La disputa entre la familia Etchevehere se traslada desde la Justicia a la calle. Con convocatorias cruzadas, algunos desde la prepotencia terrateniente esgrimen movilizarse defendiendo la propiedad privada, mientras sectores se solidarizan y apoyan a Dolores y el Proyecto Artigas. Frente a este panorama queremos expresar algunos debates y conclusiones desde una perspectiva de trabajadores y la juventud.
El grito del agronegocio
A los gritos, bajo el agua y dirigiéndose a decenas de personas los Etchevehere realizaron un acto frente a Casa Nueva, en defensa de la propiedad privada. Con discursos que buscaban ser épicos y evocaban a una Entre Ríos de Urquiza, cuna de la Constitución y de la República, desafiaban órdenes judiciales y montaban un show mediático. Las imágenes que se viralizan hace días muestran el modo en que las familias del poder están acostumbradas a moverse. Con aprietes y violencia dejan al descubierto la cara más real del agronegocio. La prepotencia es natural y emana de la impunidad que manejan hace años. Todas estas actitudes solo son posibles gracias al respaldo político que tienen. Expresado, por ejemplo, con videos de solidaridad como el que subió a sus redes Elisa Carrió o las palabras del ex ministro Frigerio, estimulando a todo el arco político a mostrar “su apoyo a la causa”. El silencio o tímidas declaraciones del PJ muestran como frente a los dueños de las tierras y de la producción, las grietas se esfuman.
El gobernador Bordet dejó en claro cuál es el rol del gobierno y del PJ en este conflicto, defendiendo una vez más los intereses del agronegocio. Frente a su declaración: “En Entre Ríos las instituciones democráticas y el Estado de derecho están plenamente vigentes. Y en ese marco la propiedad privada.” cabe recordar que, en el 2007, el entonces gobernador Jorge Busti, les entregó a precios irreales tierras de la Escuela Número 151 Agrotécnica, en el acceso a Santa Elena. Esta entrega fue resistida por la comunidad educativa. Una vez más se hace evidente que, sin la política tradicional, PJ y Cambiemos, los Etchevehere no podrían ostentar todas las riquezas que tienen.
El modelo de los usurpadores capitalistas
Quienes se dicen dueños legítimos de los espacios en disputa, son terratenientes a raíz de una acumulación originaria que, como marcamos, ensucia sus nombres de innumerables ilícitos. Los Etchevehere, entre algunos más, son los principales responsables de obligarnos a vivir asediados por los agrotóxicos, de los incendios provocados para avanzar con más ganadería y más uso de transgénicos, de tenernos en alerta por las futuras granjas de cerdos que quieren traer desde China, de permitir el avance del desmonte que pone en riesgo el monte nativo, fomentar la extranjerización y concentración de las tierras a ritmos acelerados; privatizar el borde costero y despojarnos, en las ciudades, de espacios públicos al servicio de la especulación inmobiliaria.
Hasta aquí podría estar hablando casi de cualquier provincia de Argentina, porque los gobiernos para acceder a más dólares, para pagar la deuda externa, se apoyan en la profundización del extractivismo. Sin embargo, nuestra provincia tiene otra cara, la cara de la resistencia y organización de los pueblos. Frente a la prepotencia del agronegocio y la especulación inmobiliaria, las luchas se dan en todo nuestro territorio. En este marco es central denunciar que la Justicia y el gobierno provincial han venido actuando en conjunto para sostener un modelo que contamina, envenena, enferma y expulsa. Fallos contra las escuelas fumigadas, fallos contra docentes que luchan por su salud como se dio a conocer en estos días contra Estela Lemes, decretos que profundizan las fumigaciones, así lo demuestran.
Una vez más el modelo productivo está en disputa y son cientos las organizaciones socioambientales, pequeños productores, trabajadores rurales y urbanxs quienes llevan adelante esta pelea. Para todxs ellxs queremos expresar hoy nuestra perspectiva de lucha y acciones de transformación productiva, que garanticen nuestros derechos. Porque frente a los verdaderos usurpadores, la clase capitalista que prioriza sus ganancias por sobre nuestros derechos y nuestras vidas, hay otra salida.
Un proyecto ¿para qué salida?
Solo mediante la concentración de la tierra y de la capacidad productiva puede existir el agronegocio. Marcando esta premisa, consideramos incorrecto apoyarse sobre la propiedad privada para desarrollar otro modelo. Es en este punto donde el Proyecto Artigas expresa sus limitaciones. El camino de crear pequeños faros agroecológicos y la convivencia con el agronegocio, no lo vemos viable. Frente a las declaraciones de Grabois donde expresa que, tanto el Proyecto Artigas como Dolores están a favor de convivir con los Etcheveheres en la tierra que co-poseen, manifestamos nuestra señal de alarma. Asimismo, nos preocupa que quienes en Entre Ríos salen en defensa a este proyecto, no se pronuncian contra la criminalización de las familias de Guernica que sostiene las tomas en defensa de su derecho de tierras para vivir, o la persecución a los pueblos indígenas en todo el país que siguen manifestándose por su autodeterminación y reconocimientos de sus territorios.
Frente a los sectores del agronegocio, expresión más acabada de un sistema capitalista y patriarcal en decadencia, que mediante el despojo y la acumulación de riquezas nos somete a la precarización constante de nuestras vidas; nosotros anteponemos otro modelo, uno al servicio de las mayorías sociales. Un modelo socialista que defiende la necesidad de avanzar de manera integral en una reforma agraria agroecológica como primer paso en el camino de transformación del modelo productivo en su conjunto. Para que la tortilla se de vuelta y logremos expulsar el extractivismo de nuestro país, debemos poner en discusión quién toma las decisiones. Devolver la tierra, la capacidad productiva y las decisiones a las mayorías sociales, es central. Y esto choca directamente con la propiedad privada tal y como la defiende el agronegocio. Por eso, es urgente avanzar con la expropiación y declarar de utilidad social y comunitaria todas las tierras usurpadas por los terratenientes y lobbistas mediante estafas o apropiación de terrenos fiscales e islas, entre otras. Garantizar el desarrollo de las iniciativas de los movimientos sociales, prohibir agrotóxicos y transgénicos. Es decir, poner toda la capacidad productiva al servicio de las necesidades de las mayorías. Que la tierra sea para quienes la trabajen y también para garantizar el derecho a una vivienda digna. Que las decisiones las tomemos los y las trabajadores y no una casta política, terrateniente y judicial al servicio de sus privilegios.