El gobierno libertario busca dejar atrás el duro golpe político que significó la escandalosa salida de Manuel Adorni. Para recuperar la iniciativa y reacomodar a toda su tropa legislativa en el Congreso, la gestión de Javier Milei vuelve a la carga con una vieja obsesión. La reforma electoral
Hace unos días, “El Jefe”, Karina Milei, se encargó de reunir a más de 100 legisladores en la Casa Rosada para alinear la estrategia de cara a las urnas. El gran anhelo del oficialismo es garantizar un segundo mandato presidencial en el 2027. Para lograr este objetivo, el gobierno busca imponer una reforma política, diseñada exclusivamente a la medida de sus propias urgencias electorales. El núcleo central de esta avanzada antidemocrática se centra en modificar de raíz el sistema de votación actual y alterar las reglas de juego a su favor.
El objetivo de máxima que persigue el presidente en esta cruzada legislativa es la eliminación total de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Pero, hoy en día, esa alternativa parece lejana por la enorme resistencia que genera en sus propios bloques aliados. El PRO y la Unión Cívica Radical rechazan de plano borrar de un plumazo este mecanismo electoral. Frente a esta dura pared legislativa el oficialismo comenzó a trabajar intensamente por la suspensión temporal de las primerias.
A su vez, los sectores dialoguistas barajan otras alternativas para evitar una ruptura total del frente parlamentario. Proponen implementar un esquema de primarias donde la participación no sea obligatoria para las estructuras partidarias ni para la ciudadanía. Todo este escenario recuerda a la contienda del 2024/2025, cuando el gobierno ya quiso terminar con las primarias y debió conformarse con una simple suspensión avalada por el Congreso.
Negociaciones y colectoras
El principal obstáculo que se le está presentando al oficialismo, para aprobar la reforma, se encuentra en el Senado y en las oficinas de los gobernadores. Los estrategas libertarios entienden que un acuerdo sólido con los mandatarios provinciales garantiza automáticamente la sanción de la ley en la Cámara de Diputados.
Para destrabar esta compleja situación, el gobierno puso a trabajar a sus alfiles más experimentados. Patricia Bullrich, que siempre es una incógnita y a pesar de los roces con el binomio Milei, ahora tiene la enorme tarea de recolectar las voluntades necesarias en la Cámara Alta para blindar la iniciativa. Al mismo tiempo, el flamante jefe de Gabinete, Diego Santilli, lleva adelante las negociaciones directas con los líderes provinciales de todo el país. Estos contactos incluyen a varios dirigentes del peronismo que han garantizado la gobernabilidad desde el día uno, entregando los votos de sus legisladores para aprobar el brutal plan de ajuste económico.
Los mandatarios provinciales tienen sus propias preocupaciones de cara al futuro y buscan asegurar la renovación de sus mandatos en sus respectivos territorios. Las concesiones de obras públicas, los créditos, la coparticipación y los pliegos judiciales ya no alcanzan para sellar un pacto duradero con la Casa Rosada. Frente a esto, el oficialismo intenta ablandar a los gobernadores mediante la posible habilitación de las famosas “listas colectoras”.
Este oscuro mecanismo de la política tradicional permite que un mismo candidato presidencial aparezca pegado a diferentes listas locales en la boleta única de papel. Esta trampa electoral funciona como un salvavidas para que los caudillos provinciales traccionen votos utilizando directamente la figura del presidente. Con esta maña se multiplica la confusión del electorado y se favorecen los acuerdos de cúpula por encima de la genuina representación popular.
Por el momento, todas estas cuestiones son elucubraciones que se filtran de las negociaciones actuales. El cronograma del gobierno pretende aprobar todo esto en el Senado entre los meses de agosto y septiembre. Luego buscarán cruzar a Diputados para atar la votación definitiva junto al tratamiento del Presupuesto Nacional. Un elemento que es moneda de cambio para los gobernadores.
La crisis peronista
El apuro del gobierno por acelerar el tratamiento de esta reforma autoritaria no parte de ninguna casualidad. Si bien, este tipo de reforma es parte del núcleo central de la fuerza ultraderechista, el oficialismo advierte la profunda crisis que atraviesa el peronismo en la actualidad y busca aprovechar la extrema debilidad de este adversario.
