Foto. Daniella Fernández
La Cámara de Diputados no logró reunir los legisladores necesarios y la sesión especial para rechazar el megadecreto presidencial fracasó. Con apenas 121 diputados sentados en sus bancas, faltaron 8 voluntades para alcanzar el quórum de 129 que permitiera habilitar el debate. La Casa Rosada salvó la columna vertebral de su plan económico gracias a las negociaciones de último momento con gobernadores aliados, a los cálculos de la oposición dialoguista y a la pasividad cómplice de las centrales sindicales, que evitaron convocar a un paro nacional para presionar al Parlamento. Sin embargo, el blindaje institucional se distancia de la realidad en las afueras del Congreso, donde una importante movilización repudia el pacto de impunidad y exige un freno al ajuste.
El DNU 70/23 sigue vigente. La herramienta jurídica con la que el gobierno de Javier Milei desreguló la economía, destruyó derechos laborales, liberó precios y habilitó la entrega de los recursos naturales sobrevivió a una nueva embestida parlamentaria. La falta de quórum en la Cámara Baja fue la consecuencia de un operativo de contención diseñado entre el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y los gobernadores.
Esta victoria táctica del oficialismo comenzó a gestarse días atrás, cuando el Gobierno comprendió que el repudio a la derogación de la Ley de Tierras amenazaba con llevarse puesto todo el megadecreto. Para desactivar la bomba, operaron en dos frentes. Por un lado, la Corte Suprema de Justicia realizó una pirueta jurídica inédita: tras haber avalado la extranjerización de los campos al rechazar un amparo del CECIM La Plata, los supremos emitieron de urgencia una cautelar interina que suspendió el artículo 154 del DNU, devolviendo el tema a los tribunales inferiores. Por otro lado, el bloque libertario y sus aliados en Diputados firmaron un dictamen apurado para incluir la restitución de la Ley de Tierras dentro de otro proyecto de ley. Estas concesiones sirvieron de excusa perfecta para que un sector de la oposición justificara su ausencia en el recinto, argumentando que el reclamo más urgente ya estaba “encaminado“.
Monitor de Quórum Legislativo
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Pero el vacío en las bancas contrasta violentamente con el desborde en las calles. A pesar del boicot legislativo, el centro porteño y las principales plazas del país prometen seguir llenándose de gente. A las 16 horas, comienza la quinta Marcha Federal Universitaria, denunciando el ahogo sistemático del presupuesto educativo y exigiendo el cumplimiento de la Ley de Financiamiento. El reclamo: los $7,3 billones proyectados por el Gobierno para 2027 son insuficientes para sostener el sistema frente a los $11 billones que requiere el Consejo Interuniversitario Nacional.
La movilización agrupa un profundo malestar que el Congreso decidió ignorar. Organizaciones de personas con discapacidad, familias asfixiadas por el endeudamiento y las altísimas tasas de interés, jubilados bajo la línea de pobreza y trabajadores de distintos sectores conformaron un frente de protesta que trasciende la agenda puramente parlamentaria. Para estos sectores, el DNU 70/23 es sinónimo de alquileres impagables, tarifas dolarizadas, despidos masivos y entrega de la soberanía.
El fracaso de la sesión también pone en el centro de las críticas a las dirigencias de las centrales obreras. Si hay alguien que facilitó la caída del quórum fue la bochornosa pasividad de la CGT, que al concentrar la mayoría de los gremios tiene la responsabilidad principal de haber frenado una respuesta contundente. Al negarse a convocar a un paro nacional activo y a un plan de lucha que paralice las actividades y ponga contra las cuerdas al poder político, la principal central obrera, secundada por la falta de acciones de las CTA, le otorgó al Gobierno el margen necesario para negociar en los pasillos sin la presión real de la clase trabajadora organizada.
La jornada deja una lección evidente para los sectores movilizados: la derrota del programa económico de Milei no vendrá de los acuerdos de cúpulas ni de la buena voluntad de la casta judicial o parlamentaria. La exigencia inmediata es romper la tregua sindical, coordinar las luchas desde abajo y preparar el camino hacia una huelga general que logre en las calles lo que hoy fue bloqueado en las bancas.
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