El plan económico del gobierno de Milei consiguió el aval financiero que tanto esperaba para traer un poco de estabilidad para su modelo de ajuste. El Directorio del Fondo Monetario Internacional aprobó formalmente la segunda revisión del acuerdo vigente. Esta decisión destrabó un desembolso inmediato de U$S 1.000 millones de dólares destinados a engrosar las arcas del Banco Central. La resolución de la cúpula financiera en Washington representa un fuerte respaldo político para la gestión libertaria y eleva los giros acumulados a casi 15.800 millones de dólares sobre un programa total de 20.000 millones.
Las exigencias y advertencias detrás del acuerdo
A cambio de este giro de fondos y de los elogios de la directora gerente, Kristalina Georgieva, hacia la motosierra fiscal, el organismo internacional dejó un mensaje plagado de advertencias y nuevas imposiciones. El documento oficial reconoce un desempeño económico mixto durante el último año y expone el grave incumplimiento en la meta de acumulación de reservas. El gobierno nacional falló por un margen gigantesco en este punto y ahora enfrenta una enorme presión para acelerar la compra de divisas de manera urgente.
Para lograr ese objetivo de acumulación, el FMI reclama avanzar hacia una mayor flexibilidad cambiaria. Esta exigencia representa un empujón directo hacia una devaluación que volverá a golpear los salarios de la clase trabajadora. Sumado a esto, los técnicos de Washington demandaron mejorar la transparencia de las estadísticas de inflación. Este reclamo surge justo después de que el ministro Luis Caputo decidiera postergar la actualización de las mediciones del INDEC para manipular los números y ocultar el impacto real del encarecimiento del costo de vida.
El plan para garantizar el pago de la deuda fraudulenta
Otra de las grandes preocupaciones del Fondo radica en garantizar el cobro de sus propios préstamos. La Argentina sigue siendo el principal deudor del organismo con un pasivo que ronda los U$S 57.000 millones. Frente a esta altísima exposición, el directorio exigió que el país recupere rápidamente el acceso a los mercados internacionales de capitales. El mandato es claro y busca que el gobierno consiga financiamiento privado para poder pagarle al FMI y achicar su nivel de riesgo.
Para cumplir con esta orden y afrontar los abultados vencimientos que asoman en el corto plazo, el equipo económico diseña una estrategia de endeudamiento a múltiples bandas. Al no poder acceder al mercado voluntario por el elevado riesgo país, el Ministerio de Economía negocia garantías con organismos multilaterales como el Banco Mundial y el BID. Todo este entramado financiero tiene un único propósito que es asegurar los dólares para fugarlos hacia los bolsillos de los acreedores externos.
La claudicación permanente como hoja de ruta
El sometimiento a las cláusulas diseñadas en Washington demuestra el verdadero carácter del modelo económico libertario. Este acuerdo escenifica que el Ejecutivo asume con total naturalidad su posición subordinada y simplemente acata los designios políticos y financieros emanados desde el imperialismo estadounidense. Mientras el gobierno elija transitar por esta hoja de ruta de la dependencia el resultado inexorable seguirá siendo el ajuste permanente, el saqueo de nuestras riquezas y la precarización de las condiciones de vida del pueblo.
Es fundamental comprender que cada dólar obtenido mediante estos pactos coloniales termina alimentando la especulación y el pago de deuda fraudulenta. Todos estos inmensos recursos deben ser redireccionados para que funcionen como herramientas genuinas que resuelvan los graves problemas de vivienda, salud, educación y trabajo que sufren las mayorías. Mientras no se rompan definitivamente estos esquemas de sumisión y se desconozca toda esta arquitectura extorsiva que defienden los intereses del gran capital transnacional, la dominación política y económica continuará dictando el destino de millones de argentinos.
