A pesar del enorme apoyo social a una legislación que regule el cuidado de este tipo de ecosistemas, el proyecto de ley concretado en el 2020 apenas fue debatido en una de las cuatro comisiones. Al cerrar el año legislativo el proyecto de ley perdería estado parlamentario.
Desde el año 2013 se han presentado diferentes proyectos para cuidar los 600.000 kilómetros cuadrados de humedales que existen en nuestro país. La actual iniciativa presentada en el 2020 sostiene la obligación del Estado en la creación de un inventario de estos terrenos, presupuestos mínimos para su conservación y el uso racional y sostenible de los mismos. Sin embargo, la falta de debate haría que la misma pierda estado parlamentario y se debería volver a comenzar todo nuevamente.
La historia sobre el tratamiento de una ley de humedales en Argentina es un claro ejemplo para comprender el peso del lobby empresarial ligado al agronegocio y la especulación inmobiliaria en nuestros territorios. Ni la destrucción de más de un millón de hectáreas en el año 2020 parece haber conmovido a algunos parlamentarios del Frente de Todos y de Juntos. Tampoco parece importarles demasiado que se trata de una ley que intenta regular el uso sobre ecosistemas estratégicos para un ambiente sano y que representan cerca del 22% de todo el territorio nacional.
Hasta la fecha el proyecto de ley se debatió solamente en la Comisión de Recursos Naturales y obtuvo aprobación; mientras que en las comisiones de Agricultura y Ganadería, Intereses Marítimos y Pesqueros, y Presupuesto y Hacienda ni siquiera fue mencionado.
La situación pone al oficialismo nacional en el lugar del mayor responsable político de la situación por dos motivos claves: por un lado, con excepción de la Comisión de Intereses Marítimos que es comandada por el diputado del PRO Juan Aicega, el resto son presididas por referentes propios. Mientras que otro de los motivos es la promesa en la segunda parte de la campaña electoral de decir “sí a la ley de humedales”, pero hasta ahora nada.
Al parecer no lograron conmoverlos las imágenes de los incendios que recorrieron el mundo, las nubes de humo que ahogaron ciudades enteras y las multitudinarias movilizaciones sobre el puente Rosario-Victoria y demás ciudades del litoral y el país. Tampoco las muestras científicas más rigurosas han conmovido a una clase política que sigue dando muestras de que legislan a favor intereses de las corporaciones extractivistas y no de los pueblos.
Mientras tanto, las denuncias sobre la venta de terrenos y ocupaciones ilegales en la Isla de Los Mástiles ubicadas en la provincia de Santa Fe y otras ventas en la zona de islas en Victoria, Entre Ríos constituyen negociados millonarios. Las mismas fueron realizadas por la Multisectorial por los Humedales de Rosario y El Paraná no se toca. Además, en los últimos días se dio a conocer la noticia de una plantación ilegal de maíz en la zona de Las Lechiguanas, provincia de Entre Ríos. Se trataba de una plantación de cinco mil hectáreas de humedales que fueron trasformadas en un campo de siembra de maíz, donde se hallaron además máquinas cosechadoras y silo bolsas. Los responsables son Fabio Ernesto Di Fonzo y Juan Pedro Nazar, que ya tienen denuncias en su contra por el mismo motivo pero siguen impunes.
Redoblar las fuerzas
El discurso de protección ambiental del Frente de Todos se diluye en el aire con el correr de los días. A la fecha podemos decir que Alberto es un aliado de las corporaciones del agronegocio, inmobiliarias y otras dedicadas a actividades extractivistas como las mineras. Las falsas promesas de campaña no pueden ocultar lo que la realidad deja a la vista de todas y todos: una política productiva orientada a subsidiar la extracción de commodites para generar divisas que luego irán a caja fuerte del FMI.
La negación al debate de la ley de humedales no es un hecho aislado, tampoco responde a la “falta de correlación de fuerzas”. Por el contrario, es síntoma de la anterior definición política productiva que mencionamos y a la que el Frente de Todos – también las demás fuerzas partidarias como el radicalismo o el falso socialismo- han adherido de conjunto y sin críticas.
Es tiempo de redoblar las fuerzas, de utilizar a nuestro favor la gran elección del Frente de Izquierda Unidad que denunció sin titubeos a la lógica del extractivismo que destruye nuestros territorios.
En síntesis, para evitar que los ricos destruyan el planeta en complicidad con viejas estructuras partidarias, debemos redoblar las fuerzas de movilización para ganar. Tenemos el saber para iniciar una transición productiva a favor de las mayorías, sabemos por qué hacerlo y comprendemos que el mejor método es ampliando las instancias de movilización y escuchando la voz de los pueblos afectados.
Debemos saber avanzar en puentes con la clase trabajadora que saldrá a decirle no al FMI en todo el país en los próximos días, con las organizaciones campesinas independientes de los gobiernos, los procesos de autoconvocatoria de docentes y trabajadores de salud, etc. Avanzar en esa unidad es una necesidad directa en la estrategia de cuidar el planeta del interés de los capitalistas que priorizan sus ganancias por sobre nuestras vidas y nuestros territorios. Es tiempo de lograr la mayor coordinación nacional e internacional para cuidar nuestros humedales y el planeta.