El Partido Justicialista se encuentra sumergido en una verdadera guerra interna para definir quiénes encabezarán las listas del 2027. La disputa por la candidatura presidencial está muy lejos de resolverse ante la absoluta falta de un liderazgo unificador. Los cruces constantes entre Axel Kicillof y la cúpula del kirchnerismo paralizan cualquier armado nacional. A este inmenso caos se le suman las aspiraciones de figuras del establishment como el banquero Jorge Brito. A la par de estos movimientos, Sergio Massa opera en absoluto silencio desde las sombras para intentar posicionar a sus propios dirigentes leales.
Varios caudillos del peronismo provincial intentan jugar sus propias fichas en medio de este desorden total para no perder poder territorial. Todo este gigantesco vacío opositor le otorga a Milei el terreno perfecto para avanzar velozmente sin encontrar mayores resistencias dentro de los marcos institucionales que ofrece este sector del peronismo.
En este contexto, el PJ viene demostrando (desde hace años) una incapacidad crónica para enfrentar las políticas de miseria del gobierno libertario. Con sus peleas intestinas y sus pactos de gobernabilidad, tanto en el terreno político, como en el sindical, terminan cediendo todo el espacio necesario para que la derecha consolide su aparato de poder.
Por una reforma democrática
Modificar las reglas electorales desde los sillones del poder en un contexto de crisis económica profunda expone las verdaderas prioridades de la gestión libertaria. Esta reforma antidemocrática solo busca reducir la participación popular y blindar a los partidos que representan fielmente los intereses del gran capital, el Fondo Monetario Internacional y la embajada norteamericana.
Cuando el sistema electoral se discute entre negociaciones secretas y cálculos especulativos, el riesgo principal es que las leyes se adapten a quienes gobiernan en lugar de beneficiar a quienes sostienen el país con su trabajo diario. Eliminar instancias de participación o manipular las boletas con trampas legales representa un intento indiscutible de concentrar el poder en pocas manos para poder profundizar el plan de saqueo nacional.
Frente a este ataque directo a los derechos democráticos, resulta urgente pelear en las calles por una transformación completamente diferente. Una verdadera reforma electoral requiere la eliminación inmediata de todos los pisos proscriptivos que impiden el acceso a las representaciones legislativas de las fuerzas minoritarias. Se necesita garantizar la igualdad total de financiamiento estatal para las agrupaciones políticas, junto a la prohibición estricta de los oscuros aportes de empresas privadas. Los espacios en la televisión y en todos los medios de comunicación deben repartirse de manera igualitaria para que la pluralidad de voces sea una realidad efectiva. Resulta vital establecer por ley que cualquier político o funcionario gane el mismo sueldo que una directora de escuela pública. Además, estos cargos deben ser revocables por la propia ciudadanía en caso de incumplimiento de sus funciones. Solo con cuentas personales auditadas y una participación popular real será posible construir un sistema democrático que responda verdaderamente a las necesidades históricas de la clase trabajadora.
La oportunidad para pelear por esto existe y se refleja en la simpatía creciente hacia la izquierda, específicamente hacia el Frente de Izquierda, la única fuerza que no responde a las necesidades del régimen político tradicional, que no transa con la casta y que pelea, verdaderamente, por cambiar a la sociedad de fondo.
Hoy, desde el MST en el FIT-U, nos jugamos por esto: mejorar la fuerza existente que agrupa a toda la izquierda revolucionaria, para así dar un paso más en la construcción de una herramienta transformadora para la clase trabajadora, la cual se nutra de todos los activistas y militantes que actualmente no encuentran un lugar en donde organizarse, producto de los constantes fracasos y agachadas de los armados políticos tradicionales.
Animarse a dar ese paso de carácter histórico, para responder a la simpatía existente hacia la izquierda revolucionaria, socialista y anticapitalista, podría ser el puntapié para que todos estos intentos de ataques y avanzadas que pergeñó la ultraderecha libertaria, acompañada de la derecha tradicional, enfrenten verdaderas dificultades para ser aplicados. Una herramienta política que se anime a sortear las limitaciones propias de un frente electoral y que discuta la posibilidad de actuar en conjunto en todos los terrenos de lucha, no solo permitiría que el FIT-U llene el vacío que hoy se disputa para erigirse como la principal alternativa opositora, sino que, a su vez, sería el camino para que este tipo de reformas autoritarias se encuentren con una organización capaz de volverlas estériles. En tiempo de Milei, si las reformas estructurales que quieren aplicar son históricas, la izquierda debe hacer lo mismo, hacer cambios históricos para nuestra lucha estratégica.
