La intervención del banco digital Ueno dejó a casi tres millones de clientes sin acceso a sus cuentas y puso bajo sospecha el manejo de cientos de millones de dólares de fondos públicos y previsionales. Las conexiones empresariales del presidente paraguayo con el grupo propietario, las movilizaciones populares y el avance de un juicio político terminaron precipitando su renuncia. El escándalo también salpica a Javier Milei, aliado político de Peña y del expresidente Horacio Cartes.
La crisis financiera de Ueno Bank sacudió los cimientos del poder político paraguayo. Lo que comenzó como una intervención bancaria por graves problemas de solvencia terminó convirtiéndose en un escándalo de dimensiones nacionales: millones de usuarios quedaron sin acceso a sus ahorros, los fondos previsionales quedaron comprometidos y las sospechas sobre los vínculos entre el banco y el gobierno de Santiago Peña desembocaron en una crisis institucional que terminó con el anuncio de renuncia del mandatario este jueves 5 de noviembre.
El Banco Central de Paraguay dispuso la intervención de la entidad luego de detectar que su índice de solvencia había caído por debajo de la mitad del mínimo exigido por la normativa. La revisión de sus estados contables expuso un deterioro patrimonial, operaciones crediticias cuestionadas y préstamos a empresas vinculadas con sus propios accionistas. La entidad, que había crecido aceleradamente hasta convertirse en uno de los principales bancos digitales del país, tenía alrededor de 2,9 millones de clientes.
La medida dejó a miles de trabajadores, jubilados y ahorristas sin posibilidad de utilizar sus cuentas, tarjetas y aplicaciones. También afectó el pago de salarios y la actividad de empresas que operaban a través de la plataforma. El impacto social fue inmediato: la crisis dejó de ser un asunto exclusivo del sistema financiero y se trasladó a las calles de Asunción.
Un banco que creció al calor del poder
Ueno Bank pertenece al Grupo Vázquez, un conglomerado empresario que adquirió Financiera El Comercio en 2021 y avanzó posteriormente en su transformación y expansión. En 2023 obtuvo la autorización para operar como banco y, al año siguiente, se fusionó con Visión Banco. Su crecimiento fue vertiginoso: llegó a captar casi tres millones de clientes y a ocupar un lugar central en el sistema financiero paraguayo.
Pero detrás de esa expansión aparecen interrogantes sobre el origen y el destino de los fondos. Las inspecciones del Banco Central detectaron préstamos de alto riesgo a compañías vinculadas con los propietarios, deficiencias en la documentación de operaciones y activos registrados contablemente que no contaban con el respaldo correspondiente. Los ajustes realizados por los organismos de control terminaron dejando a la entidad muy por debajo de los requisitos legales de capital.
El problema adquirió una dimensión todavía más grave cuando se conoció la exposición de organismos públicos. El Estado paraguayo había depositado cientos de millones de dólares en la entidad y el Instituto de Previsión Social (IPS), responsable de administrar los aportes jubilatorios y la cobertura de salud, mantenía inversiones millonarias en el banco. Según las informaciones difundidas, el volumen de fondos públicos involucrados rondaba los 850 millones de dólares.
La investigación también puso bajo la lupa los préstamos a empresas relacionadas con los accionistas y el posible incumplimiento de los límites legales para operaciones con partes vinculadas. La Fiscalía abrió investigaciones y avanzó sobre directivos de la entidad: 27 funcionarios y allegados fueron alcanzados por imputaciones, mientras varios ejecutivos quedaron detenidos o bajo medidas judiciales.
No se trata, por lo tanto, de una simple dificultad de liquidez. La intervención expuso un esquema de expansión financiera cuya sustentabilidad quedó cuestionada cuando los organismos de control revisaron sus cuentas. Las responsabilidades individuales y empresariales deberán establecerse en la Justicia, pero el caso ya dejó al descubierto la fragilidad de los mecanismos de supervisión.
Santiago Peña: del vínculo empresarial a la crisis presidencial
El escándalo golpeó directamente al presidente Santiago Peña por sus relaciones previas con el grupo propietario de Ueno. Antes de llegar al gobierno, el mandatario había sido accionista de Grupo Vázquez, participación que vendió en marzo de 2025, según la información publicada por medios paraguayos.
La relación no termina allí. Peña designó al frente del Banco Central a Carlos Carvallo, quien había dirigido la entidad financiera que antecedió a Ueno. La coincidencia entre los vínculos empresariales del presidente, la expansión del banco durante su gobierno y la exposición de fondos públicos generó fuertes cuestionamientos sobre posibles conflictos de intereses y la independencia de los organismos de control.
El propio Peña había rechazado anteriormente las denuncias sobre un posible conflicto de intereses y defendido a la entidad frente a las publicaciones periodísticas que advertían sobre su situación. Ahora, con la intervención consumada, la Fiscalía abrió investigaciones sobre posibles irregularidades relacionadas con el manejo del banco, la supervisión estatal y los fondos públicos depositados allí.
