Desde la anulación de la ley de paridad, hasta las modificaciones en la Ley Micaela y en la ley de los “Mil días”, el régimen que sueña Milei concibe a las mujeres únicamente como madres o como víctimas, mientras borra el nombramiento de las identidades disidentes, como si no existiesen desigualdades estructurales que afectan sus derechos. Este brutal ataque degrada la condición femenina a la asistencia, de modo proporcional al que la restringe a su condición biológica. Inversamente, lo único que gana peso y entidad es el concepto de “niño por nacer”, toda una construcción ideológica que busca cercenar la autonomía de las personas gestantes y nuestro derecho a decidir.
Al tiempo que se confirmó la degradación del ya desfinanciado Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad a una subsecretaría dependiente del Ministerio de capital Humano, la Ley Ómnibus arremetió contra la ley Micaela, la ley de los Mil días y la ley de Paridad de Género, atacando también otros puntos como las indemnizaciones por despido para empleadas domésticas, y las prestaciones en salud, que afectan centralmente a las mujeres en función de roles socialmente asignados. Pero además de los ataques por sector, la ley ómnibus busca desterrar todo un paradigma: El de las mujeres e identidades disidentes como sujetos de derecho, en el marco del reconocimiento de desigualdades sociales y brechas de género que les afectan especialmente. El ataque es global y afecta concepciones de carácter profundo.
En ese sentido, los cambios normativos que aquí se analizan, nos advierten que todos los consensos construidos al calor de debates, luchas y movilizaciones que atravesaron al conjunto de la sociedad, hoy son puestos en cuestión de forma autoritaria e inconstitucional.
La Ley de los “mil días”, y el terreno que buscan preparar…
El proyecto de Milei, está plagado de una nomenclatura antiderechos, que encierra un profundo carácter moralista, ideológico y adoctrinante. Recordemos que la ley fue votada por unanimidad en el parlamento, al tiempo que en nuestro país se aprobaba la interrupción voluntaria del embarazo (IVE). La ley de los Mil dias, sostenía el objetivo de “fortalecer el cuidado integral de la salud y la vida de las mujeres y otras personas gestantes, y de los niños y las niñas en la primera infancia”. Pero la propuesta de modificación sostiene: “La presente ley tiene por objeto fortalecer el cuidado integral de la salud de las madres en situación de vulnerabilidad y de los niños desde el momento de su concepción hasta los tres años”.
Así, en una sola modificación (proponen 23, en una ley de 27 artículos), aniquilan dos décadas de debate y conquistas de derechos: En vez de hablar de protección integral, reduce el foco y alcance a la población “vulnerable”, elimina el concepto de persona gestante que se usa para incorporar a los varones trans, y habla sólo de “mujer embarazada”, una definición propia del viejo paradigma tutelar. Y lo más preocupante es la incorporación de la figura del “hijo por nacer” como sujeto de derechos; lo que genera un choque con la ley IVE al que debemos estar atentas. Porque en vez de hablar “gestación”, que es un término científico, la nueva ley habla de “concepción”, que es un término creacionista y religioso, muestra de su intencionalidad: preparar terreno para cercenar y si pueden, aniquilar la ley IVE (lo que debe ser leído en conjunto con otras políticas que afectan derechos vinculados, como la derogación de la ley 27.113 que promueve la actividad de los laboratorios de producción pública y podría afectar la producción de drogas como el misoprostol, fundamentales para interrupciones legales de embarazos por vía medicamentosa).
Además, el proyecto niega la perspectiva de género y de derechos, imponiendo una perspectiva familiarista, que individualiza, privatiza y descontextualiza la problemática de la gestación en contextos de desigualdad y privación social: Sólo habla de vínculos familiares, eliminando del marco normativo a la ley 26061 (de los derechos de niñas, niños y adolescentes) y la 26485 (de violencia de género), que se vinculan con derechos básicos subyacentes a la ley de los mil días, que son el derecho a la identidad, a la seguridad social y a vivir una vida libre de violencias.
Otro de los puntos preocupantes es el cambio en la autoridad de aplicación de la ley: La modificación la saca de la órbita del ministerio de salud y define como autoridad de aplicación a la Secretaría de Niñez y Familia del Ministerio de Capital Humano. A ello, agrega que «será implementada por el estado nacional a través de planes y protocolos diseñados para tal fin, cuya ejecución será en conjunto con los gobiernos provinciales y municipales que adhieran a dichos planes y protocolo», lo que arroja un enorme margen de incertidumbre respecto de las responsabilidades para su aplicación y monitoreo, ya que deja a criterio de las provincias la adhesión a la ley. A la par, se insiste en crear “un registro” de embarazadas vulnerables (y no así en producir información sanitaria valiosa como indicadores de mortalidad materna, mortalidad infantil, prematurez, desnutrición, entre otros problemas) que deberá ser informado a Nación, lo que va en plena sintonía con las políticas de estigmatización y criminalización que el gobierno despliega en toda la línea.
