La caída del consumo, la apertura importadora y el ajuste económico aceleraron la desaparición de miles de empresas. Mientras el Gobierno celebra el “ordenamiento” de la economía, el costo real se expresa en cierres, despidos y destrucción del entramado productivo nacional.
La promesa de una Argentina “más libre” y con crecimiento impulsado por el mercado empieza a mostrar una cara menos publicitada: una economía donde cada vez menos empresas logran sobrevivir. Según distintos relevamientos, más de 14 mil firmas dejaron de existir en el último año, profundizando una tendencia de caída que ya acumula 25 meses consecutivos.
La cifra expone una de las contradicciones centrales del programa económico de Javier Milei. Mientras el Gobierno insiste en que el ajuste, la desregulación y la apertura comercial son el camino hacia la recuperación, miles de unidades productivas, muchas de ellas pequeñas y medianas, quedan atrapadas entre la caída de las ventas, los costos crecientes y la imposibilidad de competir con productos importados. Ante esa situación, el costo mayor lo pagan los trabajadores que pierden su empleo y su fuente de subsistencia.
La “libertad” de cerrar
Desde la Casa Rosada suelen presentar la desaparición de empresas como parte de una supuesta “depuración” necesaria: las firmas que no serían competitivas deberían desaparecer para que otras ocupen su lugar.
Pero detrás de esa lógica aparecen trabajadores y familias afectadas. Una empresa que cierra no es solamente un número estadístico: significa salarios que dejan de pagarse, puestos de trabajo destruidos y comunidades enteras que pierden una fuente de ingresos.
El impacto se concentra especialmente en provincias con fuerte peso productivo. Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y la Ciudad de Buenos Aires concentran buena parte de las pérdidas por ser los distritos con mayor cantidad de empresas registradas. La caída también golpea sectores estratégicos. La industria manufacturera, el comercio y distintas ramas productivas atraviesan un escenario marcado por menor demanda interna y presión de las importaciones.
Una economía para pocos
El discurso oficial sostiene que el problema argentino era el exceso de Estado y la falta de competencia. Sin embargo, el resultado concreto de estas políticas es una economía cada vez más concentrada, donde los actores más grandes tienen mayores posibilidades de resistir mientras las pymes quedan expuestas.
La apertura indiscriminada de importaciones vuelve a aparecer como uno de los factores centrales.La historia argentina muestra que los procesos de desindustrialización no ocurren solamente cuando una fábrica baja sus persianas. También suceden cuando una economía deja de producir, cuando se pierde capacidad tecnológica, cuando los trabajadores especializados quedan afuera y cuando un país depende cada vez más de comprar afuera lo que antes fabricaba.
El costo humano de la motosierra
El Gobierno insiste en que la economía atraviesa una etapa de transformación y que los sacrificios actuales serán recompensados en el futuro. Pero para miles de trabajadores ese futuro aparece cada vez más lejano.
Los cierres de empresas se suman a una lista más amplia de consecuencias sociales del ajuste: salarios deteriorados, caída del consumo, aumento de la precarización y pérdida de derechos laborales. Incluso grandes empresas industriales atravesaron crisis y cierres en este período, mostrando que el problema no se limita a pequeños emprendimientos.
La pregunta que queda abierta es quién pagará el costo de esta reorganización económica. Porque mientras el Gobierno habla de eficiencia y libertad, lo que se observa es una transferencia de la crisis hacia abajo: menos empresas productivas, menos empleo y más dependencia de los sectores concentrados.
La motosierra prometida para cortar los privilegios terminó siendo para recortar los puestos de trabajo.
