La Corte Suprema de Justicia dejó firme la posibilidad de avanzar en el juicio oral contra Vanina Biasi, legisladora y dirigente del Partido Obrero en el FIT-U. Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti utilizaron una excusa técnica vinculada a los plazos de presentación para desestimar el recurso de la defensa.
Esta decisión judicial confirma la elevación a juicio oral de una causa que funciona como una táctica deliberada de persecución y disciplinamiento para silenciar a quienes se atreven a denunciar un genocidio. El máximo tribunal evitó pronunciarse sobre la cuestión de fondo y prefirió ampararse en formalidades para avalar una persecución que atenta contra las libertades democráticas más elementales.
Todo este proceso comenzó a partir de una denuncia impulsada por el fiscal Carlos Stornelli. La DAIA se presentó como querellante con el único objetivo de silenciar cualquier cuestionamiento al Estado de Israel y su política de exterminio. El juez federal Daniel Rafecas fue el encargado de procesar a la legisladora basándose en una serie de publicaciones donde Biasi denunciaba las prácticas nazis y de apartheid del régimen sionista.
Posteriormente los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi confirmaron este ataque a la libertad de expresión desde la Cámara Federal. Actualmente el expediente se encuentra bajo la órbita del juez Marcelo Martínez de Giorgi, quien muestra una celeridad asombrosa para juzgar a una militante de izquierda mientras mantiene paralizadas otras causas de gran peso institucional. Por ejemplo, la causa de la criptoestafa $LIBRA, quien tiene a los hermanos Milei como principales responsables.
El disciplinamiento del lobby sionista
Este armado judicial se inscribe dentro de un patrón sistemático de persecución política que venimos denunciando en todo el país. Nuestro compañero, Alejandro Bodart, atravesó recientemente un proceso similar y su absolución reafirmó que el antisionismo no guarda relación alguna con el antisemitismo.
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El lobby sionista persiste en esta mentira para castigar a quienes militamos en defensa de la causa palestina y denunciamos el carácter supremacista de Israel. Buscan instalar un régimen de censura donde denunciar un genocidio sea considerado un delito de odio. Esta operación de la justicia federal actúa como un brazo aleccionador contra los opositores que no aceptan el alineamiento incondicional con los perpetradores de la masacre en Medio Oriente.
La masacre que el fascista Benjamín Netanyahu ejecuta en la Franja de Gaza es apenas el epicentro de una política de exterminio mucho más amplia. El Estado de Israel combina este genocidio con planes inmediatos para anexar Cisjordania y legalizar la pena de muerte contra la población palestina, extendiendo además sus aventuras expansionistas hacia el territorio sur del Líbano. Esta maquinaria bélica opera con el respaldo absoluto del imperialismo estadounidense de Donald Trump y agrava el peligro global mediante ataques constantes contra el pueblo iraní. Ante este escenario dominado por el terror sionista, denunciar semejantes atrocidades se convierte en un deber urgente para quienes defendemos los derechos humanos y combatimos las ideologías racistas instaladas en Tel Aviv.
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Desde el MST en el FIT-U expresamos nuestra total solidaridad con la dirigente Vanina Biasi frente a este juicio persecutorio. No vamos a permitir que el lobby intente disciplinar a las voces que se levantan contra el apartheid y la deshumanización del pueblo palestino. Tal como sucedió con la causa de Alejandro Bodart es fundamental sostener la presencia en las calles para denunciar la complicidad de la justicia con los genocidas.
Vamos a seguir batallando para sepultar la farsa de igualar la lucha antisionista con la discriminación religiosa. El estado sionista de Israel es un estado terrorista y nazi que debe ser denunciado con la mayor contundencia posible. Seguiremos luchando en las calles hasta conquistar una Palestina libre, desde el río hasta el mar.
