Este miércoles 29 de noviembre, a 6 años y 4 días del asesinato de Rafael Nahuel, se dio a conocer el veredicto en el Tribunal Oral Federal en la Ciudad de Fiske Menuco. Hubo un gran descontento por parte de la familia de Rafa y de las organizaciones, ya que las condenas a los prefectos asesinos dejan a la vista de todxs la complicidad de la Justicia.
Rafael Nahuel, de 22 años e integrante de la comunidad Lafken Winkul Mapu, fue asesinado por la espalda en un violento operativo de desalojo por parte grupo Albatros de la Prefectura Naval en noviembre de 2017 en Villa Mascardi. Días antes del crimen, la Policía Federal y la Prefectura detuvieron a varios mapuches, entre ellxs mujeres y niñxs. Algunxs lograron escapar hacia las montañas. Fue en ese contexto cuando los Albatros dispararon con balas de plomo contra un grupo que se encontraba refugiado, matando a Rafa e hiriendo a otras cuatro personas.
Bullrich, que en ese momento era la ministra de Seguridad y estaba en la mira por el caso de Santiago Maldonado, dijo que ‘’esta situación ocurrió en el marco de una acción legal, legítima, totalmente enmarcada en la ley, frente a una acción ilegal, violenta e inaceptable para la democracia de un pueblo que quiere vivir en paz’’. Intentaron instalar que los agentes fueron atacados por un grupo armado. Alimentaron la teoría de un supuesto enfrentamiento. En 2019 procesaron a Juan Obregón, Sergio García, Sergio Cavia, Carlos Sosa y Francisco Javier Pintos y se los acusó del delito de “homicidio agravado en legítima defensa”.
En agosto de este año empezó el juicio a cargo de los jueces Alejandro Silva, Simón Bracco y Pablo Díaz Lacava, donde hubo audiencias públicas y orales, en las cuales a los imputados se les dio el privilegio de estar presentes de manera virtual, sin sentarse jamás en el banquillo de los acusados, mientras que los padres de Rafa tuvieron que costear sus viáticos, ya que este proceso se dio lejos de su territorio. La defensa sostuvo que los prefectos debían ser absueltos porque habían actuado en ‘’legítima defensa’’. Las querellas (Secretaría de derechos humanos de la Nación, APDH y la familia de Rafa) buscaban que los asesinos tuvieran prisión perpetua por considerarlos coautores funcionales del delito de homicidio doblemente calificado en concurso ideal con homicidio agravado en grado de tentativa. No hubo un enfrentamiento, a lxs mapuches lxs estaban persiguiendo y querían desalojarlxs de su territorio a cualquier costo.
En esta última audiencia decenas de organizaciones estuvimos fuera del TOF acompañando a la familia de Rafa y exigiendo perpetua para sus asesinos. El veredicto se dio con un juzgado totalmente vallado y rodeado por la Policía Federal, la Gendarmería y el COER. A pesar de que durante todo el juicio no se pudo comprobar que los mapuches tuvieran un arma de fuego que sostuviera la teoría del enfrentamiento, la sentencia dictaminó que hubo un ‘’homicidio agravado por excesos en legítima defensa’’, tal como lo plantearon los fiscales Rafael Alberto Vehils Ruiz y Juan Manuel García Barrese. Los implicados recibieron entre 4 años y medio y 5 de condena. Sergio Cavia, señalado como autor material responsable, recibió 5 años de condena; mientras que Juan Obregón, Sergio García, Carlos Sosa y Francisco Javier Pintos recibieron 4 años y 6 meses por ser considerados partícipes necesarios. Tras la audiencia las querellas confirmaron que apelarán el fallo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El juicio por el caso de Rafael Nahuel se dio en un contexto de persecución, estigmatización y criminalización del pueblo mapuche. El Estado y todo su aparato demostraron al servicio de quiénes están, tanto dentro como fuera de Tribunal. Esto es algo que el Werken del Parlamento Mapuche-Tehuelche, Orlando Carriqueo, ya venía denunciando: ‘’entendemos que está demostrado el asesinato por parte del Estado y para nosotros es un crimen de lesa humanidad. Si una fuerza de seguridad de un Estado utiliza una orden judicial, entra a un territorio comunitario y mata a un integrante de una comunidad indígena es un crimen de lesa humanidad y hay responsables porque esto no es un crimen común, este es un crimen racial que se dio en una época donde el Estado venía planteando la violencia como un mecanismo para callar. Macri venía planteando la violencia para combatir la supuesta inseguridad’’.
Esta justicia racista que no tarda en perseguir y criminalizar a las comunidades y a lxs luchadores es la misma que calla y encubre a las fuerzas represivas que matan a nuestrxs compañerxs. Y no nos parece menor que hoy Milei ponga a Bullrich en su gobierno, ya que todos los planes de ajuste que se vienen lo van a intentar pasar con represión.
Frente a tanta bronca e injusticia, la respuesta no puede ser otra que la movilización en unidad para que estos asesinos tengan prisión perpetua. No vamos a quedarnos sentadxs, vamos a seguir luchando hasta conseguir realmente justicia por Rafa. A donde vayan los iremos a buscar.
¡Rafael Nahuel presente!
Fernanda Garramuño