La ministra nacional de Seguridad Patricia Bullrich acaba de anunciar un nuevo protocolo “antipiquetes”, que se amparará en un presunto proyecto de Ley que enviará al Congreso. Como siempre, el ajuste no pasa sin medidas represivas. Y como el ajuste lanzado por Milei y Caputo es durísimo, tratan de apretar las tuercas cercenando derechos democráticos elementales. Entre otras barbaridades, Bullrich anunció lo siguiente:
- En casos de cortes, piquetes o bloqueos intervendrán las cuatro fuerzas federales (policía, gendarmería, prefectura y aeroportuaria) más el Servicio Penitenciario, que antes estaba en el área de Justicia.
- Habrá que pedir permiso previo al gobierno para poder manifestar, salvo procesiones religiosas o maratones deportivas. Es decir, se viola abiertamente el derecho constitucional de peticionar ante las autoridades. El derecho a la protesta social es el primero de los derechos, porque sólo con movilización se obtienen logros, se defienden y se amplían.
- Si se corta una avenida, aunque haya calles alternativas para poder circular la policía despejará la vía principal. O sea que lo consideran delito sí o sí, lo cual es un absurdo jurídico porque no se impide el tránsito.
- Los costos económicos del operativo policial respectivo recaerán sobre las organizaciones que convocan a la medida de fuerza. Es otra manera extorsiva de avasallar las libertades democráticas de reunión, de manifestación y de expresión.
- Llevar niñes a las marchas o protestas, implicará sanciones a sus progenitores, en especial para las mujeres. Por ejemplo, con los planes sociales. También se impide el derecho a la protesta, porque si las familias les llevan consigo es porque no tienen con quién dejarles.
- La policía podrá incautar las banderas, banderines, pancartas, bombos y demás material habitual en todo acto y movilización popular en la historia argentina y mundial. También identificarán a los organizadores, los micros o demás vehículos y abrirán un registro de organizaciones, enviando la información a la justicia para perseguir y amedrentar.
- Como otra ridiculez, considerarán “daño ambiental” quemar gomas. O sea, podés morirte de hambre pero no cometer el “delito” de prender fuego una cubierta. De todos modos, para reformar algo en materia penal deberán hacerlo por ley y no por un simple protocolo.
Este intento totalitario del nuevo gobierno de Milei, con características de estado de excepción, es una gravísima violación de los derechos humanos, las libertades democráticas y las garantías reconocidas en la Constitución nacional y los Tratados Internacionales que se supone rigen en nuestro país. Habrá que unir fuerzas con la mayor amplitud posible para impedirlo, tanto en el plano jurídico como en las propias calles. La CGT y las CTA, por ejemplo, deberían llamar a paro para repudiar el ajuste y este protocolo.
De todos modos, este engendro represivo de Bullrich tendrá su primera prueba de fuerza el miércoles 20 de diciembre, con motivo de la gran movilización unitaria que decenas de organizaciones populares llevaremos adelante en la Ciudad de Buenos Aires y en todo el país ante un nuevo aniversario del Argentinazo de 2001.