¡Justicia para las víctimas! ¡Nuestras vidas valen mas que sus ganancias! ¡Que Metrogas y los gobiernos se hagan responsables!
Desde la semana pasada vecinos y vecinas de Lanús se organizan frente a un hecho terrible. La explosión ocurrida en pleno centro de Remedios de Escalada por pérdida de gas, dejó un trabajador muerto, un desaparecido, alrededor de 30 personas heridas, viviendas y locales destruidos y familias que perdieron todo. Una tragedia que conmueve y llena de bronca a todo Lanús.
Pero no fue una fatalidad ni un accidente inevitable: detrás de lo ocurrido hay una cadena de responsabilidades empresariales y políticas que debe investigarse hasta el final. A lo que se suma que en este fin de semana se detectaron más pérdidas de gas de caños de media presión y hubo mas evacuaciones en otros puntos céntricos del distrito. Lanús se vuelve un campo minado. Entre obras de renovación con pérdidas y a medio hacer y la incertidumbre de como se resolverá y quienes lo harán.
La reconstrucción de los hechos del pasado viernes en Escalada es alarmante: transcurrieron 68 minutos entre la rotura de la cañería de gas durante una obra autorizada de renovación de la red y la explosión. Hubo advertencias, vecinos que denunciaron olor a gas y comunicaciones con Metrogas, y llamadas a defensa civil, pero no se logró evitar el desastre ni garantizar la evacuación preventiva de la zona. Una cadena de responsabilidades que va desde quienes autorizaron la obra, hasta aquellos que sabían del peligro y no se actuó a tiempo.
Responsabilidad empresarial
Metrogas, hoy empresa de Manzano, no puede lavarse las manos ni esconderse detrás de una empresa tercerizada. El formato de tercerizadas que la desregulación profundizo no le quita la responsabilidad a la empresa contratante. Exgadet ejecutaba los trabajos, pero la concesionaria es responsable de garantizar la seguridad de las obras sobre la red que administra.
En el marco de esta situación se dieron a conocer las advertencias del Colegio de Ingenieros sobre posibles irregularidades en la responsabilidad técnica y los antecedentes de otros accidentes mortales de esta tercerizada. Advertencias que fueron publicadas y enviadas a los diferentes estamentos gubernamentales en diciembre del 2025.
Esas advertencias exigen una investigación profunda. La tercerización y la reducción de costos no pueden convertirse en una condena para quienes trabajan y viven en los barrios. Metrogas es una de las empresas con mayores ganancias en los últimos años y con mayor aumento de las tarifas de su servicio. Pero a la hora de arreglos, mantenimiento y reformas, envía tercerizadas autorizadas formalmente pero no aptas. Un formato de reducción de costos y evasión de responsabilidades. Un formato que no podemos permitir. Metrogas está involucrada en una millonaria operación de venta de acciones y en la extensión de su licencia por veinte años. Mientras subcontrata empresas tercerizadas con trabajadores precarizados que no pueden ser hoy los responsables de esta impericia. Muchos de lis trabajadores son los que alertan o anticipan problemas sin ser escuchados.
Los usuarios pagan tarifas cada vez más caras, pero nadie garantiza que las inversiones se traduzcan en redes seguras, mantenimiento y prevención. Para las empresas hay ganancias y negocios; para los vecinos, incertidumbre, muerte y abandono.
Responsabilidad de todos los gobiernos
Pero la responsabilidad no termina en las empresas. También alcanza a los gobiernos que deben controlar, fiscalizar y garantizar la seguridad de la población.
En primer lugar el gobierno nacional, el gobierno de Javier Milei tiene una responsabilidad central: es quien regula el servicio público de gas a través de los organismos nacionales. En medio del ajuste, el achicamiento estatal y el debilitamiento de los mecanismos de control, debe demostrar que la seguridad de la población no quedó subordinada a los intereses empresariales.
