Crédito de imagen: Daniella Fernández
A un mes del cierre de las sesiones ordinarias, el Gobierno sigue sin reunir los acuerdos necesarios para avanzar con dos de sus principales iniciativas. El PRO, la UCR y los bloques provinciales condicionan su apoyo al Presupuesto, mientras la suspensión de las PASO enfrenta resistencias políticas. Detrás de las negociaciones parlamentarias se juega el reparto de recursos y el intento oficialista de modificar las reglas electorales.
El Gobierno de Javier Milei atraviesa un escenario de dificultades en el Congreso. A menos de un mes del cierre de las sesiones ordinarias, La Libertad Avanza todavía no consiguió garantizar los votos para aprobar el Presupuesto 2027 ni para avanzar con la reforma política que incluye la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).
La situación expone los límites de la estrategia parlamentaria oficialista. Los bloques del PRO, la UCR y distintos espacios provinciales, que acompañaron varias de las iniciativas del Gobierno, ahora endurecieron sus posiciones y reclaman respuestas a sus propios intereses. Las negociaciones encabezadas por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, no logran destrabar los acuerdos.
El calendario tampoco ayuda: entre la actividad política vinculada a las elecciones de medio término en Estados Unidos y la visita del papa León XIV, el oficialismo dispone de pocas semanas para intentar ordenar su agenda. Si no consigue avanzar, deberá recurrir a una prórroga de las sesiones ordinarias o convocar a extraordinarias.
Presupuesto 2027: el ajuste también se negocia en el Congreso
La discusión presupuestaria es uno de los principales focos de conflicto. El oficialismo debió postergar la firma del dictamen en Diputados ante la falta de acuerdos con sus aliados. La posibilidad de conseguir una media sanción el 18 de noviembre quedó en duda.
El PRO, conducido en Diputados por Cristian Ritondo, reclama incluir partidas para regularizar las transferencias de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires, reducir el impuesto a los combustibles y garantizar recursos para distintas obras y operaciones de financiamiento porteñas.
Uno de los puntos sensibles es el presupuesto para las universidades. El proyecto del Ejecutivo contempla 7,7 billones de pesos para las casas de estudio, mientras que los rectores reclaman 11 billones para garantizar su funcionamiento. La diferencia refleja la magnitud del conflicto y vuelve a poner en discusión el financiamiento de la educación pública, que viene sufriendo el impacto del ajuste presupuestario.
También permanecen los interrogantes sobre las partidas destinadas a discapacidad. Aunque el Gobierno habría aceptado retirar algunos artículos cuestionados del proyecto, todavía debe aclarar si incorporará los fondos necesarios para cumplir con las obligaciones establecidas por la legislación vigente.
En este escenario, el Presupuesto 2027 vuelve a mostrar las prioridades del modelo económico: mientras el Gobierno busca sostener el equilibrio fiscal, distintos sectores reclaman recursos para garantizar derechos y servicios públicos. La discusión parlamentaria no puede reducirse a una disputa entre dirigentes por fondos y cargos; sus consecuencias recaen sobre millones de trabajadores, estudiantes, jubilados y personas con discapacidad.
La suspensión de las PASO y las disputas por el poder
La reforma política tampoco consigue avanzar. El proyecto oficialista para suspender las PASO enfrenta resistencias en el Senado, donde el PRO y sectores de la UCR no garantizan su acompañamiento sin un acuerdo político más amplio.
La iniciativa también encuentra oposición dentro del peronismo. En una reunión realizada en la Casa de La Pampa, referentes del espacio acordaron resistir la suspensión de las primarias. Axel Kicillof volvió a defender la necesidad de una competencia electoral que evite que las candidaturas se definan exclusivamente por decisión de las conducciones partidarias.
En La Libertad Avanza también aparecen tensiones internas. Patricia Bullrich, titular de la bancada oficialista en el Senado, mantiene sus propias aspiraciones políticas, por lo cual no apoya la reforma política, mientras Martín Menem salió a remarcar que el único candidato presidencial del espacio es Javier Milei. Las diferencias muestran que la discusión electoral también funciona como escenario de disputa por el armado político de 2027.
Los aliados pasan factura
El problema del Gobierno no es solamente la resistencia de la oposición. Los sectores que hasta ahora facilitaron la aprobación de las principales leyes de Milei comenzaron a condicionar su respaldo y a exigir concesiones.
Los gobernadores reclaman fondos, obras y transferencias que la Nación mantiene demoradas. El PRO exige respuestas para la Ciudad de Buenos Aires y la UCR presiona para mejorar su posición. La Casa Rosada, que hizo del ajuste y la reducción del gasto público su principal bandera, encuentra cada vez más dificultades para satisfacer esos pedidos sin afectar sus propias prioridades fiscales.
La negociación expone una contradicción: varios de estos espacios acompañaron leyes que profundizaron el ajuste, pero ahora reclaman recursos para sus distritos y sectores de influencia. El oficialismo, por su parte, necesita esos mismos votos para sostener su programa legislativo.
Un Congreso atravesado por el ajuste y las disputas electorales
La demora en el tratamiento del Presupuesto y la reforma política deja al descubierto las dificultades de Milei para construir mayorías estables. Pero el debate no debería quedar encerrado en las negociaciones entre La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y los gobernadores.
Lo que está en discusión es qué presupuesto necesita la población y qué prioridades deben orientar el gasto público. El financiamiento de las universidades, la discapacidad, la salud, la educación y las obras que necesitan las provincias no puede quedar subordinado a las exigencias del Fondo Monetario Internacional ni a las necesidades de equilibrio político de la Casa Rosada.
Mientras los bloques negocian sus condiciones, los sectores populares siguen padeciendo las consecuencias del ajuste. Se debe poner en el centro a quienes sostienen con su trabajo los servicios públicos y no solamente a quienes buscan administrar los votos y los recursos del Estado.
