Nueve gobernadores y funcionarios nacionales participaron en Rosario de una cumbre empresarial destinada a promover el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones. Con la minería, el litio, el cobre y los hidrocarburos como protagonistas, el Gobierno busca consolidar una alianza política y económica alrededor de un modelo extractivista que pone los bienes comunes al servicio de los grandes capitales.
Beneficios para las multinacionales y explotación de los bienes comunes
El Gobierno de Javier Milei y los gobernadores dialoguistas volvieron a mostrar sintonía política y económica. Esta vez fue en Rosario, durante la primera Ronda de Negocios del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), un encuentro que reunió a funcionarios nacionales, mandatarios provinciales, representantes de grandes empresas y proveedores de distintos sectores productivos.
La jornada contó con la participación de Karina Milei, el jefe de Gabinete Diego Santilli y el ministro de Economía Luis Caputo. Entre los gobernadores estuvieron Maximiliano Pullaro, Raúl Jalil, Martín Llaryora, Alfredo Cornejo, Alberto Weretilneck, Marcelo Orrego, Carlos Sadir, Juan Pablo Valdés y Rogelio Frigerio.
El encuentro tuvo un objetivo que excede las rondas comerciales: consolidar un esquema de acuerdos entre Nación y las provincias para acelerar los proyectos de inversión contemplados en el RIGI. La minería metalífera, el litio, el cobre, los hidrocarburos y las grandes obras de infraestructura concentraron la agenda.
El RIGI como bandera de una alianza política
Karina Milei agradeció el acompañamiento de los gobernadores y destacó la adhesión de las provincias al régimen de incentivos. También definió a la minería como uno de los sectores con mayor potencial de crecimiento y sostuvo que el objetivo debía ser que tanto las grandes empresas como las pymes obtuvieran beneficios.
Por su parte, Luis Caputo defendió el rumbo económico y aseguró que no puede modificarse porque, según planteó, cualquier desvío podría afectar la confianza de los inversores. El ministro afirmó que el RIGI podría movilizar inversiones por unos 210.000 millones de dólares.
El mensaje fue claro: garantizar condiciones favorables para los grandes capitales y sostener una política económica que coloca a las exportaciones mineras y energéticas como uno de sus principales pilares.
Sin embargo, detrás de los anuncios de inversiones aparecen interrogantes fundamentales. El RIGI ofrece beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios a grandes proyectos, mientras las mayorías trabajadoras enfrentan pérdida de poder adquisitivo, deterioro de los servicios públicos y dificultades para sostener el consumo. La discusión es qué resigna el Estado para atraer esas inversiones y qué obtiene efectivamente la sociedad a cambio.
Los bienes comunes al servicio de los grandes capitales
La minería y la explotación hidrocarburífera fueron presentadas como motores del desarrollo nacional. Pero el crecimiento de estos sectores no puede analizarse únicamente a partir de las toneladas extraídas, los dólares exportados o los anuncios de inversión.
La expansión de la minería de litio y cobre implica intervenir territorios, utilizar grandes cantidades de agua y modificar ecosistemas que son fundamentales para las comunidades. En regiones áridas, como la Puna, la presión sobre las cuencas hídricas plantea conflictos que no pueden resolverse solamente con promesas empresariales de sustentabilidad.
A esto se suma la discusión sobre quién controla los bienes comunes y quién se apropia de la riqueza generada. Las multinacionales reciben condiciones especiales para desarrollar sus proyectos, mientras las comunidades reclaman controles ambientales, acceso al agua y participación en las decisiones que afectan sus territorios.
El modelo que promueven Milei y los gobernadores coloca la rentabilidad empresarial y la generación de divisas en el centro de las prioridades. Desde una perspectiva de defensa de los bienes comunes, el desarrollo debería partir de las necesidades sociales, el cuidado de los territorios y el control democrático de las actividades productivas.
La industria nacional, entre las promesas y la realidad
Uno de los argumentos oficiales para defender el RIGI es que las grandes inversiones permitirían desarrollar proveedores nacionales y generar oportunidades para las pequeñas y medianas empresas. En Rosario participaron unas 1.800 pymes y proveedores, junto a representantes de 43 grandes proyectos de minería, energía e infraestructura.
Pero la integración de empresas locales a las cadenas de suministro no garantiza por sí misma un desarrollo industrial equilibrado. La pregunta es qué capacidad productiva se construye, qué porcentaje del valor agregado queda en el país y qué ocurre con las ramas industriales que no forman parte de esos negocios.
Mientras se promueven grandes proyectos extractivos, distintos sectores manufactureros atraviesan dificultades por la caída del mercado interno, los costos y la competencia de importaciones. La economía corre el riesgo de profundizar una especialización basada en la exportación de bienes primarios, relegando la diversificación productiva y la generación de empleo industrial.
La participación de algunas pymes como proveedoras no reemplaza una política industrial integral que garantice trabajo estable, desarrollo tecnológico y producción orientada a las necesidades de la población.
Acuerdos económicos y negociaciones políticas
La cumbre también tuvo una dimensión política. La sintonía entre la Casa Rosada y los gobernadores dialoguistas se produce mientras avanzan las negociaciones por el Presupuesto 2027 y la reforma electoral, incluida la discusión sobre la continuidad de las PASO.
El acercamiento entre los mandatarios provinciales y el oficialismo muestra que, más allá de las diferencias y los discursos públicos, existe un terreno de coincidencia alrededor de la política económica y de la promoción de las grandes inversiones.
El RIGI funciona así como una herramienta de articulación entre el Gobierno nacional, las administraciones provinciales y los grandes grupos empresarios.
¿Desarrollo para quién?
La foto de Rosario mostró a buena parte de la dirigencia política alineada detrás de una misma agenda económica. Sin embargo, el crecimiento de las inversiones no garantiza automáticamente mejores condiciones de vida, salarios dignos ni protección ambiental.
La discusión no debería limitarse a cuántos dólares ingresan o cuántos proyectos consiguen beneficios fiscales. Es necesario debatir quién decide sobre los territorios, qué controles se aplican, cómo se distribuyen las ganancias y qué consecuencias quedan para las generaciones futuras.
Los bienes comunes no pueden convertirse en una plataforma de negocios para las multinacionales mientras las comunidades soportan los impactos ambientales y los trabajadores enfrentan el deterioro de sus condiciones de vida.
El desarrollo no puede medirse por las ganancias de las grandes empresas ni por los dólares que prometen exportar. Debe medirse por la capacidad de garantizar derechos, trabajo digno, soberanía sobre los bienes comunes y una vida mejor para las mayorías populares.
