Muchas de nuestras universidades están atravesando un proceso de transformación silenciosa que, bajo las falsas promesas de “modernización”, “flexibilidad” e “internacionalización”, amenaza con alterar de raíz la esencia de la educación superior. Cuando hablamos de SACAU no estamos ante un fenómeno aislado ni ante una mera actualización técnica de los planes de estudio; lo que hoy vivimos en nuestras facultades es el último eslabón de una larga cadena de reformas estructurales cuya matriz histórica se remonta a la década de los noventa.
El hilo conductor: de la LES al SACAU
Para comprender el impacto de las actuales reformas es indispensable trazar una línea de tiempo, el punto de partida ineludible es la sanción de la Ley de Educación Superior (LES 24.521) de 1995 que es el marco regulatorio general nacido bajo el signo del ajuste neoliberal menemista. Esta ley sentó las bases para concebir a la educación superior no como un derecho humano universal, sino como un servicio comercializable. Fue la LES la que abrió la puerta a las agencias de evaluación externa (CONEAU), a los estándares restrictivos y a la lógica de mercado.
Pero no se quedaron ahí, en 2018 mediante la Resolución Ministerial N° 1254/2018 (El recorte de las “Actividades Reservadas”) el Ministerio de Educación redefinió de manera sumamente restrictiva las actividades exclusivas para los títulos incluidos en el Artículo 43 de la LES. Al fijar un criterio de mínimos, los títulos de grado dejan de certificar una formación integral para enfocarse solo en lo que el Estado considera “de riesgo directo”. Es la base para la “tecnicalización”: el título de grado legal se devalúa y el resto del conocimiento profundo se desplaza hacia posgrados arancelados.
Y ahora, el siguiente gran paso que han dado es la Resolución N° 2598/2023 casi tres décadas después de la LES, esa misma matriz que ningún gobierno se atrevió a derogar, se sofistica mediante la implementación obligatoria del Sistema Argentino de Créditos Académicos Universitarios, SACAU. Es importante destacar que el SACAU no surge del debate genuino en las aulas ni de las necesidades de las comunidades regionales; viene formateado como una exigencia de estandarización. Su objetivo explícito es convertir las horas de cursada tradicionales en “créditos” equivalentes y transferibles (CRE – Crédito de Referencia del/la Estudiante). El tiempo total incluye las horas de interacción entre docentes y estudiantes y todo el trabajo autónomo que se espera que quien estudia realice; por ejemplo, el tiempo de lectura, de preparación de trabajos prácticos y de estudio para los exámenes1. Bajo este esquema métrico, 1 CRE equivale estrictamente a 25 horas de trabajo.
La privatización del esfuerzo: Desarmando la Ilusión de la “Flexibilidad”
Ahora bien, esas “horas de trabajo autónomo” ya existen actualmente; lo que exige esta reforma es recortar las horas que tenemos los estudiantes en el aula con un docente, que pasarían a dividirse entre instancias presenciales y virtuales. Esto no sólo causa una transformación profunda de las condiciones laborales y pedagógicas de los y las docentes (precarización y flexibilización de su rol), sino que requiere más tiempo de un “trabajo autónomo” que, dicho mal y pronto, significa leer PDFs solos en nuestras casas.
Además, impone una cuatrimestralización forzada de todas las materias de los planes de estudio, sin dar lugar a una discusión sobre las particularidades que cada asignatura requiere. ¿Quién que estudie y trabaje puede sostener un ritmo express donde la explicación docente en el aula se reduce al mínimo? ¿Y si tenés familiares a cargo? Si el tiempo libre en el hogar es un lujo que no todos pueden pagar, esta flexibilidad se vuelve una trampa elitista. Es el ejemplo de la carrera de arquitectura de la UNC, donde en su primera etapa de aplicación el nuevo plan de estudios reduce el 90% de las materias de los primeros años a cuatrimestrales.
Asimismo, esta reforma implica la reducción de la duración de las carreras de grado, que pasarán a ser de 4 años con títulos intermedios de dos o tres años. De esta forma, habrá una enorme transferencia de contenidos desde las carreras de grado gratuitas hacia los posgrados, que son pagos. Esto solo tiene una traducción fáctica: hay una búsqueda explícita de la elitización de nuestras facultades.
El Ejemplo de Psicología
Para observar este impacto de forma tangible, basta con tomar como espejo lo que ocurre en carreras reguladas como la Licenciatura en Psicología o la Licenciatura en Trabajo Social. Nos encontramos con propuestas de nuevos planes de estudio que reducen asignaturas anuales e integrales a pequeños bloques express de 50 o 60 horas cuatrimestrales23. Para volver digerible este retroceso pedagógico, las gestiones universitarias utilizan las demandas genuinas de los estudiantes de la necesidad de incorporar a los planes de estudio por ejemplo, la perspectiva de género o que la investigación sea en base a una práctica social situada y los insertan con títulos grandilocuentes en porciones horarias insignificantes. Demagogia on demand.
