El paro de las patronales agrarias finalmente se llevó a cabo. Tras la advertencia lanzada días atrás, la Mesa de Enlace realizó su lock out (cese de comercialización de granos y ganado) arremetiendo y exigiendo más garantías para sus ganancias exorbitantes a un gobierno que les ha cedido en todo lo que pidieron. Una acción con epicentro en Entre Ríos pero que tuvo réplicas en otras ocho provincias.
La jornada que tuvo en el centro de la escena a Nicolás Pino -Sociedad Rural Argentina (SRA)-; Jorge Chemes -Confederaciones Rurales Argentinas (CRA)-; Carlos Achetoni -Federación Agraria (FAA)-; y Elbio Laucirica (Coninagro) comenzó ayer por la noche con una conferencia de prensa. En la ciudad de Gualeguaychú (Entre Ríos), en horas previas al tractorazo que se realizó hoy, Achetoni dijo: “Tenemos la convicción de que hay que dejar un mensaje claro, hasta acá llegaron sin rumbo ni norte. Nosotros pedimos que se expresen desde el gobierno, y desde la oposición también, ante una sociedad sumergida en esta inflación que golpea a todos los sectores. Nosotros queremos aportar soluciones, pero si no tenemos acceso a los combustibles, a los insumos, a la maquinaria, a los repuestos, a las cubiertas, difícilmente salgamos adelante como sector”.
Una declaración insolvente, como los pedidos que se hicieron presentes en la ruta 14. Es falso que las patronales agrarias, ligadas al ala dura del PRO, no han tenido acceso a los combustibles, lo tienen y con un subsidio a cuesta; con respecto a los insumos, ha sido de los sectores que accedió a los dólares “baratos” para realizar sus importaciones. A pesar de estas disposiciones garantizadas por el criterio político del gobierno, la Mesa de Enlace tiene entre sus componentes a los sectores que han dibujado cuantas veces pudieron las exportaciones realizadas. Y como frutilla del postre, hoy en día están especulando con la liquidación de granos a la espera de una nueva devaluación que los favorezca.
La respuesta del gobierno
El comportamiento de la Mesa de Enlace simula al de cualquier carroñero, el cuasi cadáver del frente de gobierno los impulsa a animarse por más. Como lo expresaron en su texto público previo a la convocatoria, exigen: “(…) menos intervenciones dañinas, que se baje el gasto público y que se ponga fin a la crisis energética”. Con menos intervenciones dañinas buscan que el cobro de las retenciones sea nulo, a pesar de que la carga tributaria sobre “el campo” hoy en día es un 33% más bajo que en 2015. La reducción de déficit fiscal es algo que consiguieron de forma previa con los anuncios de la flamante ministra Batakis.
Por su parte, en el día de hoy el gobierno no ha hecho más que declarar a sus funcionarios en diferentes medios. El jefe de Gabinete, Juan Manzur; el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández; el ministro de Agricultura – y gran lobbysta del sector-, Julián Domíguez y la vocera Gabriela Cerruti, apenas se han animado a decir que “es un paro político que no tiene sentido”. Una postura que se encuentra muy lejos de un confrontamiento contra los sectores que, como bien se denuncia, son los motivadores de que se puedan provocar devaluaciones producto de su especulación comercial. A tal punto es la entrega del gobierno, que los anuncios de Batakis del lunes de esta semana ni siquiera contemplaron la tibia medida pensada por Guzmán que iba a gravar las “ganancias extraordinarias”.
Se comprueba de este modo la orientación conservadora y pro mercado que el gobierno va tomando día a día. Las patronales agrarias apenas han hecho que los derechos de exportación aumenten un poco más del 30% en comparación con 2021. A pesar de que hoy la tonelada de soja, producto de los fenómenos que provocó la invasión de Rusia a Ucrania cotiza a U$S 591,57. La maximización de la ganancia que persiguen los sectores que componen la Mesa de Enlace no tiene freno y es justamente por eso que no se le puede ceder nada a quienes ganan cotidianamente con el hambre de un país donde existe más del 40% de pobreza.
Hay que recuperar el campo
Son tiempos donde se tienen que tomar medidas radicales. No es posible mantener las recetas ortodoxas que el FMI le baja al gobierno de Fernández si se quiere defender los ingresos de las mayorías sociales. Menos aún, mostrarse inmóvil contra las presiones de las patronales rurales.
Las retenciones son la medida a aplicar, no a esconder. Urge gravar a los sectores más concentrados del agro. Obviamente, como siempre lo reiteramos, diferenciando los medianos productores y los pequeños.
Pero como lo sostiene el MST en el FIT-Unidad, el programa requerido para resolver de forma estructural el problema de la tierra y la producción va más allá. Establecer el monopolio del comercio exterior por parte del Estado es otra de las políticas que se tienen que aplicar en la inmediatez para terminar con la especulación de los empresarios rurales. Conjuntamente, se tiene que imponer un plan de nacionalización de la tierra y reforma agraria, para terminar con la concentración en pocas manos. El regreso a un modelo que contemple la repartición de tierras para las comunidades, los trabajadores rurales y que defienda la producción familiar, bajo una perspectiva que prohíba la utilización de agrotóxicos, sólo es posible con las medidas mencionadas.