La Ley Micaela y la negación de la violencia de género
Si bien la ley se limita a capacitar en violencia de género a empleados/as y funcionarios/as de los tres poderes del estado, ahora se propone limitar mucho más su alcance. Entre los seis artículos que se cambian, se define que ya no deberán capacitarse todos/as los/as trabajadores/as, sino quienes se desempeñen «en los organismos competentes en la materia», o sea, quienes ya poseen formación en temas de género, mientras numerosas reparticiones van a dejar de recibir capacitación obligatoria, como, por ejemplo, la justicia y la policía, con todo lo que ello implica.
Además, en vez de enfocar la capacitación en violencia de género, sus contenidos se centrarán en la violencia familiar o violencia contra la mujer (que son las denominaciones que usa y prioriza el nuevo texto). Es una diferencia política, que hace retroceder décadas la concepción y el abordaje de la violencia machista. Hablar de “violencia de género” implica por un lado reconocer que ésta existe en diversos ámbitos (laboral, mediático, digital etc.) y no sólo en la familia. Y es también un modo de invisibilizar que la misma es posible debido a desigualdades estructurales. Tal negación, contradice de forma directa a la Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres (ley 26.485) y los tratados internacionales con rango constitucional como la convención de Belem do Pará. Pero como si fuera poco, nuevamente, se deja fuera de lo pensable por la norma, a otras identidades y colectivos, como las pesonas trans, travestis y no binaries, en tanto sujetos de protección integral.
Esta ley también quedará bajo la órbita del archi-mega-ministerio de Capital Humano, que «deberá reglamentar un procedimiento que atienda la problemática de violencia familiar», quedando los contenidos a cargo de la Secretaría de Niñez y Familia (bajo estos preceptos ¿quién más podría ser?) y la certificación de calidad de las capacitaciones nada más y nada menos que en la mismísima Sandra Petovello; nuevamente en consonancia con sus políticas autoritarias y de control.
Ley de paridad de género, y un retroceso en la participación política de las mujeres
Para imponer una visión en la que las mujeres sólo son concebidas como madres o como víctimas, en un contexto en el que no existen desigualdades estructurales ni brechas de género y en el que la violencia sólo existe en el ámbito de la familia, les era necesario desconocer las barreras en el acceso a la participación y representación política femeninas, eliminando las políticas afirmativas que buscan tensionar esas desigualdades.
En ese sentido, el capítulo dedicado a la “reforma electoral” de la “Ley de Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos», además de imponer la elección por circunscripción y la eliminación de la representación de las minorías, elimina la paridad de género en la confección de las listas electorales, habilitando la posibilidad de que haya partidos cuyos candidatos sean 100% masculinas, a través de la postulación de candidaturas uninominales. Este tipo de candidaturas favorece que sólo se presenten los individuos que, en una sociedad como la nuestra, cuentan con más tiempo y recursos para dedicarle a la política, o sea, los sujetos masculinos. Y si bien la ley de paridad tiene sus límites, al menos permitía tensionar dicho problema.
Retomar el impulso de la marea verde
Sabemos que nuestra lucha se ha convertido en objeto de demonización, minimización y ataque permanente por parte del nuevo gobierno, y no es por nada. En el fondo, le temen al movimiento de mujeres organizado en las calles, que no sólo logró importantes conquistas democráticas, sino que dirigió el conjunto de sus demandas al Estado… todo eso que Milei quiere aniquilar.
En el marco de un neo-liberalismo recargado, no podía ser de otra manera que no aparezca con una vuelta mas patriarcal, reforzando lo más atrasado del Patriarcado.
También hay que decir, que este contexto de campaña antiderechos, fue en parte facilitado por el desfinanciamiento de las áreas vinculadas a la prevención y atención en violencia de género, un problema muy sentido en toda la población, para el que no hubo soluciones. Lo que se combina con políticas que se quedaron a medio camino, ya sea por su carácter superestructural y/o meramente simbólico, llevadas a cabo durante el gobierno de Fernández, que desatendieron reclamos socioeconómicos mucho más profundos.
Pero sabemos que el ataque de Milei no obedece a razones estrictamente económicas. Es político, ideológico y moral, bajo la lupa autoritaria y mesiánica que lo caracteriza, con el afán de adoctrinar y seguir concentrando poder… lo que es también un arma de doble filo para su propio proyecto. Porque las mujeres y disidencias ya hemos vuelto a movilizarnos en los cacerolazos, en la marcha el 29 y en el aniversario a 3 años de la Ley IVE, y nos preparamos para participar de forma activa en el paro convocado para el 24E, a través de distintos colectivos y organizaciones. Y lo haremos de forma articulada y combinada con otros sectores sociales que también están siendo directamente atacados, como es el caso del movimiento obrero. A mayor sea el ataque, mayor será la respuesta, porque una marea enorme y profunda hace años se propuso cambiar la historia, y defenderá lo conquistado con los mismos métodos y con la misma fuerza con la que consiguió lo que antes parecía imposible ante los ojos de millones.