viernes, 26 abril 2024 - 14:57

Entrevista a Damián Marino. “Sobran las evidencias para cambiar este modelo”

El dilatado tratamiento y la necesaria aprobación de la Ley de Humedales consensuada, pone en el centro de la escena nacional al cuestionado modelo agroganadero. Desde la Red Ecosocialista queremos aportar a les lectores de Periodismo de Izquierda una interesante entrevista realizada al investigador del CONICET Damián Marino[1], como insumo para la militancia por otro modelo de producción, basado en las necesidades sociales y una relación metabólica con la naturaleza.

Damián Marino participó de un muestreo de la Subcuenca Río Gualeguay, cuya conclusión fue la presencia de altas concentraciones de agrotóxicos, antibióticos y fertilizantes. Al respecto, comentaba lo siguiente: “La cuenca Gualeguay, fue elegida como un área representativa de lo que es el modelo agropecuario. En función de esto, se diseñó un  trabajo de varios años, donde buscamos estudiar todas las estaciones (invierno, verano, primavera, otoño) a ver qué pasa con el uso del suelo, y cómo el uso del suelo se relaciona con los cuerpos de agua (…)Cuando uno piensa en un humedal, el humedal en sí mismo es un sistema complejo. Hoy frente a las llamas, los incendios, los animales quemados; lo primero que impacta es la destrucción de la biodiversidad. Pero detrás de eso está todo lo que no vemos del humedal, que son los servicios ecosistémicos, entre ellos, uno de los principales es purificar agua. La pregunta es ¿tienen capacidad infinita los humedales de purificar agua? No, tienen lo que podemos definir como una capacidad de carga. Indudablemente lo que está en riesgo es esa capacidad depuradora. Más cuando en este caso son herbicidas, glifosato, atrazina, los que están llegando y que inciden directamente sobre la vegetación, que es la que presta especialmente este servicio…”

“La contaminación puede desencadenar efectos impredecibles”

El investigador de la UNLP afirma que uno de los principales desafíos al estudiar temas ambientales es aprender a convivir con la incerteza. Existen herramientas simples como un nivel guía, que permite determinar si el compuesto supera o no el máximo recomendado por determinados organismos nacionales o internacionales. Pero lo que la concentración de estos compuestos puede desencadenar ambientalmente forma parte de lo impredecible. Por eso la única forma de evitar la contaminación es impedir el ingreso del tóxico al agua.

“Nos quieren convencer que éste es un buen modelo mal usado, cuando en realidad es un mal modelo”. Ing. Santiago Sarandón.

En relación a las Buenas Prácticas Agropecuarias, nos indica que éstas son recomendaciones de aplicación que no evitan el problema ambiental, ya que una vez liberado el producto se moviliza en función de las propiedades fisicoquímicas amplias y diversas de las moléculas y de variables climáticas. Ninguna de estas dos variables pueden ser controladas por la voluntad humana. “Creer que una ‘buena práctica’ evita el problema ambiental es, al menos, (y tengo peores palabras) una fantasía”, dice Marino.

Estas prácticas son recomendadas hace décadas, sin embargo, la presencia de glifosato y otros agrotóxicos presentes en aire, suelo y alimentos, ha sido detectada por el investigador incluso en el agua de lluvia que cae en pleno centro platense.

La transición agroecológica

Marino afirma que “la única política de Estado, no importa qué partido gobierne, ha sido mantener este modelo de producción, que basa la recaudación fiscal en la retención”.

Se pregunta “¿Cuánto sale remediar un río como en Gualeguay? ¿Cuántos años lleva? ¿Cuál es el daño a la salud pública?”, evidenciando que estos “costos” no son contemplados por el esquema de negocios y hacen inviable el actual modelo.

Él plantea que la transición debe iniciar con una reducción inmediata del uso de agrotóxicos: “No puede demorar un año, es la toma de decisión estratégica y como plan de gobierno, de Estado (…) donde además tiene que generarse un fondo para fomentar la transición porque cuando un productor asume la transición hacia un sistema con baja de uso de plaguicidas el riesgo del cultivo es mayor porque está destruido todo el balance y los equilibrios de los ecosistemas que lo organizan”.

También habló de la creciente influencia de la agroecología a nivel nacional, indicando que aún falta: “son pequeños emprendimientos en un mar de transgénicos. Quiero decir, la transición no es solo eso, sino que hay que presentarla como algo más amplio. Por ejemplo, habría que trabajar directamente sobre los planes de estudio de las escuelas agrotécnicas…”.

Denunció que en muchas de estas escuelas, son las propias empresas del agronegocio las que financian y otorgan insumos para el proceso de aprendizaje. Y enfatiza: “la transición tiene que ser un plan integral: tiene que incluir muchas aristas como la educativa, la económica, la productiva, la social”.

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El caso Gualeguaychú y la prohibición del glifosato

La ciudad entrerrianaes uno de los municipios que prohibió el uso del glifosato y ahora se debate la posible prohibición de la siembra del trigo transgénico HB4. Damián participó del proceso de deliberación y nos comenta que logró aplicarse una prohibición sin transición, que el mayor conflicto se dio por los productores que quedaron comprendidos en la zona de la prohibición y que desde la aplicación de la ordenanza se están aplicando multas tras encontrarse restos de glifosato dentro de algunos galpones. Que es fundamental el seguimiento y el compromiso político para continuar con la aplicación de la prohibición.

Damián no es tan optimista al imaginarse la aplicación de una medida similar a escala nacional: “Cuando vos queres pensar eso a escala nacional con los miles de productores que hay, vas a un fracaso seguro”.

Al hablar de la Provincia de Buenos Aires, alerta que este tipo de medidas no deberían dejarse al arbitrio de los municipios,que  debería ser el Estado provincial quien tome la decisión regulatoria en todo el territorio.