La crisis también arrastró a Carvallo, quien dejó la conducción del Banco Central. La situación puso en cuestión no solamente a los responsables privados de la entidad, sino también a los funcionarios que debían controlar sus operaciones.
Este jueves, después de perder respaldo político y ante el avance de un juicio político, Peña anunció su renuncia a la Presidencia. La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad avanzar con la acusación y remitirla al Senado. La discusión institucional también quedó atravesada por el debate sobre si una renuncia aceptada podría permitirle conservar las prerrogativas asociadas a su condición de expresidente y senador vitalicio. Por eso, sectores opositores reclamaron que el proceso de juicio político no se detenga.
El pueblo salió a las calles
La crisis bancaria tuvo una respuesta social que rápidamente desbordó las explicaciones técnicas del gobierno. Frente a la incertidumbre sobre los ahorros, los salarios y las jubilaciones, cientos de personas se movilizaron en Asunción para reclamar respuestas y responsabilidades.
Las protestas expresaron el hartazgo de quienes vieron cómo, de un día para otro, sus cuentas quedaron inaccesibles. Ahorristas, trabajadores y jubilados exigieron explicaciones frente a la intervención de la entidad y cuestionaron que recursos públicos y previsionales hubieran quedado expuestos a las operaciones de un banco privado.
Las consignas contra los privilegios y la corrupción apuntaron al corazón del poder político. La indignación no se limita a la pérdida temporal del acceso al dinero: también cuestiona por qué los organismos estatales permitieron semejante concentración de fondos en una entidad vinculada con el entorno empresarial del presidente.
El gobierno y las autoridades financieras anunciaron mecanismos para garantizar los depósitos. El Fondo de Garantía de Depósitos cubriría la totalidad de los saldos de aproximadamente el 97% de los clientes, según las estimaciones difundidas. Sin embargo, la restitución de los fondos y la recuperación de los recursos públicos comprometidos no eliminan las preguntas sobre quiénes se beneficiaron con el crecimiento del banco y quiénes deberán responder por su derrumbe.
Milei, Peña y Cartes: una alianza política bajo presión
La crisis paraguaya también repercute en la política argentina. Santiago Peña fue uno de los aliados regionales de Javier Milei, con quien compartió encuentros, coincidencias ideológicas y una agenda política y económica favorable a los intereses empresariales. Peña asistió a la asunción presidencial de Milei en diciembre de 2023 y ambos gobiernos cultivaron una relación estrecha.
Pero el vínculo no se limita a los presidentes. En Paraguay, el poder del expresidente Horacio Cartes, referente del Partido Colorado y aliado político de Peña, constituye otro componente central de esa trama regional. Cartes mantiene vínculos políticos con sectores de la derecha internacional y es señalado como un aliado de Donald Trump y Milei. En medio de la crisis, su influencia vuelve a quedar bajo la lupa por el papel que puede desempeñar en la sucesión y en la reorganización del poder paraguayo.
Hay, además, un dato que conecta directamente al banco con el círculo político de Milei. En febrero de 2026, Ueno Bank fue uno de los patrocinadores de la Hispanic Prosperity Gala realizada en Mar-a-Lago, Estados Unidos. En ese evento fueron distinguidos el consultor argentino Fernando Cerimedo y el propio Javier Milei, quien participó mediante un mensaje en video. La gala fue organizada por Latino Wall Street y contó entre sus impulsores con el periodista español Javier Negre.
La participación del banco en ese evento permite observar que sus vínculos no eran solamente financieros: también se proyectaban hacia los espacios de articulación política de la derecha internacional. El gobierno argentino, por su parte, siguió con preocupación la crisis paraguaya y evitó inicialmente pronunciarse públicamente sobre la renuncia de Peña.
La caída del mandatario representa un golpe para uno de los aliados regionales de Milei y deja expuesta una red de relaciones entre empresarios, funcionarios y dirigentes políticos que compartían espacios y proyectos.
Que la crisis no la paguen los trabajadores
El caso Ueno vuelve a poner sobre la mesa una cuestión de fondo: mientras los grandes grupos económicos expanden sus negocios con acceso a fondos públicos, vínculos políticos y mecanismos de influencia, las consecuencias de sus crisis terminan golpeando a la población.
Los ahorros de millones de personas, los aportes previsionales y los recursos del Estado no pueden quedar subordinados a los intereses de grupos empresarios. La investigación debe avanzar hasta determinar las responsabilidades de los directivos, los funcionarios y todos aquellos que hayan intervenido en las operaciones cuestionadas.
La renuncia de Peña no resuelve el problema ni garantiza que se recuperen los fondos comprometidos. Tampoco puede convertirse en una salida institucional que deje sin investigar las conexiones entre el poder político y los negocios privados.
La movilización popular puso en evidencia que la crisis no es solamente bancaria: es también una crisis de representación, de control público y de responsabilidad política. Los trabajadores, jubilados y ahorristas paraguayos tienen derecho a recuperar su dinero y conocer quiénes se beneficiaron con un negocio que terminó estallando en sus manos.
