A horas de la sesión convocada para este 15 de octubre, el oficialismo busca bloquear el rechazo del DNU 70/23 con una maniobra parlamentaria alrededor de la Ley de Tierras. Con negociaciones con gobernadores y bloques aliados, la Casa Rosada intenta sostener el decreto que habilita su programa de desregulación económica.
Una maniobra para evitar el rechazo del decreto 70/23
El gobierno de Javier Milei acelera las negociaciones en el Congreso para evitar que Diputados rechace el DNU 70/2023, una de las principales herramientas con las que impuso su programa económico. Ante la posibilidad de una derrota parlamentaria, La Libertad Avanza impulsó una nueva estrategia: avanzar con la restitución de límites a la compra de tierras rurales por extranjeros, mientras intenta desactivar la sesión opositora convocada para este jueves 15 de octubre.
La maniobra llega después de semanas de controversia por la derogación de la Ley de Tierras y de una fuerte reacción política y social frente a los intentos de flexibilizar la extranjerización del territorio. Ahora, el oficialismo busca utilizar ese tema para reordenar las negociaciones legislativas y evitar que el Congreso avance contra el megadecreto.
El oficialismo firmó un dictamen para restituir la Ley de Tierras dentro de la discusión de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La iniciativa apunta a trasladar el debate a una nueva instancia parlamentaria y ganar tiempo frente a una sesión que amenaza con poner en riesgo la vigencia del DNU.
El DNU 70/23 no es una norma aislada. Desde su publicación, el Gobierno lo utiliza como instrumento para avanzar con una amplia desregulación económica, modificar el funcionamiento de distintos sectores y eliminar regulaciones que protegían derechos laborales, consumidores y actividades productivas.
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La derogación de la Ley de Tierras es uno de sus puntos más cuestionados. La normativa sancionada en 2011 establecía límites a la propiedad extranjera de tierras rurales. Su eliminación abrió una disputa sobre la soberanía territorial, el control de los recursos naturales y la concentración de la propiedad.
La decisión de volver a discutir restricciones a la extranjerización muestra que el oficialismo enfrenta dificultades para sostener políticamente algunas de las medidas incluidas en el megadecreto. Sin embargo, la propuesta no equivale por sí sola a derogar el DNU ni resuelve el conjunto de los cuestionamientos a su contenido.
La estrategia también incluye negociaciones con gobernadores y bloques dialoguistas para impedir que la oposición reúna los 129 diputados necesarios para abrir la sesión. Entre los factores que mantienen abierto el escenario aparecen las posiciones de los mandatarios Osvaldo Jaldo, de Tucumán, y Gustavo Sáenz, de Salta, cuyos legisladores pueden resultar decisivos.
El Congreso y la calle, en una jornada clave
La sesión del 15 de octubre busca tratar el rechazo del DNU 70/23, además de iniciativas vinculadas con la emergencia en discapacidad y el endeudamiento familiar. La convocatoria coincide con una nueva Marcha Federal Universitaria y con la movilización de distintos sectores afectados por las políticas del Gobierno.
El Senado ya había rechazado el decreto en 2024. Si Diputados también lo rechaza, el DNU perderá vigencia conforme al mecanismo establecido para los decretos de necesidad y urgencia. Por eso, el resultado de la sesión puede convertirse en un hecho político de relevancia para el conjunto del programa oficial.
El oficialismo, por su parte, busca desplazar el eje de la discusión y ganar tiempo con una agenda legislativa alternativa. El objetivo inmediato es evitar que la oposición consiga el quórum y que el decreto quede expuesto a un rechazo parlamentario definitivo.
La discusión excede la cuestión de las tierras. El megadecreto concentra una parte importante de las reformas desreguladoras impulsadas por Milei y su continuidad tiene consecuencias sobre múltiples ámbitos de la economía y la vida social.
Por eso, la jornada de este jueves será una prueba tanto para el Gobierno como para los bloques que anunciaron su intención de rechazarlo. Las negociaciones de último momento no reemplazan la responsabilidad de los diputados de dar una respuesta concreta frente a una norma que ya fue rechazada por el Senado.
La movilización frente al Congreso buscará expresar el rechazo social al ajuste, la pérdida de derechos y la entrega de los bienes comunes. La discusión no puede quedar encerrada en los acuerdos entre dirigentes: también se juega en las calles, con la participación de trabajadores, estudiantes, jubilados y organizaciones sociales.
