El exsenador fue condenado en Paraguay a dos años de prisión en suspenso por intentar ingresar más de 200.000 dólares sin declarar. Sin embargo, el fallo representa apenas el primer capítulo de una trama que incluye sospechas de lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y la presunta compra de voluntades políticas para garantizar la aprobación de la Ley Bases de Javier Milei.
La Justicia paraguaya condenó al exsenador Edgardo Kueider a dos años de prisión en suspenso por tentativa de contrabando de divisas, luego de ser encontrado culpable de intentar ingresar al país más de 200.000 dólares sin declarar. También fue condenada su exsecretaria y pareja, Iara Guinsel Costa.
La sentencia constituye la primera condena judicial contra quien hasta hace pocos meses ocupaba una banca en el Senado argentino. Pero difícilmente sea la última. Sobre Kueider pesan además investigaciones por presunto lavado de activos, enriquecimiento ilícito y su presunta participación en la causa Securitas, donde la Justicia argentina investiga el pago de coimas vinculadas a contrataciones públicas en Entre Ríos.
El senador que le dio una mano a Milei
El nombre de Kueider quedó definitivamente asociado a uno de los momentos más importantes del primer año del gobierno libertario: la aprobación de la Ley Bases.
Elegido como senador por el peronismo entrerriano, terminó convirtiéndose en uno de los aliados decisivos de Javier Milei. Su voto fue clave para que el oficialismo lograra avanzar con una reforma que abrió la puerta a privatizaciones, desregulación económica, flexibilización laboral y un paquete de beneficios para los grandes grupos empresarios.
Pocos meses después, el exsenador fue detenido en Paraguay con una mochila que contenía más de 200.000 dólares, además de pesos argentinos y guaraníes sin declarar. La imagen recorrió el país y alimentó las sospechas sobre el origen del dinero y los vínculos entre su patrimonio y sus decisiones políticas.
Mucho más que contrabando
El fallo paraguayo sanciona únicamente el intento de ingresar divisas sin declarar. Sin embargo, la investigación judicial apunta mucho más arriba.
La fiscalía argentina sostiene que existen indicios de un entramado de lavado de dinero mediante empresas, operaciones inmobiliarias y sociedades utilizadas para ocultar el origen de fondos presuntamente obtenidos a través de hechos de corrupción. Entre las causas abiertas aparece la investigación sobre presuntas coimas pagadas por la empresa de seguridad Securitas para obtener contratos con organismos públicos entrerrianos.
La condena, por lo tanto, no cierra el caso. Apenas confirma uno de los eslabones de una cadena de operaciones que todavía debe ser esclarecida.
¿Se compró un voto en el Senado?
Uno de los interrogantes políticos más importantes continúa sin respuesta. La detención de Kueider y el crecimiento de su patrimonio reforzaron las sospechas sobre una posible contraprestación económica por su apoyo parlamentario a la Ley Bases. Hasta el momento no existe una condena sobre ese punto, pero se debe investigar si detrás de aquel voto decisivo existieron pagos o beneficios ilegales.
No se trata de una discusión menor. La Ley Bases modificó aspectos centrales de la economía argentina y favoreció el programa de ajuste impulsado por el gobierno de Milei. Si uno de los votos que permitió su aprobación estuvo atravesado por hechos de corrupción, el escándalo adquiere una dimensión institucional mucho mayor.
La corrupción del sistema político
Desde el oficialismo intentaron presentar el caso como un problema exclusivamente individual o vinculado al pasado peronista de Kueider.
Sin embargo, el exsenador dejó de responder políticamente al PJ mucho antes de su detención y pasó a transformarse en un aliado estratégico del Gobierno. Su voto fue celebrado por La Libertad Avanza cuando resultó funcional para aprobar las reformas libertarias.
Al mismo tiempo, el caso vuelve a exponer cómo distintos sectores de los partidos tradicionales terminan confluyendo cuando se trata de garantizar los negocios de las grandes empresas y el programa de ajuste.
Que paguen todos los responsables
La condena representa un paso importante, pero claramente insuficiente. No alcanza con castigar al portador de una mochila repleta de dólares si permanece intacta la red política y empresarial que hizo posible esas maniobras. La investigación debe avanzar sobre el origen de los fondos, los vínculos con empresarios, las responsabilidades de quienes facilitaron esas operaciones y, especialmente, sobre las sospechas de compra de voluntades parlamentarias.
Porque el problema no es solamente un senador corrupto. Es un régimen político donde los negocios privados, las coimas y el lobby empresarial aparecen una y otra vez detrás de leyes que terminan descargando el ajuste sobre las mayorías trabajadoras. La primera condena contra Kueider puede ser un comienzo, pero la verdadera discusión recién empieza cuando la investigación alcance a todos los responsables políticos y económicos que hicieron posible esa trama de corrupción.
