viernes, 3 mayo 2024 - 23:34

Fallo judicial a favor de Chubut. Torres y los gobernadores levantaron la protesta y llaman a Milei al diálogo

En la conferencia de prensa de los gobernadores patagónicos Nacho Torres, el mandatario chubutense, comenzó su mensaje señalando que tras la resolución judicial que intima al gobierno nacional a cesar en la retención de fondos de coparticipación la cuestión estaba “saldada”, y coincidiendo con los posteriores alegatos del resto, llamó a retomar un camino de diálogo.

Frente a un recurso autosatisfactivo de la provincia, el juez federal de Rawson, Hugo Ricardo Sastre, dispuso el cese de la retención de recursos coparticipables que el gobierno nacional realizó, con el argumento de que lo hacía para reembolsar el pago de préstamos acordados por el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial. La resolución judicial sirvió para que Torres y los gobernadores patagónicos desescalaran las medidas de cierre de las válvulas de petróleo y gas programadas para este miércoles.

El juez ordena no seguir reteniendo fondos, dándole tiempo al gobierno provincial para refinanciar sus deudas; pero no acepta el planteo de los funcionarios chubutenses de que se les devuelvan los fondos ya retenidos por valor de $ 13.500 millones, un tercio de la coparticipación que le corresponde a la provincia. Si bien su resolución debe acatarse, no elimina la posibilidad de que sea apelada por el gobierno nacional.

Ya los medios están hablando de una posible apelación de Milei mediante un per saltum ante la Corte Suprema de Justicia. Tampoco está claro que el gobierno nacional termine acatando el fallo, tal como otros fallos de la Suprema Corte no han sido cumplidos por el Poder Ejecutivos en el pasado.

En el mensaje de Torres y el resto de los gobernadores patagónicos presentes solo faltaron Gustavo Melella de Tierra del Fuego, quien había adherido a la amenaza de corte de grifo petrolero, y Vidal de Santa Cruz, quien lo hizo por zoom. Se insistió en los recursos que la región aporta, “un 50% de las divisas” que ingresan al país y que como contraparte deben pagar ganancias, electricidad y fletes más caros.

Se habló de colaborar entre las provincias y el gobierno nacional en un plan productivo y que el plan de ajuste fiscal, cuya intención comparten con el gobierno –Torres se ufanó de haber echado a 3.500 empleados que no trabajaban-  no debe alterar la paz social impidiendo el inicio de las clases, la compra de medicamentos y otorgar jubilaciones dignas. Su mensaje para Milei es que siguiendo las vías institucionales se necesitan llegar a acuerdos para avanzar en común en un marco de unidad nacional.

Los gobernadores llamaron además a un encuentro patagónico para el 7 de marzo con el fin de armar una “legislatura patagónica” y un proyecto común para la región, al que invitaron al actual presidente.

Cuando escribimos estas líneas no se conoce aún la respuesta del gobierno sobre el camino final a seguir, pero resulta evidente que utilizando la institución judicial se está intentando aflojar un conflicto que parecía encaminarse a un choque de trenes, con especulaciones sobre intervenciones federales o juicios políticos contra el presidente.

Un anticipo de esta línea lo dio ayer el gobernador Kicillof, que ante una exacción mucho más grande -de 870.000 millones de pesos correspondientes al Fondo de Fortalecimiento Fiscal- otorgado a la provincia por el ex presidente Fernández para aumentar sueldos de la policía[i], llamó a utilizar medios “institucionales”. Mencionó un recurso ante la Corte Suprema e instó a liquidar el DNU en el Congreso, sobre lo cual los medios especulan que, en el Senado, Villarruel tendría la batalla perdida frente al presente conflicto.  

Paños fríos frente a la crisis

Estamos en vísperas del discurso de Milei en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso este viernes 1° de marzo, en el que los medios reflejan el temor existente en gran parte del arco político patronal temiendo que el presidente eleve el nivel de confrontación actual.  Al mismo tiempo crecen en el país los paros y reclamos de los trabajadores -se confirmó el paro de Aerolíneas y la Fraternidad anuncia nuevas medidas de fuerza si no cierra la próxima negociación- y se prepara una importante movilización de la Multisectorial al Congreso el próximo viernes. Frente a ese escenario las amenazas de acción directa de los gobernadores patagónicos eran muy peligrosas para todos los sectores patronales que buscan que Milei se abra a negociar el ritmo del ajuste en curso. Por eso los gobernadores bajan un cambio. Llaman al diálogo y la unidad nacional, a incentivar la producción –léase a profundizar un brutal extractivismo- para obtener divisas, etc., etc.

Lo cierto es que mientras tanto, el ajuste lo viven diariamente los trabajadores y sectores populares, así como la constante suba de precios, la baja salarial, de jubilaciones, planes sociales y otras medidas del ajustazo que se van conociendo día a día. Hoy el turno le tocó a varios proyectos de universidades ya votadas por el Congreso que han sido anuladas. Se habla de la liquidación del Potenciar Trabajo. La constante reducción de fondos que pertenecen a las provincias como el subsidio al transporte, el FONID, etc. Solo la acción decidida de los trabajadores y el pueblo podrá frenar este super ajuste y entrega siguiendo, profundizando el camino que seguimos hasta derrotar la Ley Ómnibus.

No podemos confiar en los gobernadores, ni en los partidos que como el PJ, la UCR, el PRO y sus variantes locales de las provincias; tampoco en los dirigentes sindicales que impiden la generalización de la lucha. Más que nunca hace falta organizarse en cada gremio y junto a los sectores populares y la izquierda salir a luchar en defensa de nuestros derechos. En ese camino hay que exigirle a la CGT y las CTAs un nuevo paro general y plan de lucha, hasta derrotar el ajuste de Milei.


[i] En esa ocasión los fondos que se giraron a la prov. de Bs. As. salieron de achicar los montos de coparticipación que recibía la Ciudad de Buenos Aires, que anteriormente habían sido aumentados unilateralmente por Macri y sobre los cuales pesa un conflicto judicial con fallos de Suprema Corte a favor de la CABA.

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