La titular del juzgado de familia N° 7 de La Plata fue suspendida por 90 días en sus funciones y su conducta será revisada por el jurado de enjuiciamiento de magistrados y funcionarios. A partir de la correcta intervención del sindicato judicial, la Asociación Judicial Bonaerense (AJB), la jueza fue denunciada por las y los trabajadores de la dependencia por ejercer violencia laboral, abuso de poder, prácticas antisindicales y un manejo irregular de la función que detenta.
La medida fue dictaminada el pasado viernes por la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires a través de la Resolución SC 870/21, mientras se espera el inicio del juicio político establecido en el art. 29 bis de la Ley 26.661 que regula el procedimiento para el enjuiciamiento de magistrados.
Las conductas denunciadas van del maltrato explícito a través de insultos, gritos, descalificaciones y amenazas a trabajadoras y trabajadores del juzgado, abogades y público en general, hasta el ejercicio abusivo del poder obligando a jornadas laborales excesivas, convocatorias fuera de los días hábiles, intromisión en las incumbencias profesionales del equipo técnico y prácticas antisindicales tales como negar sistemáticamente el ingreso a les representantes gremiales a la dependencia y prohibir la afiliación al sindicato.
Entre las personas que recibían una respuesta violenta por parte de esta magistrada se encuentran también las mujeres víctimas de violencia de género que acudían a dicho fuero en busca de reparación y justicia. Por lo que también el desempeño de la jueza Bigliardi resuulta incompatible con la función de resguardo de los derechos de las mujeres e identidades diversas que debería cumplir a cargo de un juzgado de familia.
La violencia laboral, las prácticas abusivas de magistrados y magistradas así como la falta de perspectiva de género no son características exclusivas de esta magistrada, sino que son habituales en este Poder Judicial que tiene una profunda raíz retrógrada y patriarcal. Estas conductas están directamente relacionadas a los privilegios de jueces, juezas y fiscales, quienes acceden a dichos cargos mediante una estrecha vinculación con el poder político a través del Consejo de la Magistratura y sus pactos.
Por eso creemos necesario cambiar por completo la forma actual de designación de estos funcionarios para cortar su dependencia del poder político y también establecer un control social sobre sus funciones. La propuesta que sostenemos desde Alternativa Judicial y el MST es que sus cargos no sean vitalicios sino limitados y que sean elegidos por voto popular en fecha separada de la elección política y con previa difusión pública de sus antecedentes, los que deben incluir perspectiva de género y derechos humanos.
Con esta primera medida para democratizar el Poder Judicial, más los juicios por jurados populares, se podría iniciar una verdadera reforma de la justicia para que deje ser una casta privilegiada al servicio de la clase dominante, del poder político y de sí misma.
Alternativa Judicial