Sucedió lo peor. Agostina Vega, la niña de apenas 14 años que era intensamente buscada en Córdoba, fue asesinada. Tras siete días de angustia, su cuerpo fue encontrado en un descampado del barrio Ampliación Ferreyra, al sur de la ciudad de Córdoba. Fue femicidio. El estado es responsable. Este miércoles 3J seamos miles en las calles por ella, exigiendo justicia.
Un nuevo femicidio en Córdoba. Crueldad, apología de la desprotección y el cinismo oficial
A dias de un nuevo 3J, un hecho conmociona Córdoba y el país. Agostina, una nena de 14 años que era buscada desde hacia casi 7 dias, aparece asesinada. La investigación judicial, a cargo del fiscal Raúl Garzón, lleva a sañalar a Claudio Barrelier (33 años), expareja de su madre, quien permanece detenido tras incurrir en reiteradas contradicciones ante las filmaciones que lo muestran ingresando con la adolescente a su domicilio. Las hipótesis principales apuntan al abuso sexual seguido de homicidio y al posterior ocultamiento de los restos. Aunque investigan si hubo otros participantes, y no actuó solo.
Desde el activismo feminista y socialista caracterizamos este crimen como un femicidio. Nombrarlo así define con claridad que la vida de Agostina fue arrebatada en un contexto de opresión sistemática, marcado por una brutal asimetría de edad y de poder, el quiebre de un vínculo de confianza de su entorno y la total cosificación de su cuerpo.
Y lo que más indigna es que la muerte de Agostina fue un femicidio anunciado y que se pudo haber evitado. Barrelier ya contaba con un antecedente aberrante en la justicia: una causa abierta por amenazas y privación ilegítima de la libertad en perjuicio de una expareja. Sin embargo, la justicia cordobesa decidió otorgarle la libertad bajo fianza y dictarle meras restricciones ambulatorias que consistían en presentarse apenas una vez al mes en la fiscalía. Esta condescendencia judicial con los violentos, allanó el camino para la expresión más brutal de violencia machista.
Como si fuera poco, la respuesta del poder judicial sigue la línea de la desidia sistémica; el fiscal Garzón se presentó ante los medios en conferencias de prensa cargadas de sorna, soberbia y falsas expectativas de hallazgo, pretendiendo diluir el foco de la responsabilidad penal, y los errores de la investigación en la búsqueda inmediata de la menor.
El entramado protector del implicado no es menor: el imputado, empleado municipal y miembro de la barra de Instituto, posee fuertes vínculos con la estructura del peronismo cordobés, evidenciados en su activa militancia en las 62 Organizaciones Peronistas y registros fotográficos junto a concejales y exfuncionarios del PJ local: Cuando el régimen y sus sectores políticos tradicionales cierran filas para contener los daños o encubrir a sus cuadros, demuestran que la estructura patriarcal actúa de conjunto, sin grietas institucionales, ni de los partidos tradicionales.
Esta realidad no es sin un contexto político nacional brutal: la avanzada de la gestión de Javier Milei contra los derechos de las mujeres y diversidades. El vaciamiento de la Línea 144, los despidos masivos de profesionales en territorio, la disolución del Ministerio de las Mujeres y el cierre de los programas de asistencia económica y psicológica constituyen una política de desamparo institucional planificada. Al eliminar los canales de denuncia y acompañamiento, el Estado destruye las redes que permitían a muchas salir de los círculos de violencia. Esta inacción deliberada deja a miles de víctimas en una situación de extrema vulnerabilidad y otorga una alarmante sensación de impunidad a los agresores.
El cinismo de la estadística oficial y el punitivismo selectivo
En las usinas de propaganda digital circula un comunicado de la cuenta “Oficina de Repuesta Oficial” —un canal militante que emula la estética de la comunicación gubernamental—. El texto celebra que bajo la actual gestión de seguridad los “homicidios” de mujeres (pues es así como lo llaman, para borrar la palabra femicidio del lenguaje) cayeron un 12,3% en 2025 y un 20% desde diciembre de 2023, adjudicando el supuesto avance a las políticas de “mano dura” y a la eliminación del presupuesto en políticas de género.
Este intento de utilizar el autoritarismo como argumento de protección es una trampa, y muy mentirosa. Por un lado, al diluir los femicidios dentro de la tasa general de “homicidios de mujeres”, el discurso oficial niega la especificidad de la violencia de género. Esta unificación estadística oculta que la mayoría de estos crímenes ocurren en el ámbito privado o vincular. Por otro lado, intentar hacer creer que la violencia machista se frena con patrulleros en las esquinas, mientras se destruyen los refugios y los acompañamientos económicos es, además de cínico, profundamente ignorante de la psicología y la sociología del trauma. El patrullaje callejero no tiene incidencia alguna en los abusos y crímenes que se ejecutan intramuros o mediante engaños de personas cercanas.
Frente al relato de la pacificación oficial, los datos reales de las organizaciones independientes demuestran lo contrario. El Observatorio de Femicidios “Adriana Marisel Zambrano”, coordinado por la Asociación Civil *La Casa del Encuentro”, revela que durante el año 2025 se registraron 262 víctimas fatales por violencia de género en Argentina (238 femicidios directos y vinculados, 3 lesbicidios, 8 trans-travesticidios y 13 femicidios vinculados de varones), superando las 247 víctimas registradas en 2024. Esto equivale a una muerte cada 33 horas. La violencia machista letal no se frena con amenazas de mayores penas ni con discursos punitivos, sino interrumpiendo a tiempo la escalada mediante recursos reales de contención.
El revanchismo legal: otro campo de batalla
La ofensiva se extiende de manera paralela hacia una reforma regresiva del marco legal. El oficialismo promueve debates orientados a eliminar la figura penal del femicidio del Código Penal, un avance histórico que costó años de lucha, debate y organización.
En sintonía con este intento de retroceso, se impulsa el proyecto de ley de la senadora Carolina Losada orientado a sancionar penal y económicamente las “falsas denuncias”. Los argumentos de esta propuesta legislativa se centran de manera desproporcionada en la supuesta masividad de engaños procesales, lo cual contradice abiertamente los informes del Observatorio de Género de los Ministerios Públicos, que ubican estos casos en porcentajes ínfimos. El verdadero impacto de legislar bajo la sospecha sistemática hacia la víctima es el amedrentamiento. Instalar el temor a sufrir represalias legales o multas si las pruebas no se producen con la celeridad que el sistema judicial exige desincentiva la búsqueda de ayuda,blindando la impunidad de los violentos.
Este 3 de Junio: A las calles por Ni Una Menos
Frente a la crueldad institucionalizada y el desmantelamiento de los recursos de protección, la respuesta histórica del movimiento de mujeres es la articulación y la ocupación del espacio público. Este 3 de junio nos movilizamos en todo el país. Se cumplen 11 años de aquella jornada histórica del 2015 en la que, tras el femicidio de Chiara Páez, miles de personas fundaron el grito de *Ni Una Menos*.
Esta convocatoria representa una acción colectiva para ponerle un freno a la violencia machista que se encuentra completamente desatada. Marchamos para exigir justicia por Agostina Vega, para visibilizar la urgencia de estadísticas independientes y para denunciar la responsabilidad de un Estado que desatiende sus obligaciones fundamentales. Nos encontramos en las calles para sostener las redes comunitarias, la organización política y social, que el gobierno pretende disolver. Las mujeres y disidencias seguimos de pie, para afirmar que nuestras vidas no son negociables. #NiUnaMenos
