El Gobierno prepara un nuevo plan de retiros voluntarios para reducir todavía más la planta permanente del Estado nacional. Ya son alrededor de 74 mil los trabajadores estatales que perdieron sus puestos desde el inicio de la gestión de Javier Milei, mientras los salarios del sector acumulan una fuerte pérdida frente a la inflación. Detrás de la supuesta “voluntariedad”, los gremios denuncian un mecanismo de presión sostenido por el ajuste salarial y el deterioro de las condiciones laborales.
El Gobierno de Javier Milei prepara un nuevo decreto para abrir una tanda de retiros voluntarios para trabajadores de la administración pública nacional y organismos descentralizados. La inscripción comenzaría en noviembre y la iniciativa es impulsada por Federico Sturzenegger, uno de los principales responsables del programa de reducción del Estado que lleva adelante la gestión libertaria.
La medida llega después de casi tres años de una política sistemática de reducción de la planta estatal. Según los datos publicados, 74 mil trabajadores estatales perdieron su empleo durante la gestión de Milei, lo que representa una reducción cercana al 21% de la dotación. Para alcanzar ese objetivo, el Gobierno combinó la no renovación de contratos, retiros voluntarios, despidos y pases a disponibilidad.
¿Qué tiene de voluntario?
El Gobierno presenta estos programas como una decisión individual de cada trabajador. Pero la realidad que denuncian los sindicatos es bastante diferente. Los trabajadores estatales vienen soportando una fuerte pérdida del poder adquisitivo. Los salarios del sector se encuentran entre un 21% y un 40% por debajo del nivel que tenían cuando Milei llegó al Gobierno. La licuación salarial se convierte así en una herramienta para empujar a los trabajadores hacia la salida.
El mecanismo es sencillo: se deterioran las condiciones laborales, se reducen los ingresos, se recortan adicionales y se instala un clima permanente de incertidumbre. Después, el Gobierno ofrece una indemnización en cuotas y presenta la salida como “voluntaria”.
El caso reciente de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia resulta ilustrativo. Allí se eliminaron complementos salariales que, según los gremios, forman parte de los ingresos habituales de los trabajadores, provocando reducciones de hasta el 40% en algunos salarios.
Un Estado cada vez más chico para los trabajadores
La motosierra de Sturzenegger no tiene como único objetivo reducir el número de empleados públicos. Forma parte de un proyecto más amplio de vaciamiento de organismos estatales y transferencia de funciones hacia el sector privado.
Vialidad Nacional es uno de los ejemplos más evidentes. El Gobierno abrió una nueva etapa de retiros voluntarios mientras avanza con el desguace del organismo y prepara el terreno para que empresas privadas se hagan cargo del mantenimiento y los peajes de buena parte de las rutas nacionales.
El resultado es una ecuación conocida: menos trabajadores, menos capacidad estatal y más negocios para empresas privadas. La pregunta que debería hacerse el Gobierno no es solamente cuánto dinero puede ahorrar despidiendo trabajadores, sino qué servicios deja de prestar el Estado y quién termina ocupando ese lugar.
El ajuste también se paga con trabajo
El discurso libertario presenta al trabajador estatal como parte del supuesto problema del “gasto público”. Pero detrás de cada puesto eliminado hay una persona que pierde su ingreso y, al mismo tiempo, una función estatal que puede quedar sin cubrir.
La reducción de personal en organismos públicos no ocurre en el vacío. Afecta hospitales, escuelas, rutas, organismos de seguridad social, áreas de niñez, ciencia, infraestructura y múltiples servicios que dependen del trabajo cotidiano de miles de empleados.
Por eso, discutir la cantidad de trabajadores públicos implica discutir también qué Estado necesita la sociedad y para quién funciona.
La respuesta está en la organización
Este martes, además, los estatales realizarán un cese de tareas y movilizarán junto a organizaciones gremiales, sociales y políticas. La protesta se inscribe en una pelea más amplia contra las políticas de ajuste y privatización del Gobierno.
La experiencia demuestra que ningún derecho laboral fue concedido voluntariamente por los gobiernos de turno. Si el objetivo de Milei es profundizar la motosierra, la respuesta de los trabajadores no puede ser aceptar individualmente la salida, sino organizarse colectivamente para defender cada puesto de trabajo.
Porque detrás de cada “retiro voluntario” hay un trabajador que pierde estabilidad y derechos. Y detrás de cada organismo vaciado hay una función pública que queda disponible para el negocio privado.
La motosierra puede cambiar de nombre, pero el objetivo sigue siendo el mismo: menos trabajadores, menos derechos y más Estado al servicio del capital.
