El gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro (UCR) envió el proyecto de ley de reformas, el cual quiere introducir en la caja de jubilaciones y pensiones provincial. De esta forma, el Ejecutivo señala que las modificaciones tenderán a reducir el déficit de la caja previsional y promover mayor igualdad.
Se preveía que dicho proyecto sería presentado hace diez días, pero hubo varias rispideces entre los integrantes del frente Unidos para cambiar Santa Fe (UCR-PS-PRO) respecto al aumento de la edad jubilatoria para mujeres y varones. Tras la falta de acuerdos, el Ejecutivo plasmó en las modificaciones de su proyecto que el gobernador tendrá potestad de aumentar la edad de jubilación si Nación lo hace.
De esta forma, el proyecto comenzaría a debatirse en la próxima sesión de la Cámara de Senadores prevista para los primeros días del mes de septiembre, y luego sería el momento en la Cámara de Diputados a finales de mes. Vale recordar que en ambas el oficialismo tiene mayoría simple pero depende mucho de los votos del PS, comandados por Clara García y sectores aliados del PJ.
Detalles de las modificaciones
Uno de los primeros planteos de la reforma promueve la creación de un aporte solidario para los jubilados actuales. Propone “la creación de un aporte solidario que aumenta progresivamente desde el dos por ciento (2%) sobre todos los beneficios cuyo importe resulte superior a (2) dos y hasta (5) cinco jubilaciones mínimas hasta el seis por ciento (6%) sobre todos los beneficios superiores a catorce (14) jubilaciones mínimas. Siguiendo la premisa de que a mayores ingresos, mayores alícuotas”.
Además, los aumentos al sector de jubilados y pensionados serán pagados luego de los 60 días de que lo haga el sector activo. Por lo tanto, un jubilado por ejemplo podrá recibir los aumentos de agosto en el mes de octubre. En un contexto inflacionario mensual alto dicha medida implica una perdida real del poder adquisitivo.
En el caso de los trabajadores activos habrá recortes del 2,77% durante 36 meses para funcionarios de gestión, legisladores, autoridades superiores, integrantes de la Corte, magistrados, fiscales, defensores, vocales del tribunal de cuentas, Defensoría del Pueblo y personal de conducción superior de empresas descentralizadas, entre otros.
Sin embargo, uno de los cambios más polémicos son las modificaciones en el régimen opción para las y los trabajadores de la educación. Ya que los mismos implican un aumento encubierto de edad jubilatoria de las mujeres de y promueve requisitos específicos para poder acceder al 82% móvil. Al respecto la modificación del Ejecutivo señala que:
- Para maestras, directoras o supervisoras la edad se mantiene en 57 años, pero podrán acceder solamente al 76 % en el haber jubilatorio, siempre y cuando cumplan 30 años de servicio frente al aula o su cargo. Siendo progresivo y sumando un 2% de liquidación jubilatoria por cada año trabajador. Así lograra acceder al 82% móvil, pero a los 60 años.
De esta forma, las modificaciones en el régimen docente son un claro guiño al gobierno nacional de Milei y una copia de las políticas de los años noventa en los que el peronismo intentó por diversos modos modificar el régimen jubilatorio provincial. Y sobre todo atacar al activismo docente que históricamente ha sido vanguardia en la defensa de los derechos laborales.
A su vez, dichas modificaciones abren una serie de interrogantes que el Ejecutivo y sus socios del Partido Socialista deberán explicar: ¿el Partido Socialista va a votar a favor de aumentar en 3 años edad jubilatoria de las maestras?, ¿en qué beneficia al sistema educativo obligar a una docente estar frente al aula hasta los 60 años y por 30 años de forma ininterrumpida para acceder al 82%?, ¿dicha modificación es garantía de calidad educativa?, ¿qué sucede con aquellas docentes que sufren un accidente y están imposibilitadas de cumplir funciones laborales frente al aula?, ¿sobre qué aspectos pedagógicos se sustenta dicha política? Estas y otras preguntas deberían responder los que promueven el ataque y la quita de derechos a las maestras del nivel inicial y primario que representan el 95% de la planta docente de dicho nivel.
Entre las modificaciones también propone un aumento escalonado de los aportes jubilatorios. De esta forma, los descuentos ascenderán a un total del 19,2% de manera escalonada en las categorías más bajas y un 21% para quienes perciban una remuneración superior a (11) once veces la correspondiente al Nivel I.
También señala que el Ejecutivo tendrá la posibilidad de apropiarse de un salario mensual en caso de ingreso a la planta provincial o de ascenso de forma progresiva durante el lapso de 12 meses, es decir, una confiscación salarial para costear los costos de la caja.
Por su parte, con respecto al régimen de pensiones se propone una modificación ultraconservadora al buscar imponer un límite de tiempo a la prestación y el mismo será coincidente con los años de unión matrimonial o convivencial. Pero con excepciones a las personas mayores de 55 años sin otro ingreso de vida, incapacidad o fallecimientos por cuestiones laborales.
Ganar las calles para derrotar la reforma
De este modo, en ningún lugar el gobierno de Pullaro promueve una política de exigencia del cobro de cerca de 700 millones de pesos que Nación mantiene con la provincia en relación a pagos no realizados a la caja de jubilaciones y pensiones provincial. Mucho menos menciona el incremento de aumentos a las grandes fortunas o de cobrar ingresos brutos a las exportadoras Cargill, Dreyfus, Renova y otras que evaden impuestos año tras año.
Las próximas horas serán claves para evaluar el nivel de apoyo que tiene el proyecto del Ejecutivo e incluso ver si hay sectores del peronismo como el exgobernador Omar Perotti que lo apoyan. A su vez, llegó el momento de que las conducciones provinciales de AMSAFE, ATE, SIPRUS, UPCN junto a los demás sindicatos que aportan a la caja convoquen a asambleas para que se avance en el debate en cada lugar de trabajo sobre qué medidas comenzamos a construir para defender la caja. Acá está en juego nuestro presente y futuro.