El Secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, asiste los domingos a Pilgrim Hill Reformed Fellowship, una iglesia de las afueras de Nashville perteneciente a la Communion of Reformed Evangelical Churches (CREC). Meses antes había invitado a predicar dentro del propio Pentágono a Doug Wilson, el pastor de Idaho que sostiene que la 19ª Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que legaliza el sufragio femenino, fue “una mala idea” y que el voto debería recaer únicamente en el jefe de cada hogar. El vocero del Pentágono, Sean Parnell, confirmó a la agencia AP que Hegseth “aprecia mucho los escritos y enseñanzas” de Wilson.
La cadena es así de corta: un pastor que impugna el sufragio femenino predica ante el funcionario que administra las fuerzas armadas norteamericanas. Un proyecto que va en sintonía con la ofensiva contra los derechos de género y el intento de instalar el formato ‘trad wifes’ como novedoso y progresivo, buscando la vuelta a la familia tradicional y más allá. Una pelea en las calles y una batalla cultural necesaria que debe dar el feminismo.
El proyecto que se intenta
El proyecto tiene varios nombres propios y cada uno cumple una función distinta. Wilson fundó en 1998 la CREC, hoy es una red de más de 160 iglesias —creció 150% desde 2023—, con más de 400 escuelas cristianas clásicas asociadas, una editorial propia (Canon Press) y un instituto de educación superior (New Saint Andrews College), además de una congregación inaugurada este año a pocas cuadras del Capitolio. En una entrevista con CNN calculó en 250 años el plazo para convertir a Estados Unidos en una nación cristiana. Ese horizonte, da cuenta de un proyecto estratégico (escuelas, editoriales, universidades propias): es el trabajo sistemático sobre el sentido común, eso que el tan mentado Gramsci describía como disputa por la hegemonía cultural, pero acá, puesto al servicio de un proyecto patriarcal y teocrático.
Dale Partridge, pastor de la King’s Way Bible Church en Arizona, ocupa un lugar distinto en el mismo campo. Anunció en marzo de 2026 un libro, 19 Reasons to Repeal the 19th Amendment, cuyo objetivo es, explícitamente, derogar el sufragio femenino en diez a quince años, a través de un fallo de la Corte Suprema. El dato jurídico -ninguna Corte deroga una enmienda constitucional; eso exige dos tercios del Congreso y treinta y ocho legislaturas estaduales- importa menos como refutación que como indicador de la división de tareas: Wilson edifica instituciones que perduran, Partridge agita el tema en redes y medios. William Wolfe, activista de la derecha cristiana, calculó que entre el 60% y el 70% de los pastores de la Convención Bautista del Sur —la mayor denominación evangélica del país— lee a Wilson, lo que da una medida concreta del alcance de esa construcción.
Ese proyecto avanza en un momento particular: la caída sostenida de la natalidad, el estancamiento salarial y la erosión del modelo de varón proveedor recorren buena parte del mundo occidental y generan, en los sectores conservadores y machos frustrados, una ansiedad que busca canalización política. El “voto familiar” ofrece esa traducción: allí donde ya no puede reconstituirse la dependencia económica de la mujer, se apela a despojarla de la ciudadanía política que la constituye como sujeto autónomo.
La estructura que Margaret Atwood imaginó en El cuento de la criada trabaja sobre esa misma lógica: la desposesión jurídica como paso previo a la reabsorción de la mujer como propiedad y mano de obra reproductiva de la familia nuclear. Lo que ahí es ficción distópica, acá tiene presupuesto, colegios propios, proyecto político y funcionarios en el Gabinete.
Un escenario que el movimiento tradwifes pretende instalar de la mano de las buena mujer, buena madre y buena esposa. Un formato que da de bruces con la realidad material de las familias que requieren cada vez más mayores ingresos familiares.
El feminismo organizado en Estados Unidos disputa esta etapa en un terreno muy complejo. Desde la caída de Roe v. Wade en el fallo Dobbs de 2022, ganó referéndums concretos —Kansas en 2022, Ohio en 2023— pero los ganó estado por estado, mientras del otro lado opera una red con presencia en el Estado federal, escuelas propias y una editorial que forma sus propios cuadros. Esa es la escala real de la asimetría, un movimiento contra todo un aparato y una red inter- institucional con llegada a sectores del gobierno.
La correlación de fuerzas que sostiene un derecho conquistado se mueve con cada coyuntura, y en la complejidad de este momento histórico, nuestras conquistas están en disputa: la derecha cristiana estadounidense construye desde hace veinticinco años la infraestructura que hoy le permite discutir el sufragio femenino desde el poder mismo del Estado. El cuerpo y la ciudadanía de las mujeres vuelven a ser, en esta crisis del capital y de sus formas de organizar la reproducción social, el primer terreno que la reacción intenta reconquistar.
