La semana política comenzó con una postal que intentó transmitir normalidad, pero que terminó exponiendo algunas grietas internas de la gestión libertaria. Javier Milei regresó a la Casa Rosada para encabezar una reunión de Gabinete, un hecho que no sucedía desde hacía 45 días. El presidente retomó la actividad presencial en Balcarce 50 tras mantenerse recluido durante más de 10 días en la Quinta de Olivos, un ostracismo político que apenas fue interrumpido por sus recientes y controversiales apariciones en la cumbre del Council of the Americas y en la Bolsa de Cereales de Rosario.
En aquellos escenarios empresariales, el mandatario pronunció discursos cargados de tensión, donde negó de forma tajante que los trabajadores no lleguen a fin de mes y minimizó cualquier síntoma de crisis. En un clima enrarecido, cruzado por el malestar de un sector del empresariado, la inquietud de los mercados y el escándalo internacional que salpica a su entorno más íntimo por el caso del operador digital Fernando Cerimedo, el jefe de Estado buscó ordenar las filas de un gobierno que acusa el impacto de sus propias contradicciones.
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Una reunión de gabinete con sillas vacías
La reunión de este lunes no contó con la asistencia perfecta del pasado 9 de julio (día de la última de estas reuniones). La mesa ministerial tuvo ausencias de peso que evidencian cortocircuitos en el seno del poder libertario. La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello (tal vez la funcionaria con mayor llegada directa al presidente), priorizó su agenda propia y viajó a Salta para mostrarse junto al gobernador Gustavo Sáenz. En la misma línea, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, se ausentaron para asistir a la presentación del nuevo Código Procesal Penal en Misiones, provincia gobernada por Hugo Passalacqua.
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Sin embargo, el vacío más resonante y político fue el de Santiago Caputo. Fue la primera ausencia del asesor estrella a una reunión de gabinete, un faltazo que se da en medio de una feroz interna con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. La hermanísima le ha recortarle poder de forma sistemática. Uno de estos últimos movimientos fue el arrebatarle el control de la comunicación estratégica del gobierno para dejarla en manos del videógrafo Santiago Oría. Más allá de las formalidades, la dinámica diaria de la Casa Rosada deja entrever quién está marcando el pulso de la gestión. La balanza del poder se inclina hacia Karina, cuya Mesa Política de los martes funciona hoy como un paso obligado para cualquier funcionario que desee asegurar su silla en el gabinete.
El choque por la “empatía” y el delirio de los televisores
Abstraído en su propia realidad, Milei utilizó la reunión para reafirmar su rumbo ortodoxo. Bajó una directiva clara: ordenó a sus ministros que inunden los medios de comunicación y las redes sociales para defender los resultados de la gestión y confrontar activamente las críticas.
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Esta postura de intransigencia desató un fuerte cruce con Patricia Bullrich. La jefa del bloque libertario en la Cámara Alta, quien también fue invitada a la reunión, le reclamó al presidente mayor “empatía” a la hora de comunicar las medidas económicas, advirtiendo sobre las dificultades cotidianas que atraviesan las familias y las pymes, en un claro cálculo político de cara a las elecciones legislativas de 2027. Fiel a su estilo dogmático, el presidente rechazó el planteo de plano, tildando el pedido de comprensión social como un acto de “populismo” y sentenciando que “para ganar no se hacen trampas“.
El punto más álgido de la desconexión presidencial con la realidad giró en torno al alarmante crecimiento de la morosidad crediticia en los hogares del país. Para el mandatario, la incapacidad de pago actual no responde a un problema estructural, ni a la licuación de los ingresos. Según su particular tesis, reflotada tanto en Rosario como ante sus ministros, el problema radica en que la gente “se endeudó por el Mundial” comprando televisores. Bajo esta insólita premisa, Milei encuadró el ahogo financiero de los hogares como un fenómeno extraordinario y dejó en claro que su gobierno no implementará ningún salvataje, regulación ni programa de ayuda para el universo de los endeudados.
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La radiografía del endeudamiento: los números que el Gobierno niega
Frente al diagnóstico oficial, la realidad material de la mayoría trabajadora describe un escenario drásticamente más crítico. El discurso presidencial contrasta contra los relevamientos que miden la economía real, más allá de los limitados registros del sistema financiero formal.
Según el último informe del Instituto de Estadísticas y Tendencias Sociales y Económicas (IETSE), el panorama de asfixia es generalizado:
- Alcance masivo: Casi 6 millones de personas en Argentina se encuentran actualmente en situación de mora o atraso grave en el pago de sus deudas.
- Hogares comprometidos: El 92,3% de los hogares en todo el país registra algún tipo de deuda.
- Acumulación de obligaciones: El 28,4% de los hogares endeudados acumula más de tres obligaciones impagas. Esta cifra marca un salto alarmante, ya que era del 23,5% en marzo y de apenas el 12% en mayo del año pasado.
- Capacidad de pago quebrada: El 88,9% de las obligaciones relevadas se encuentra impaga o en situación de incumplimiento. Apenas un 11,1% permanece en condición regular, y el 41,3% ya ingresó en instancia judicial.
- Presión sobre el salario: El 44% de los hogares destina más de la mitad de lo que gana mensualmente de forma exclusiva al pago de deudas.
- Deuda para comer: El endeudamiento se desplazó trágicamente hacia los consumos básicos. El 62,5% del uso de las tarjetas de crédito se destina actualmente a la compra de alimentos, desmintiendo la teoría de los televisores y el Mundial.
- Economía informal: El 49,3% de las deudas detectadas queda fuera del radar del Banco Central, incluyendo atrasos en alquileres, boletas de servicios, impuestos y el “fiado” en comercios de barrio.
La urgencia parlamentaria y la respuesta en las calles
El reordenamiento interno del oficialismo responde a una urgencia de supervivencia política. El gobierno necesita desesperadamente una victoria legislativa sin contratiempos que borre el durísimo revés sufrido el pasado 6 de agosto, cuando la movilización y la bronca popular obligó a mutilar la Ley de inviolabilidad de la propiedad privada.
Con ese objetivo, los dispositivos de discusión libertaria se encendieron al máximo. La Mesa Política intentará blindar la agenda parlamentaria, seguida de un cónclave del presidente con los diputados y senadores oficialistas para alinear estrategias. Todas las fichas están puestas en la sesión de la Cámara Baja, donde el Ejecutivo intentará conseguir la media sanción para la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y el nuevo Régimen de Inocencia Fiscal.
Sin embargo, el escenario legislativo es un campo minado. Ocho bloques opositores (desde Frente de Izquierda hasta Unión por la Patria y Encuentro Federal) preparan una maniobra reglamentaria para emplazar a las comisiones y obligar el tratamiento en el recinto de más de 30 proyectos orientados a solucionar la crisis de la morosidad familiar, intentando sumar también la urgente prórroga de la emergencia en discapacidad.
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El gobierno atraviesa uno de sus momentos de mayor debilidad y encrucijada. Mientras las presiones por arriba se agudizan y los aliados del oficialismo le marcan la cancha, el descontento popular crece por abajo frente a un modelo recesivo que pulveriza salarios y un presidente que elige la burla frente al hambre. Esa desconexión absoluta entre el palacio y la calle sigue acumulando tensiones, pero el descontento no se organiza solo. Para que esa bronca no se apague hay que hacerla que encuentre su cauce. Y uno de estos caminos para que suceda es el próximo 19 de septiembre en la Gran Marcha de la Bronca en todo el país.
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