Sin embargo, el tiempo pedagógico no se estira por decreto. En un bloque de 50 horas es materialmente imposible entablar un cuerpo a cuerpo con los textos fuente, procesar los debates epistemológicos o profundizar en las corrientes clínicas. La consecuencia directa es obtener un goteo superficial de contenidos donde se reemplaza la rigurosidad científica por fichas de cátedra pre-masticadas, resúmenes express y apuntes de apuro. Al unísono, se mutila la capacidad de investigación autónoma y se elimina el trayecto de pensamiento crítico que antes coronaba la carrera a través del Trabajo Integrador Final o la Tesina, reduciendo el perfil del egresado al de un mero operario técnico a demanda para cubrir las 5 actividades de riesgo que fijó la Resolución 1254/18.
¿Y nuestros órganos de cogobierno?
Como ya dijimos este proceso de transformación académica no es producto de un proceso genuino de organización de la comunidad educativa, sino un proyecto impulsado desde los distintos gobiernos nacionales y las autoridades universitarias de la mano de los organismos internacionales. Aunque sus impulsores intentan venderlas como una solución mágica al bajo egreso universitario y a la falta de movilidad estudiantil, estas reformas no son otra cosa que una contrarreforma universitaria que atenta contra los principios fundantes de la Reforma de 1918.
Estamos viviendo diferentes procesos de discusión en las facultades del país, con supuestos espacios de participación y de debate, pero ninguna instancia por más democrática que parezca puede modificar lo establecido por la resolución ministerial. Es decir, la comunidad educativa está discutiendo sobre decisiones ya tomadas.
Es que los rectores necesitan hacer pasar las reformas por los consejos directivos y los consejos superiores. Pero quienes estamos participando de esos espacios sabemos perfectamente que no se puede proponer ninguna modificación de planes que atenten contra la regla general: recorte de años de cursado, recorte de horas de cursado, cuatrimestralización de cátedras e implementación del sistema de créditos. Los órganos de cogobierno pierden así su soberanía real y política. No están gobernando el destino de nuestras carreras de manera democrática; lejos de encarnar aquel espíritu de vanguardia estudiantil, autonomía y decisión soberana conquistado en 1918, los Consejos han quedado reducidos a meras escribanías administrativas destinadas a convalidar y votar a libro cerrado enlatados ministeriales que se diseñaron fuera de la universidad.
El plan de estudios deja de ser una formación integral para convertirse en una adquisición de paquetes de contenidos estandarizados. Lo que no entre en las competencias básicas de mercado es desplazado hacia trayectos semiestructurados u optativos, debilitando el pensamiento crítico del futuro profesional. El horizonte apunta a formar “recursos humanos” adaptables, flexibles y precarios, orientados exclusivamente a la productividad inmediata requerida por el capital, en lugar de formar profesionales capaces de transformar la realidad social.
La necesidad de recuperar nuestros espacios para la lucha
Frente a esto, la salida debe ser colectiva. Debemos rechazar esta reforma instalando el debate en cada aula y en cada pasillo. Una verdadera transformación no es vaciar las aulas y entregar títulos devaluados para que terminemos estudiando solos frente a una pantalla; la verdadera transformación se defiende exigiendo la presencialidad plena como eje igualador, boleto estudiantil gratuito, presupuesto real para cargos docentes, más comisiones, más horarios accesibles para los trabajadores y una formación científica rigurosa comprometida con las necesidades de nuestro pueblo. Necesitamos recuperar nuestras herramientas de organización estudiantil, nuestros Centros de Estudiantes, las representaciones en los Consejos Directivos y Superiores, y las Federaciones Universitarias y esto implica desterrar por completo los modelos de representación vacíos, dóciles e institucionales que reducen la vida gremial a la gestión burocrática de servicios. Exige construir un movimiento estudiantil:
- Abierto y profundamente democrático: Donde las decisiones fundamentales sobre el destino de nuestras carreras y planes de estudio no se discutan a puertas cerradas, sino a través de asambleas, debates en comisiones y espacios comunes donde cada estudiante tenga voz y decisión real.
- Consejeros y representantes que consulten: Que entiendan el mandato de representación no como un cheque en blanco para negociar a espaldas de la comunidad, sino como una responsabilidad delegada sujeta a la consulta permanente. Necesitamos representantes estudiantiles que pongan el cuerpo día a día, que recorran las comisiones, que conozcan las realidades materiales de quienes estudian, trabajan o cuidan.
- Recuperar Centros y Federaciones Universitarias: Es fundamental sacar a nuestros Centros de Estudiantes y Federaciones regionales del estado de letargo y parálisis institucional en el que las han sumergido las conducciones actuales. Debemos recuperarlas como herramientas de lucha dinámicas y coordinadas que unifiquen los reclamos de todas las facultades, articulando la resistencia estudiantil con los trabajadores docentes y no docentes frente al ajuste generalizado.
Al servicio de esto estamos convocando a construir un reagrupamiento nuevo, LA ZURDA, una nueva corriente universitaria democrática, combativa, de unidad en la diversidad, independiente de las autoridades que aplican el ajuste y que ponga por delante el bien común de las y los estudiantes.
Eleonora Rebord
