Ayer por la tarde se dio a conocer que el Superior Tribunal de Justicia (STJ) rechazó la apleación contra la sentencia que había promovido la Sala Segunda Laboral de la Cámara de Apelaciones de Gualeguaychí, que ordenaba al gobierno provincial encabezado por Bordet a supervisar las habilitaciones y prácticas de las empresas areneras instaladas en el Delta entrerriano.
De esta forma, el ejecutivo queda obligado constatar los permisos y certificados de aptitud ambiental de las empresas instaladas específicamente en ubicadas en los departamentos Islas del Ibicuy y Gualeguaychú. A partir del amparo presentado por el abogado Ricardo Luciano, quien denunció la falta de cumplimiento con la legislación vigente, en beneficio de las empresas que extraen arena silícea para el fracking realizado en Vaca Muerta, se logró esta victoria jurídica que también refleja la organización del movimiento ambiental en la provincia.
Con este fallo, se comprueba lo planteado por el abogado quien denunció en su amparo: “que las empresas areneras funcionan en su mayoría de forma clandestina o irregular, sin certificado o, en su caso, vencida la vigencia de dos años con que se otorgan, con el consiguiente daño ambiental que provoca la extracción desmedida por su potencial contaminante en tierra y agua”.
Otra vez, ahora a partir de un fallo de la STJ, se comprueba la orientación extractivista del gobierno de Gustavo Bordet. Como lo es su defensa activa al modelo de los agrotóxicos, ahora quedó expuesta una nueva veta que permite explotar en favor de un modelo ecocida que atenta contra nuestro ambiente. Esta nueva victoria, de caracter parcial, ya que seguiremos organizados para que el gobierno provincial cumpla con lo dictaminado, demuestra que existe la posibilidad de torcele la mano al modelo de saqueo y contaminación con el que nos quieren obligar a convivir.
En un plazo de 45 días el poder Ejecutivo tiene que evaluar el estado legal de las habilitaciones de las areneras situadas en el Delta, como así también los certificados y la constatación de los requisitos que exigen las leyes para procurar “la protección del ambiente demande”.
Desde la Red Ecosocialista y el MST en el FIT-Unidad participamos en carácter de adherentes al amparo presentado, con las firmas de la referente provincial de nuestro partido en Entre Ríos, Nadia Burgos; Pablo Vasco, integrante del CADUH y Nicolás Zuttión, Consejero Directivo estudiantil de la FCEdu (UNER).
De la misma forma que apoyamos esta iniciativa, también seguiremos organizados en las calles para luchar por otro modelo productivo y energético.
Red Ecosocialista – Entre Ríos