En este sentido, destacó la falta de decisión política para derogar la Resolución 246 del ex Ministerio de Agroindustria de la Provincia de Buenos Aires, firmado por Sarquis y la ex gobernadora María Eugenia Vidal. Recordemos que dicha resolución autoriza las fumigaciones sobre escuelas rurales hasta un minuto antes del ingreso a clases. Marino afirma: “Pero no se animan a derogar por las presiones del poder económico”.

Es evidente que toda transición demanda una toma de decisión centralizada que impulse  transformaciones simultáneas en distintos niveles y áreas.

La experiencia de Gualeguaychú respecto de la prohibición del glifosato demuestra que no hay dificultades desde el punto de vista técnico para impulsar otro modelo que parta de la prohibición inmediata de los agrotóxicos. Si acaso existen estos obstáculos, son de tipo políticos, donde el Estado actual y los partidos del sistema ni se preocupan por construir relaciones de fuerza con movilización social y rompiendo con la agenda del FMI y corporaciones de la agroganadería.

Damián nos dice que “La decisión política es la clave. También  me parece importante incluir en la discusión, un tema importante que es la escala. Cuando hablas de Gualeguaychú, posiblemente, pulseás con diez productores y, si vos cambias de escala a la provincia de Entre Ríos o Buenos Aires, capaz que pasas de golpe a cinco mil o diez mil  productores, Te paralizan una economía regional”.

Leé «Argentina S.A. No nos gobiernan, nos venden y empobrecen».

Los límites de la coexistencia agronegocio/agroecología

Damián nos cuenta que hace un tiempo realizó un estudio en un campo agroecológico llamado “La Aurora”, certificado por la FAO, donde hace veinticinco años no se usan plaguicidas. Allí evaluaron que, la existencia de campos colindantes de agricultura convencional, implicada la afectación con plaguicidas de hasta 300 metros adentro del área agroecológica. “Un establecimiento agroecológico inmerso en una matriz de producción de base química es nada. Es una es una estrellita en el cielo rodeada de oscuridad”.

Las experiencias agroecológicas se topan con un límite claro: la propiedad de la tierra. Mientras no se imponga la utilidad social de la tierra, impulsando una reforma agraria, las experiencias agroecológicas seguirán dependiendo de la voluntad individual de los productores.

De mal en peor… Tecnología Enlist

El investigador de la UNLP nos indica que el modelo del agronegocio es una tríada: siembra directa, el diseño genético de la “semilla” y la sustancia química asociada a ese diseño. Y la tecnología Enlist es una nueva mutación dentro del modelo, que necesita ir cambiando, el diseño genético a distintos plaguicidas para poder sobrevivir. Ésta es una tecnología apilada de múltiples herbicidas.

Enlist es la tecnología asociada a la resistencia a múltiples plaguicidas, ¿por qué? porque el glifosato, por ejemplo, se enfrenta a más vegetales que presentan resistencia. Marino afirma: “Arrancamos con 3 litros y estamos con 12,15,20 litros por hectárea por año”.

De aquí la necesidad de mutar, de cambiar de diseño porque tal molécula deja de ser rentable, al requerir cada vez más dinero para fumigar mayores cantidades de herbicidas.

Reflexión sobre los vínculos crecientes entre universidad pública y el desarrollo de eventos transgénicos y de los agrotóxicos

Cuando el capital privado se mete en la Universidad Pública, ésta empieza a ser gobernada por intereses externos.

Alrededor del desarrollo del Trigo HB4 entre la Universidad Nacional del Litoral, CONICET en conjunto con la empresa Bioceres, se tejieron algunos mitos que Marino desea desenmascarar:

Se habla del “primer transgénico argentino”, orgullo del CONICET y la patente compartida.  Lo cierto es que el CONICET no tenía ninguna estructura legal para convenios de patentes mixtas, por lo que el desarrollo del Trigo HB4 es plenamente de Bioceres, quien hace las transacciones externas y lo metió en la bolsa de Wall Street.

Explica Marino: “La Universidad de Córdoba, del litoral son universidades que han resignado su independencia académica, de pensamiento, a estos conflictos de intereses. Estas son situaciones plagadas de conflictos de intereses”.

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El investigador expresa con preocupación: “Una evidencia del conflicto de interés es lo que pasa con la toxicidad de los plaguicidas. Si uno agarra la IARC[1] ubica al glifosato en una categoría 2 A cancerígeno. En cambio, si tenés en cuenta a la EPA[2], dice que el glifosato está bárbaro, es seguro y no pasa nada”.

Y sigue: “Un investigador de EE UU hace todo un desguace y muestra cómo la IARC basa su decisión en información científica independiente, publicaciones en revistas internacionales de ciencia, caracterizando efectos subletales. En cambio, la EPA basa su decisión en los dossier y documentos de las empresas. Y en base a estos dice que es excelente”.

Relacionando este punto nuevamente con la autonomía de las universidades, se cuestiona: “En cualquier universidad, cualquier proyecto de investigación, como del que empezamos a hablar, pasa por un proceso de escritura, de revisión de pares, de evaluación permanente. La publicación va de nuevo a otros revisores a nivel internacional. Pero ¿quién evalúa a las empresas? ¿Quién evalúa el carácter, el grado técnico, los ensayos de laboratorio de las empresas? La respuesta es ¡ellos mismos!”.

Entrevistaron: Santiago Aguilar Ferraro y Leonel Acosta


[1] Damián Marino es Licenciado en Química, Doctor en Ciencias Exactas, investigador del CONICET y docente en la UNLP.

[2] “International Agency for Research on Cancer” dependiente de la Organización Mundial de la Salud

[3] “Environmental Protection Agency” del gobierno de Estados Unidos.


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