Bettina Angeletti, esposa de Manuel Adorni, registró gastos por $18 millones en septiembre y acumuló más de $58,6 millones entre junio y ese mes. Los datos del Banco Central fueron incorporados por la diputada Marcela Pagano a una ampliación de la denuncia por presunto enriquecimiento ilícito. La presentación vuelve a poner en cuestión el dictamen del fiscal Gerardo Pollicita, que descartó esa hipótesis y pidió trasladar la investigación al fuero Penal Económico.
Los números que no cierran
Mientras el Gobierno de Javier Milei exige sacrificios a trabajadores, jubilados y sectores populares, los movimientos patrimoniales del matrimonio Adorni siguen acumulando preguntas. Bettina Angeletti, esposa del exjefe de Gabinete, registró gastos por $18 millones durante septiembre, el último período disponible en la Central de Deudores del Banco Central. Entre junio y septiembre de 2026, los montos informados a su nombre sumaron $58.654.000.
Los datos fueron presentados por la diputada Marcela Pagano, quien amplió la denuncia original por presunto enriquecimiento ilícito e incorporó a Angeletti como posible persona interpuesta para disimular el patrimonio del matrimonio. La presentación llegó después de que el fiscal Gerardo Pollicita considerara que no había elementos suficientes para sostener la acusación de enriquecimiento ilícito contra Adorni y solicitara que la causa pasara al fuero Penal Económico para investigar una posible evasión tributaria.
El nuevo planteo vuelve a poner en evidencia las preguntas que el dictamen fiscal dejó sin responder: ¿de dónde salen los fondos que permiten sostener semejante nivel de gastos? ¿Cómo se compatibilizan esos movimientos con los ingresos declarados por el matrimonio? ¿Por qué la investigación se detuvo precisamente cuando todavía quedaban períodos y operaciones por analizar?
La información de la Central de Deudores del Banco Central muestra una evolución significativa de los gastos registrados a nombre de Angeletti:
- Abril: $3.925.000.
- Mayo: $5.306.000.
- Junio: $13.863.000.
- Julio: $13.466.000.
- Agosto: $13.325.000.
- Septiembre: $18.000.000.
En apenas cuatro meses, entre junio y septiembre, los montos sumaron más de $58,6 millones, con un promedio mensual de $14,6 millones. Además, septiembre marcó el máximo de la serie.
Un dato relevante es que esos saldos aparecen cancelados en tiempo y forma, según la información publicada. Es decir, no se trata solamente de consumos o deudas acumuladas: son compromisos financieros que pudieron ser afrontados.
La presentación compara estos movimientos con los ingresos lícitos que el propio dictamen de Pollicita había considerado para el matrimonio durante el período investigado. Según esa reconstrucción, los ingresos computados fueron de aproximadamente $229,7 millones en 30 meses, un promedio inferior a los $8 millones mensuales para ambos cónyuges.
La diferencia entre esos ingresos y los gastos posteriores de Angeletti merece una explicación. No demuestra por sí sola la existencia de un delito, pero constituye un elemento concreto que justifica profundizar la investigación.
Pollicita cerró una puerta antes de revisar todo
El dato más significativo es el momento en que aparecen estos movimientos. Los gastos más elevados corresponden a los meses posteriores al cese de Adorni como funcionario, ocurrido el 27 de junio de 2026.
El fiscal dejó afuera de su análisis un período que también debe ser considerado en una investigación por enriquecimiento ilícito. El artículo 268 del Código Penal contempla el incremento patrimonial producido durante el ejercicio de la función pública y hasta dos años después de haber cesado en ella.
En ese contexto, la hipótesis de una posible evasión tributaria no debería reemplazar la investigación por enriquecimiento ilícito: si existieron fondos no declarados, todavía debe establecerse su origen y cómo fueron utilizados.
El dictamen de Pollicita no equivale a un sobreseimiento, pero su decisión de apartar la hipótesis de enriquecimiento ilícito representa un alivio para el exfuncionario y para el Gobierno. La ampliación de la denuncia vuelve a plantear que la investigación no debería darse por terminada mientras existan movimientos patrimoniales sin explicación.
Los privilegios detrás del discurso de la motosierra
El caso tiene una dimensión política que excede las cuentas bancarias de un matrimonio. Adorni fue uno de los principales voceros del ajuste impulsado por Milei y ocupó un lugar central en la defensa pública de un programa económico que recortó ingresos, deterioró servicios públicos y descargó buena parte de sus consecuencias sobre trabajadores y jubilados.
Mientras se reclama austeridad a la población, las explicaciones sobre el patrimonio del exfuncionario siguen sin despejar los interrogantes. La discusión no consiste en cuestionar el derecho de una familia a consumir o disponer de sus ingresos, sino en exigir que quienes ocuparon cargos públicos expliquen el origen de sus bienes y cumplan con las mismas obligaciones fiscales que el resto de la sociedad.
También resulta preocupante el papel de la Justicia. Pollicita decidió descartar la hipótesis de enriquecimiento ilícito sin que se hubieran despejado todas las dudas sobre los movimientos financieros. Ahora, los nuevos datos obligan a preguntarse por qué no se profundizó el análisis antes de solicitar el cambio de fuero.
El juez Lijo tiene la posibilidad de ordenar que se investiguen los gastos, las declaraciones patrimoniales y los movimientos bancarios posteriores al cese de Adorni. La intervención de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas también fue reclamada para revisar el rumbo de la causa.
La impunidad no se construye solamente cuando se archiva una investigación: también puede avanzar cuando se la fragmenta, se la limita o se dejan sin investigar los aspectos más incómodos.
La motosierra para los de abajo y las explicaciones flexibles para los de arriba: una postal de los privilegios que el Gobierno prometió combatir y que la Justicia todavía tiene la obligación de investigar.
