Desde Alternativa Docente estuvimos junto a decenas de docentes desde temprano esperando y atentos al desarrollo del juicio, colgando guardapolvos, cartelitos, pasacalles, banderas. La familia de Lucas, junto a las docentes del San Benjamín y de varios jardines como muchos docentes, pensamos que era muy importante la presencia, estar, acompañar, luchar por Justicia. ¿Y qué significa luchar por justicia? Creemos que una investigación vacía, mala, a los ponchazos, no es una verdadera búsqueda de justicia para las víctimas ni para nadie.
Nombro a las maestras porque, en absoluta soledad de las conducciones gremiales de Sadop, Suteba, Udocba e incluso con el boicot de estos gremios, negándose a dar la certificación gremial para poder estar allí; aun así no pudieron frenar el acompañamiento, la necesidad de decir «estamos acá». La convicción de que había que estar por justicia, para reclamar una Comisión Investigadora Independiente, por todas también, dada la situación en las que se trabaja en los jardines, y la idea que sobrevuela de que nos puede pasar a cualquiera, fue siempre fuerte.
¿Y las víctimas? ¿Y la justicia? ¿Y la verdad?
Estuvo siempre en tela de juicio, desde el primer momento, esta investigación. Desde el 2015 se ha cuestionado que no se hubiera investigado suficientemente a la parte acusadora y las ligazones que tiene con la “familia judicial”, que puede implicar también que se haya estirado durante tantos años este juicio. Por esto y otras cosas se indica que no se trata de una instancia sería, responsable, eficaz, con profesionales idóneos.
Tampoco con consultas a quienes sabemos del tema, docentes que pasamos muchas horas educando, con familias, Psicólogas, Trabajadores Sociales, todos estos elementos ausentes. Con una visión unilateral del problema, fuera de contexto, pero sobretodo, desconociendo cómo se trabaja en las escuela y jardines, desconociendo el marco de las leyes y derechos de niños niñas y adolescentes.
La situación problemática tuvo a las niñeces fuera del eje y su real investigación sobre presunto abuso, y en permanente revictimización, solo son niños y niñas. Y por otro lado, al presunto abusador, Lucas, en permanente jaque en interminables interrogatorios. Como sostuvimos ya en 2015, no se investiga seriamente, y casi siempre se hace a costa de la trayectoria del docente o trabajador de la educación y esto tiene un impacto en la vida familiar, individual y en la carrera profesional, muy grande que, de no haber un proceso justo, objetivo y adecuado, genera algo también irreparable. En definitiva, en sus distintos aspectos aparece como una justicia ociosa, llena de vicios y una mirada machista y patriarcal que no hay que olvidar.
Puso al sistema educativo ante el avance de la descomposición social y ruptura de redes y convivencias saludables, desprotegido, sin protocolos. O simplemente haciendo eje en una mirada punitivista como si esa fuese la solución, hacia la docencia. Y sin poner todos los equipos y profesionales de la educación y de salud primaria al servicio de la atención a la víctima.
Por eso, desde Alternativa Docente, lo dijimos en el 2009, durante todo el proceso y lo seguimos diciendo ahora: Necesitamos una real, efectiva y justa investigación en los ámbitos educativos que proteja a las víctimas, niños, niñas, adolescentes y también a los docentes o trabajadores de la educación que puedan estar cuestionados en el proceso, además de las familias. Para eso venimos insistiendo con una propuesta concreta, la necesidad de poner en marcha una Comisión Investigadora Independiente, con perspectiva de género que realmente pueda llegar a la verdad, se proteja a las víctimas y se castigue a quienes realmente sean responsables de abuso, además de garantizar que el Estado asegure brindar toda la contención, asesoramiento y lo que resulte necesario.
Una condena punitivista, un juicio cuestionado
El Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de La Plata condenó a 35 años de prisión al profesor de música Lucas Puig, al encontrado culpable de abuso sexual y corrupción de menores de dos niños que asistían al Jardín de Infantes del Colegio San Benjamín de Los Hornos, entre fines del 2009 y principios del 2010. Lo particular de este caso es que Puig había sido absuelto en el año 2015 en un primer debate por el beneficio de la duda, pero debido a una decisión del Tribunal de Casación bonaerense, se realizó este nuevo proceso. Aquel primer fallo había sido dividido.
A su vez, surge que se busca y dicta una condena “ejemplar”, que pocas veces se ha visto en las sentencias de estos delitos. Muestra la animosidad y el mensaje sancionatorio que se busca dar desde una condena que, además de ser dudosa por una investigación que aparece como irregular, resulta más que punitivista en el marco de la legislación existente.
Es evidente que muestra una justicia que castiga, sin ver además que las y los docentes nos encontramos en soledad para encarar las tareas de cuidado de las niñeces, con instituciones sin protocolos que se aplique, sin personal y sin recursos. Panorama que se agravara en el marco del recorte a la educación planificado en las últimas medidas. Y que afectara especialmente a los jardines. Docentes solos, sin garantías del gobierno y la DGCyE para la aplicación de los protocolos muchas veces enunciados, desbordados por una problemática social cada vez más grave, y el castigo que solo patea los problemas para adelante.
Desde lo legal, todo el juicio tuvo más que un elemento contradictorio, la defensa tras ordenarse el nuevo juicio, realizó múltiples impugnaciones al desarrollo de esta instancia, que se mantiene a pesar de que las audiencias se llevaron adelante. Un castigo que busca ejemplificar.
Por eso planteamos la anulación de este fallo ilegitimo. Que condena a 35 años de cárcel a Puig y se aleja de la verdad y la justicia plena y correcta para las víctimas. Se necesita una investigación seria y responsable que, por supuesto, se de en el marco de la legislación de Promoción, y protección a las niñeces y adolescencias, y que se de en el marco de una mirada feminista real.
Exigimos al FUDB paro provincial y la puesta en marcha de un plan de lucha para lograr esto que reclamamos y la conformación de una Comisión Investigadora Independiente para ir a fondo y llegar a la verdad.