El gobernador Alfredo Cornejo aspira a lograr lo que ni él mismo en su mandato anterior, ni su antecesor Rodolfo Suárez pudieron hacer: aplastar la Ley 7722, vencer al pueblo que defiende el agua y profundizar el extractivismo con más megaminería y fracking. Esta vez alineado con el gobierno de Milei, después de firmar el Pacto de Mayo, Cornejo pretende que nuestra provincia adhiera al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI).
Rápido para complacer a los lobbistas, el pasado 24 de julio, el gobierno envió a la Legislatura el proyecto de ley para que Mendoza adhiera al RIGI. Este proyecto prevé privilegios impositivos, aduaneros y cambiarios para que las empresas que inviertan más de US$200 millones en el país se les garantice estabilidad fiscal por 30 años. El objetivo principal del gobierno es atraer inversiones mineras, o sea, saqueo por 30 años.
Solo seis días después de haber presentado el proyecto de ley, con la abstención mercenaria del PJ, la comisión de Hacienda y Presupuesto dio despacho favorable al proyecto. Y un día después, el miércoles 31 de julio, la cámara de diputados dio media sanción al proyecto del ejecutivo con 32 votos afirmativos y 13 negativos. Lo que demuestra esto es que cuando hay voluntad de saqueo, las leyes se pueden aprobar en menos de una semana. Sin embargo, todavía tiene que pasar por la Cámara de Senadores.
En el día de ayer se reunía la cámara de Senadores, y afuera del recinto distintas asambleas del agua y organizaciones socioambientales como nuestra Red Ecosocialista estuvimos exigiendo el rechazo a la adhesión al RIGI en Mendoza. El gobierno y las corporaciones se ilusionaban con conseguir los votos en dicha cámara para lograr la sanción de la ley el mismo día. Sin embargo, este proyecto no se encontraba en el orden del día, y no pudo ser tratado sobre tablas como hicieron en la Cámara de Diputados.
En la provincia ya se modificó el Código de Procesamiento Minero, crearon el Distrito Minero Occidental en Malargüe, y ahora pretenden aprobar la adhesión al RIGI. A esto se le suma la firma de un acuerdo con Mekorot, empresa genocida israelí que niega el acceso al agua al pueblo Palestino, y ya preparan una modificación del Código de Agua para noviembre. Todas modificaciones a medida y pedido de las mineras que tanto ha rechazado la población mendocina. Lo que busca el gobierno es dar continuidad a los proyectos de cobre Cerro Amarillo y Hierro Indio, ambos en Malargüe, donde ya se están haciendo exploraciones. Y pretenden resucitar el Proyecto San Jorge de oro y cobre en Uspallata. Recordemos que este último proyecto se encuentra a un paso de la fase de explotación y fue la que le dio origen a la Ley 7722 allá por el año 2007, después de la gigantesca pueblada que paralizó la provincia.
El oficialismo y sus cómplices se juegan todo para que se pueda votar el RIGI en la próxima sesión del senado, el martes 13. Por eso, desde el movimiento ambiental de Mendoza nos encontramos en estado de alerta y movilización, y seguiremos concentrando afuera de la legislatura para que la adhesión al RIGI no se pueda concretar. Porque, aunque sigan insistiendo con el avance del extractivismo no vamos a cansarnos de decir NO es NO, no tienen licencia social, no vamos a entregar nuestros bienes comunes, el agua de Mendoza no se negocia y la 7722 no se toca.