Del martes 13 al viernes 16 de octubre, profesionales de todo el país realizarán un paro de 96 horas. Denuncian que sus ingresos reales cayeron a la mitad desde abril y reclaman una actualización de los honorarios. Se suspenderán los turnos programados y solo se garantizarán las urgencias.
Cuatro días de paro contra el deterioro de los honorarios
Médicos de cabecera y odontólogos que atienden a afiliados del PAMI realizarán un paro nacional de 96 horas entre el martes 13 y el viernes 16 de octubre. La medida, convocada por la Asociación de Profesionales del Programa de Atención Médica Integral (APPAMIA), responde al atraso de los honorarios y al aumento de los costos necesarios para sostener la atención en los consultorios.
El reclamo apunta al valor de las cápitas, el monto fijo que el organismo abona por cada afiliado asignado. Actualmente, los médicos de cabecera perciben $2.700 por paciente y reclaman elevar esa suma a $4.500. En el caso de los odontólogos, el pago es de apenas $374 por afiliado y exigen una recomposición que lleve el monto a $3.000.
Desde el sector denuncian que sus ingresos reales se redujeron a la mitad desde abril. La situación, advierten, compromete la posibilidad de sostener los consultorios frente al encarecimiento de los insumos y los gastos de funcionamiento. La protesta llega después de meses de reclamos y de una medida de fuerza anterior de 72 horas.
Jubilados y pensionados, en medio del conflicto
Durante las cuatro jornadas quedarán suspendidos los turnos programados, las consultas de rutina, las derivaciones a especialistas y las transcripciones habituales de recetas. Se mantendrán las guardias mínimas y la emisión de recetas consideradas de urgencia médica. Los afiliados que tengan consultas previstas deberán comunicarse con sus profesionales para confirmar si serán reprogramadas.
El conflicto vuelve a poner en discusión las condiciones en las que funciona la atención médica de millones de jubilados y pensionados. Cuando los honorarios pierden poder adquisitivo y los costos de los consultorios aumentan, se deterioran las condiciones para garantizar una atención accesible y sostenida.
La responsabilidad de resolver esta situación recae sobre las autoridades del PAMI, que deben dar una respuesta concreta al reclamo de los profesionales. No puede recaer sobre los trabajadores de la salud la obligación de sostener el sistema con ingresos que denuncian como insuficientes, ni sobre los jubilados el costo de un conflicto que afecta su acceso a la atención.
La recomposición de los honorarios y el financiamiento adecuado de las prestaciones son indispensables para defender tanto las condiciones laborales de quienes atienden como el derecho de los adultos mayores a recibir una atención médica digna.