La sanción de la ley bases de Milei , junto con la desregulación de tarifas y servicios, y desfinanciamiento de obras públicas, anulo los entes de control específicos, creando un ente nacional que no tiene ni autoridades, y que existe al solo fin de autorizar la existencia de las tercerizadas presentadas. Un gobierno nacional que al día de hoy no ha dicho una palabra sobre la explosión ni las víctimas.
El intendente de Lanús, Julián Álvarez, no puede desligarse tampoco, diciendo que el Municipio no tiene responsabilidad sobre las obras. Debe explicar qué permisos otorgó, qué documentación exigió y qué controles realizó previos, sobre los trabajos en la vía pública para el plan de obras de reformas. Pero también debe explicar los acontecimientos del día de la explosión, fundamentalmente porque en más de una hora no se garantizaron los protocolos de seguridad que corresponden, la evacuación de vecinos y clausura de espacios a fin de evitar perdidas humanas.
El gobierno provincial de Axel Kicillof debe dar explicaciones también, sobre los controles profesionales y las advertencias que ya existían sobre la contratista. Y el pedido específico que hizo a la justicia para levantar el freno de aumentos en provincia de Buenos Aires de todos los servicios básicos. Como así también su vínculo cercano con Manzano. Un empresario que hoy tiene un pulpo de empresas otorgadas con pocas condiciones.
La bronca vecinal es justa y tiene que transformarse en organización y lucha. Pero además es preocupante la situación, las obras están suspendidas, y el temor de los vecinos es quienes y como las van a llevar a cabo. Por lo que es necesario una serie de medidas que garanticen la tranquilidad de la población, la reparación material de lo perdido y los servicios básicos en todas las zonas, y por supuesto el esclarecimiento de los hechos y la condena a todos los culpables de este crimen social.
Desde el MST ofrecemos toda nuestra solidaridad con las víctimas, las familias damnificadas y los vecinos de Lanús y exigimos primeras medidas concretas:
– Justicia y castigo a todos los responsables empresariales y políticos. Que no haya impunidad.
– Para eso la conformación de una comisión investigadora independiente, con participación de vecinos damnificados, trabajadores y especialistas, con acceso a toda la documentación, los permisos, las inspecciones y las comunicaciones vinculadas a la obra.
– Reparación integral de las viviendas, comercios y bienes destruidos, y asistencia inmediata para todas las familias afectadas.
– Atención y cobertura para las personas heridas y acompañamiento a quienes sufrieron las consecuencias de la explosión.
– Una inspección integral y urgente de las redes de gas de Lanús y de toda la zona, con información pública sobre su estado y las medidas de prevención.
– Apertura de los libros contables de Metrogas y auditoría pública de sus ganancias, inversiones y destino de los recursos provenientes de las tarifas.
Los servicios públicos no pueden ser un negocio a costa de nuestras vidas
Lo ocurrido vuelve a poner sobre la mesa una discusión de fondo: ¿quién debe decidir cómo se administran los servicios esenciales y cuáles son sus prioridades?
No alcanza con cambiar de manos una empresa, extender concesiones o prometer inversiones. Mientras la lógica sea garantizar rentabilidad privada, reducir costos y descargar las consecuencias sobre trabajadores y usuarios, seguiremos expuestos a nuevas tragedias.
Desde el MST sostenemos que el gas, el agua y la energía son derechos esenciales y deben estar bajo control estatal, de trabajadores y usuarios, con participación democrática, planificación, inversión y control social. Hay que terminar con los negociados y poner los recursos al servicio de las necesidades populares. Por eso se impone la reestatización con control social, sin ningún tipo de indemnización, de Metrogas y de todas las privatizadas, que desde la privatización en los 90 todos los gobiernos mantuvieron, con servicios públicos cada vez peores y más caros, y menos inversión.
La vida vale más que sus ganancias. No fue una fatalidad: cuando se priorizan los negocios y se abandona la prevención, estamos frente a un crimen social.
MST en el Frente de Izquierda, Lanús

