El Gobierno nacional presentó un recurso de per saltum ante la Corte Suprema de Justicia para revertir la suspensión de más de 80 artículos de la Ley de Modernización Laboral (27.802).
La presentación fue realizada por la Procuración del Tesoro, encabezada por Sebastián Amerio, en representación de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, dependiente del Ministerio de Capital Humano. El per saltum es un mecanismo que permite saltear las cámaras de apelación y llevar un expediente directamente a la Corte Suprema. Su uso está previsto, en teoría, para situaciones de gravedad institucional excepcional.
La cautelar
El 30 de marzo, el juez Raúl Horacio Ojeda, titular del Juzgado Nacional del Trabajo N° 63, hizo lugar a un pedido de la CGT y suspendió la aplicación de 83 artículos de la ley. La central obrera argumentó que esas disposiciones vulneran derechos constitucionales como la protección del trabajo, la progresividad de los derechos sociales, la libertad sindical y el acceso a la Justicia.
Ojeda sostuvo que hay fundamentos para el reclamo y que existe riesgo de un perjuicio inminente para los trabajadores, ya que los artículos cuestionados modifican el régimen de indemnizaciones, amplían la jornada laboral y limitan el accionar sindical.
El escrito de la Procuración sostiene que Ojeda no tenía competencia para dictar una medida de alcance general sobre una ley federal. También afirma que la CGT no presentó un caso concreto ni demostró un perjuicio real, y que la cautelar fue más allá de lo pedido por la central obrera al suspender artículos que no formaban parte del reclamo original.
Según el Gobierno, frenar de manera general una ley aprobada por el Congreso implica una “gravedad institucional”, ya que abriría la puerta a que el Poder Judicial interfiera en decisiones del Poder Legislativo y afectaría el principio de división de poderes. La Procuración agrega que la medida también provoca un “perjuicio irreparable” a la seguridad jurídica y a la estabilidad regulatoria.
Una disputa que está lejos de terminar
La insistencia del Gobierno en reactivar la reforma laboral no se explica solo por la disputa judicial. La reforma es una de las cartas que el oficialismo busca jugar para atraer inversiones, ofreciendo a las empresas menos regulaciones y condiciones laborales más precarizadas.
Todo esto ocurre en medio de una crisis que, lejos de resolverse, sigue golpeando a los trabajadores, con más desocupación, más informalidad y salarios cada vez más deteriorados. En los hechos, la salida que propone el Gobierno vuelve a poner el peso de la crisis sobre los trabajadores.
Marcela Gottschald
