas de salud u obras sociales que dejan a niños con necesidades educativas derivadas sin el acompañamiento necesario dentro del aula, sobrecargando la labor para la docente. Los mismos docentes terminan organizando colectas de ropa de abrigo, calzado o colaborando en la búsqueda de soluciones ante desalojos o vencimientos de alquileres de las familias.
Ante un Estado que se retira, la escuela queda como la única institución pública con presencia territorial diaria. La bronca, la impotencia y la vulnerabilidad de las familias terminan canalizándose trágicamente en agresiones hacia las y los docentes.
Sabiendo que la docencia está integrada mayoritariamente por mujeres —muchas de ellas únicas sostén de hogar—, el impacto de trabajar bajo miedo, violencia y precariedad genera un desgaste psicológico y laboral insostenible.
La marcha del 21/9 en San Miguel es para gritar Basta a toda esta situación.
Por Marcela Miño