Pero el verdadero telón de fondo de esta ofensiva reaccionaria, es la crisis política del gobierno estadounidense, lo que pone al régimen en alerta, disparando proyectos de ultra-derecha que buscan disciplinamiento, como respuesta radicalizada (y demagógica) ante la aguda crisis política que atraviesa el trumpismo y el fantasma de su inminente derrota. El régimen en su conjunto exhibe claras señales de preocupación frente a un escenario de desestabilización social, donde los recientes y masivos levantamientos en Minnesota operaron como un recordatorio palpable de la ebullición popular. Estas rebeliones callejeras encendieron las alarmas del establishment. Frente a la incapacidad de ofrecer mejoras materiales a la población, las alas más conservadoras del poder estatal intentan blindarse buscando un chivo expiatorio: agitan la agenda de la supremacía patriarcal no solo como un guiño a su base más dura, sino como un mecanismo desesperado de control social para restaurar la “ley y el orden” desde el núcleo mismo de los hogares.
La 19.ª Enmienda y la larga lucha por el voto de las mujeres
Para comprender la magnitud del retroceso que plantea esta red teocrática, es fundamental dimensionar el costo histórico que tuvo alcanzar ese derecho. La 19.ª Enmienda, aprobada por el Congreso en 1919 y ratificada el 18 de agosto de 1920, determinó formalmente que ningún estado podía negar el derecho al voto por motivos de sexo. Esta victoria fue el resultado de más de un siglo de lucha, que cobró fuerza a partir de la Convención de Seneca Falls en 1848 y fue impulsada por figuras como Susan B. Anthony, Elizabeth Cady Stanton y Alice Paul.
Sin embargo, la ratificación de 1920 benefició de manera casi exclusiva a las mujeres blancas. La enmienda no borró el racismo sistémico ni la maquinaria segregacionista de Jim Crow, que mantuvo a millones de mujeres negras del sur excluidas mediante impuestos al voto, pruebas de alfabetización y violencia institucional; ello a pesar de la labor fundamental de lideresas afroamericanas como Sojourner Truth, Ida B. Wells y Mary Church Terrell, quienes debieron combatir la opresión tanto por raza como por género.
La exclusión afectó igualmente a otras minorías: las mujeres nativas americanas no fueron consideradas ciudadanas hasta 1924 (e incluso así enfrentaron bloqueos sistemáticos); las inmigrantes de origen asiático sufrieron leyes como la de Exclusión China que impedían su naturalización y participación hasta la década del 50 (pese al activismo de mujeres como Mabel Ping-Hua Lee); y las mujeres latinas padecieron de segregación e intimidación lingüística en las urnas del Cinturón del Sol (la franja de estados que abarca todo el sur y suroeste de Estados Unidos, extendiéndose desde Florida en la costa este, pasando por estados como Texas, Nuevo México y Arizona, hasta llegar a California en la costa oeste. Históricamente, esta es la región que concentra a la mayor parte de la población latina, y es allí donde se implementaron leyes y tácticas específicas (como las “primarias blancas” o las pruebas de alfabetización obligatorias en inglés) para impedir que las comunidades latinas e hispanohablantes pudieran votar).
Fue recién tras el triunfo del movimiento por los derechos civiles y la aprobación de la Ley de Derecho al Voto (Voting Rights Act) en 1965 —junto a sus ampliaciones lingüísticas de 1975— que la promesa emancipatoria de la 19.ª Enmienda comenzó a ser una realidad tangible para la mayoría de las mujeres de la clase trabajadora y de las minorías racializadas en Estados Unidos. Una gran lección histórica, que muestra como bajo el capitalismo los derechos no empiezan ni terminan en la ley, sino que dependen de las luchas sociales y fuerzas organizadas que los enuncian, construyen y garantizan.
Una contraofensiva en clave situacional
Es importante dimensionar que esta cruzada por derogar el voto femenino trasciende el fanatismo religioso y es parte de las disputas políticas, culturales y materiales de esta época. Frente a las recurrentes crisis de acumulación del capitalismo occidental, la degradación de las condiciones de vida y una clase trabajadora que —como demostraron los levantamientos en Minnesota— sigue mostrando reservas para resistir y estallar, la burguesía más conservadora necesita reestructurar las bases materiales y legales de la dominación.
En esta coyuntura, el patriarcado funciona como un pilar indispensable para la salvataje del sistema capitalista en crisis. Despojar a las mujeres de su autonomía política y devolverlas a un estatus de “propiedad familiar” sin voz ciudadana tiene el propósito material concreto de abaratar los costos de la reproducción social. Así, Estado y empresas se retiran de las obligación y prestaciones que a veces tienen que brindar para “sostener la vida”. En ese sentido, la estrategia de esta derecha es atar jurídica y políticamente a las mujeres a la esfera doméstica para que asuman, de forma gratuita, el trabajo de cuidado y la reproducción de la mano de obra. Es, a su vez, acallar la opinión política y la fuerza electoral de un sector que viene girando hacia ideas progresistas y de izquierda, tal como demuestran las consultas, encuestas y estadísticas sobre la brecha ideológica entre varones y mujeres en la actualidad.
Al mismo tiempo, esta embestida reaccionaria busca operar como un mecanismo de división interna de la clase trabajadora. Al varón empobrecido y explotado se le ofrece, como compensación a sus salarios estancados y pérdida de poder, una suerte de compensación psicológica, de la dominación patriarcal absoluta sobre su hogar. Por ello, la defensa incondicional del sufragio femenino y de la plena capacidad política de las mujeres es hoy una tarea estratégica, donde defender la autonomía de las mujeres es defender la capacidad de emancipación de la clase trabajadora en su conjunto.
