Mientras Mariel Fernández recorre la provincia de Buenos Aires construyendo un perfil político provincial y denunciando el ajuste del gobierno de Javier Milei, en Moreno se desarrolla una realidad que difícilmente aparezca en los discursos de campaña. Detrás de la imagen de un Estado presente y de una gestión que se reivindica del lado de los trabajadores, los municipales viven otra experiencia: salarios que pierden sistemáticamente contra la inflación, precarización laboral, violencia en los lugares de trabajo y, ahora, despidos.
No se trata de episodios aislados ni de decisiones administrativas sin mayor trascendencia. Se trata de un modelo de gestión que hace años descarga la crisis sobre quienes sostienen cotidianamente el funcionamiento del municipio.
Los despidos conocidos durante las primeras semanas de julio fueron la expresión más visible de esa política. Trabajadores y trabajadoras de áreas tan sensibles como Salud y Niñez fueron desvinculados luego de más de un año de trabajo, precisamente cuando correspondía discutir su estabilidad laboral y no su salida del Estado. A medida que el conflicto comenzó a hacerse público aparecieron otros casos: compañeras del área de Seguridad despedidas desde el mes de abril comenzaron a acercarse para denunciar situaciones similares. Lo que parecía una decisión puntual empezó a mostrar un patrón.
En Moreno, el ajuste también tiene sello municipal.
El ajuste no empieza con los despidos
Reducir el ajuste únicamente a las cesantías sería quedarse con una parte del problema.
Hace años que los trabajadores municipales ven deteriorarse su salario. Las recomposiciones salariales otorgadas por el Ejecutivo vienen ubicándose por debajo de la inflación informada por el INDEC, consolidando una pérdida permanente del poder adquisitivo. Cada acuerdo paritario significa, en los hechos, seguir corriendo desde atrás mientras el costo de vida aumenta mes tras mes.
A eso se suma una estructura laboral atravesada por la precarización: contratos temporarios prolongados durante años, falta de estabilidad, sobrecarga de tareas, escasez de recursos y condiciones laborales cada vez más difíciles en áreas esenciales del primer Estado.
Quienes trabajan en los Servicios Locales de Promoción y Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes vienen denunciando desde hace tiempo equipos incompletos, jornadas extensas y la imposibilidad de dar respuestas adecuadas a problemáticas cada vez más complejas. En Salud, la realidad no es distinta. Las unidades sanitarias sostienen una demanda creciente con planteles insuficientes y salarios que dificultan incluso la permanencia de profesionales.
Los despidos aparecen así como una continuidad de esa política y no como una excepción.
Un doble discurso que no pasa desapercibido
La gestión de Mariel Fernández cuestiona públicamente el ajuste impulsado por Javier Milei. Sin embargo, puertas adentro del municipio, son los propios trabajadores quienes terminan pagando las consecuencias de una política que combina salarios depreciados, precarización y despidos.
No alcanza con denunciar el ajuste nacional mientras se aplican medidas que deterioran las condiciones de vida de quienes sostienen diariamente los servicios públicos en los barrios más vulnerables.
La contradicción resulta todavía más evidente cuando se observa que los despidos alcanzan justamente a trabajadores de áreas esenciales. No fueron eliminados cargos políticos ni reducidos los privilegios de la estructura de gobierno. La variable de ajuste volvió a ser quienes atienden en las unidades sanitarias, intervienen en situaciones de vulneración de derechos de niños y adolescentes o cumplen funciones de seguridad para la comunidad.
En definitiva, cambia el discurso político, pero para los trabajadores el resultado termina siendo el mismo.
Cuando el ajuste tiene rostro de mujer
Otro dato revela con claridad el carácter profundamente regresivo de estas decisiones.
La mayoría de las personas despedidas son mujeres sostén de hogar, responsables principales del ingreso económico de sus familias.
Entre ellas se encuentra una trabajadora que atravesaba una situación de violencia por razones de género y contaba con medidas judiciales de protección vigentes, entre ellas una restricción perimetral y botón antipánico.
Lejos de contemplar esa realidad, la Municipalidad avanzó igualmente con su desvinculación.
No se trata solamente de perder un salario. Se trata de quitar autonomía económica a una mujer que necesita precisamente esa independencia para enfrentar una situación de violencia. Un Estado que dice incorporar perspectiva de género no puede adoptar decisiones que profundicen la vulnerabilidad de sus propias trabajadoras.
La organización como respuesta
Frente a esta situación, desde Alternativa Estatal – ANCLA Moreno presentamos un reclamo formal ante la Subsecretaría de Recursos Humanos, la Dirección de articulación gremial y en las respectivas áreas, exigiendo una reunión urgente, la revisión de los despidos, la entrega de los actos administrativos que los fundamentan y la inmediata reincorporación de los trabajadores afectados. Consideramos que esta acción constituye un primer paso para abrir el reclamo y exigir respuestas de la gestión municipal.
Pero también sabemos que ninguna conquista de los trabajadores fue producto únicamente de un expediente administrativo. Por eso, exigimos a ATE que llame a asambleas por sectores para coordinar un plan de lucha y paro exigiendo la reincorporación de todxs lxs despedidxs y denunciando el ajuste de Mariel Fernandez.
Desde Alternativa Estatal Moreno venimos fortaleciendo la organización junto a trabajadores y trabajadoras municipales de distintos distritos del AMBA, convencidos de que la pelea contra el ajuste, la precarización y la pérdida salarial requiere coordinación, solidaridad y una respuesta común de quienes sostenemos el Estado todos los días.
Exigimos el cumplimiento efectivo de la Ley Provincial 14.656, del Convenio Colectivo de Trabajo de los municipales de Moreno y de todos los derechos laborales que la gestión municipal viene desconociendo. Reclamamos la inmediata reincorporación de los despedidos, el pase a planta permanente de quienes ya cumplieron los doce meses de estabilidad, salarios que cubran el costo real de la canasta básica con actualización por inflación y el fin de toda forma de precarización y violencia laboral.
Mientras algunos utilizan Moreno como trampolín para proyectarse políticamente y el gobierno nacional profundiza un ajuste brutal contra el pueblo trabajador, desde el MST en el Frente de Izquierda Unidad sostenemos que hace falta construir una alternativa política propia de las y los trabajadores. Una alternativa que no administre el ajuste con distintos discursos, sino que defienda sin concesiones el empleo público, los servicios esenciales y el derecho de quienes todos los días hacen funcionar el Estado. Porque la salida no pasa por elegir qué ajuste es menos malo; pasa por organizarse para derrotarlo.
Por Natalia Verón – Alternativa Estatal – ANCLA / MST en el FITU
