El pasado martes 19 de mayo la UNPA-UARG fue escenario de un hecho de violencia extrema, cuando un estudiante fue apuñalado por un trabajador nodocente dentro del campus. La disputa, que comenzó como un caso de acoso por parte del nodocente hacia la novia de la víctima (también estudiante de la universidad), escaló alarmantemente por dos factores: fallas sustanciales en el protocolo de género de la universidad y abandono en problemáticas de salud mental.
Una vez que la noticia llegó a la comunidad universitaria, la reacción del estudiantado no se hizo esperar, repudiando fuertemente el hecho y, radicalizados, exigiendo acciones ante esto. Desde el Centro de Estudiantes convocamos a una asamblea estudiantil para el día 21 de mayo, que contó con alrededor de 150 personas: docentes, nodocentes y estudiantes, siendo estos últimos la mayoría. Nuestra posición como La Marea fue clara: fue una situación de violencia de género que no fue atendida debidamente por la institución y una problemática de salud mental totalmente desatendida. Todo esto llevó a la víctima a defender a su novia del acoso constante que la misma sufría en el campus.
La asamblea sirvió como el espacio de organización, reflexión y escucha que los estudiantes necesitaban, en donde además se aprobaron propuestas como: participación estudiantil en la Dirección de Género, más presupuesto para todo lo que conlleva políticas de género en la universidad y la creación de un gabinete de salud mental y enfermería en nuestra unidad académica.
En la madrugada del 22 de mayo, nos llega la lamentable noticia de la liberación del nodocente. Nuestra acción inmediata fue repudiar el acto de la justicia inoperante: suelta al criminal a menos de 48 horas de lo acontecido y con nuestro compañero aún internado y recuperándose. Además, se solicitó, a la decana y rectora, la suspensión de la actividad académica para los días 22 y 23 de mayo. Dicha suspensión se logró gracias a la presión ejercida por los estudiantes, nuestra agrupación y consejeras para resguardar a la comunidad universitaria.
Entonces convocamos a una movilización exigiendo justicia para nuestro compañero y detención inmediata del victimario. En la misma participaron, además de la familia de la víctima, estudiantes, docentes y nodocentes, mostrando solidaridad y apoyo a la víctima. Es imposible no pensar en que algunas cosas se podrían haber evitado si la universidad contará con un presupuesto digno y de acuerdo a las múltiples necesidades, hoy desatendidas, de la comunidad. Un presupuesto digno para que se concurse el cargo de Directora de Género y sea ocupado por una persona con dedicación exclusiva; que permita la creación de un gabinete de enfermería que atienda de manera más práctica e inmediata las urgencias de los estudiantes; que posibilite la creación de un gabinete de salud mental en el que puedan trabajar profesionales con salarios dignos.
Por todo esto, la exigencia de la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario no es un capricho, es una urgencia vital.
Para finalizar, lo que se tiene que discutir más profundamente no es el nombre de los responsables, si no el modelo universitario de fondo en todo esto. Se trata de un modelo que no contempla las necesidades de los estudiantes, que junto a un contexto nacional en el que se piensa más en cómo acortar las carreras con la implementación del SACAU o como privatizar las universidades, deja totalmente de lado a su comunidad.
Casos como el ocurrido en la UNPA-UARG no solo reflejan el ajuste y la violencia a la que estamos sometidos día a día, si no también, el desamparo estructural que sufren las universidades nacionales. Sostenemos que hay que plantear un nuevo modelo universitario que priorice al estudiante, sin burocracia institucional, con perspectiva de género en las carreras, con políticas reales para abordar la salud mental de su comunidad, entre otras cosas.
Es por eso que invitamos a todos a organizarse y dar la lucha por la universidad que merecemos: pública, gratuita y de real calidad.
Valentina Rodríguez
