La Libertad Avanza obtuvo dictamen de mayoría en Diputados con el respaldo del PRO, la UCR y legisladores provinciales. Para cerrar el acuerdo tuvo que aceptar modificaciones. El proyecto se tratará el 25 de noviembre, mientras siguen sin respuesta los reclamos de las universidades, la ciencia, la salud y la obra pública.
El Gobierno de Javier Milei consiguió avanzar con el Presupuesto 2027 en la Cámara de Diputados. Después de varias jornadas de negociaciones, La Libertad Avanza reunió 27 firmas en la Comisión de Presupuesto y Hacienda y logró el dictamen de mayoría que necesitaba para llevar el proyecto al recinto el próximo 25 de noviembre.
El respaldo llegó del PRO, la UCR, el MID y legisladores que responden a gobernadores de distintas provincias. En total, 20 firmas correspondieron al oficialismo y siete a representantes de otros espacios, varios de ellos con disidencias parciales.
La negociación volvió a mostrar el funcionamiento del bloque político que sostiene al Gobierno en el Congreso: mientras la Casa Rosada exige disciplina fiscal y recortes para la mayoría de la población, los acuerdos se construyen con la complicidad y mediante concesiones específicas a gobernadores, empresarios y fuerzas aliadas.
Concesiones para conseguir el dictamen
Uno de los cambios más importantes fue la eliminación de los artículos 36 al 41 del proyecto original, que modificaban el régimen de pensiones no contributivas por discapacidad y dificultaban el acceso a esas prestaciones. La marcha atrás respondió a los cuestionamientos de distintos bloques y a la necesidad de evitar una contradicción con la ley de fortalecimiento del sistema de discapacidad, que ya había obtenido media sanción en Diputados.
También se mantuvo la actualización automática de las asignaciones familiares y de la Asignación Universal por Hijo, que el proyecto original buscaba modificar.
Sin embargo, las concesiones no se limitaron a demandas sociales. El PRO consiguió extender hasta 2032 los beneficios impositivos para el sector autopartista, que incluyen devolución acelerada del IVA, amortización anticipada en Ganancias y retenciones cero para determinadas exportaciones.
Además, hubo acuerdos vinculados con recursos para la Ciudad de Buenos Aires y negociaciones particulares con legisladores provinciales. En materia de rutas y combustibles, el oficialismo evitó aceptar una distribución general de los fondos reclamados por las provincias y propuso avanzar mediante acuerdos bilaterales.
Así, el presupuesto que el Gobierno presenta como una herramienta técnica para ordenar las cuentas públicas también funciona como instrumento de negociación política y económica.
Universidades, ciencia y obra pública: los reclamos que quedaron afuera
Mientras el oficialismo logró cerrar acuerdos con sus socios parlamentarios, otros reclamos siguen sin una respuesta presupuestaria suficiente.
El Consejo Interuniversitario Nacional reclama $11 billones para garantizar el funcionamiento de las universidades nacionales, pero el proyecto contempla alrededor de $7,3 billones. La diferencia es significativa y anticipa un nuevo conflicto con la comunidad universitaria.
Tampoco se incorporaron los refuerzos que reclamaban distintos sectores para ciencia y técnica, ni se resolvieron las demandas por mantenimiento de rutas nacionales, infraestructura y fondos para las provincias. Por otro lado, el proyecto de presupuesto también implica un enorme recorte al Htal. Garrahan.
El Frente de Izquierda rechazó el proyecto y cuestionó que las prioridades presupuestarias continúen subordinadas al ajuste fiscal.
Las cuentas de Milei: optimismo oficial y dudas sobre la economía real
El Presupuesto 2027 proyecta un crecimiento económico del 4%, una inflación anual del 18% y un dólar oficial de $1.847,60 para diciembre del año próximo. También sostiene el superávit fiscal como eje central del programa económico.
Las estimaciones despiertan cuestionamientos por los antecedentes recientes. El presupuesto anterior había proyectado un crecimiento del 5%, pero la evolución de la actividad económica terminó alejándose de esa previsión. Desde la oposición también pusieron en duda la posibilidad de alcanzar las metas de inversión y crecimiento que plantea el Ejecutivo.
El problema de fondo es que las proyecciones macroeconómicas no son números aislados: sobre ellas se construye la distribución de los recursos públicos. Si los cálculos oficiales no se cumplen, las consecuencias pueden traducirse en nuevos recortes, partidas insuficientes y mayores dificultades para sostener servicios esenciales.
Mientras tanto, el Gobierno insiste en presentar el equilibrio fiscal como una meta que está por encima de cualquier otra consideración. El interrogante es qué sucede con las necesidades sociales cuando los recursos no alcanzan.
Un presupuesto para sostener el ajuste
El dictamen conseguido en Diputados representa un avance parlamentario para Milei, pero no significa que el proyecto esté aprobado. El oficialismo deberá sostener los acuerdos en el recinto y luego conseguir el tratamiento en el Senado.
La discusión deja expuesta una contradicción: el Gobierno habla de terminar con los privilegios de la política, pero negocia partidas, beneficios impositivos y compromisos con sus aliados para garantizar sus votos. Al mismo tiempo, mantiene una orientación que pone en primer plano el superávit y la capacidad de pago de la deuda, mientras universidades, hospitales, jubilados, trabajadores y sectores vulnerables siguen reclamando recursos.
El Presupuesto no es una planilla neutral: expresa qué sectores reciben recursos, cuáles obtienen beneficios y quiénes cargan con los costos del programa económico. La discusión parlamentaria debería poner en el centro esas prioridades y no limitarse a contar firmas y votos. Asimismo, cuando se trate es importante movilizar uniendo todos los reclamos.
Milei consiguió el dictamen. Ahora quiere convertirlo en ley. Pero detrás de los números del superávit hay una pregunta que el Gobierno evita responder: ¿presupuesto para quiénes y a costa de quiénes?

