Una delegación argentina integrada por organismos de Derechos Humanos, organizaciones sindicales, sociales y políticas, entre las que se encuentra nuestra compañera Ingrid Urrutia, denunció que el gobierno boliviano busca impedir su ingreso al país, luego de que fuera convocada para relevar denuncias de violaciones a los derechos humanos contra manifestantes.
La misión tenía como objetivo tomar testimonios, registrar situaciones represivas y visibilizar internacionalmente una crisis que ya dejó denuncias por asesinatos, detenciones arbitrarias, persecución a dirigentes sociales y violencia estatal contra quienes ejercen el derecho constitucional a la protesta.
El rechazo del gobierno boliviano a permitir el ingreso de la delegación expone la gravedad de una situación donde la primera respuesta frente a la mirada internacional parece ser cerrar las puertas y evitar controles externos. La presencia de una misión independiente, impulsada a partir del pedido de organizaciones bolivianas, buscaba justamente romper el aislamiento y garantizar que las denuncias no queden invisibilizadas.
Desde Argentina, los organismos que participan remarcaron que la defensa de los derechos humanos no reconoce fronteras y que, por la propia historia del país, existe una responsabilidad especial frente a cualquier avance represivo en la región.
La situación vuelve a poner sobre la mesa un debate central en América Latina: ningún gobierno puede invocar la soberanía nacional como excusa para impedir que los pueblos denuncien atropellos, ni para bloquear la solidaridad internacional frente a la represión.
