La Casa Rosada incorporó modificaciones al régimen de discapacidad que jamás fueron comunicadas a los principales negociadores del oficialismo en el Congreso. Patricia Bullrich reconoció que se enteró al mismo tiempo que la oposición y advirtió que esta falta de información “resiente las relaciones”. Este cortocircuito señala la desorientación interna y amenaza con dinamitar, otra vez, la precaria estrategia del Gobierno en el Congreso.
El proyecto de Presupuesto 2027 funcionó como el detonante para hacer estallar una interna que nunca estuvo cerrada dentro de La Libertad Avanza. El foco del nuevo choque entre Patricia Bullrich y el Ejecutivo tiene nombre y apellido: la Emergencia en Discapacidad.
Frente al asombro en las propias filas libertarias, la titular de la bancada oficialista en el Senado salió públicamente a pasarle factura al sector que rodea al presidente por el manejo discrecional de la información. “No nos enteramos, es la verdad“, lanzó Bullrich, exponiendo que la Mesa Política del Gobierno le ocultó la jugada. Su queja fue directa: “Cuando uno es jefe de una bancada y no se entera estando en esa mesa cómo van a venir exactamente las cosas, se genera que uno llegue al Congreso y te dicen ‘nos estás engañando’. Y yo no sabía, o quedás como un tonto o como que los engañás. Eso resiente las relaciones“.
¿Qué fue lo que cambió el gobierno?
Para entender el enojo, hay que leer la letra chica del ajuste que el Gobierno intentó pasar por debajo del radar. A través del artículo 41 del proyecto de presupuesto, el Ejecutivo busca derogar los puntos centrales de la Ley 27.793 (Emergencia en Discapacidad), que el propio Congreso había aprobado recientemente.
El cambio más brutal es la eliminación del artículo 7 bis, que garantizaba la actualización automática y mensual del pago a los prestadores atada a la inflación (IPC). Al eliminar esto, el nomenclador deja de tener valores universales, porque en caso de que esto se aplique, los aranceles quedarán librados a una negociación entre las obras sociales, las prepagas y los profesionales de la salud.
A esto se le suma un retroceso histórico al reinstalar el viejo esquema de la Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral, estableciendo que cobrar esta miseria será absolutamente incompatible con tener cualquier tipo de empleo formal, empujando a miles de personas a la clandestinidad laboral o a la pérdida de su cobertura.
Una negociación desautorizada que despierta la bronca entre los aliados
El cortocircuito dentro del ecosistema libertario aparece porque, mientras la Casa Rosada redactaba este ajuste, en el Congreso las diputadas bullrichistas Silvana Giudici y Laura Rodríguez Machado llevaban semanas construyendo un dictamen de consenso con los gobernadores y la oposición dialoguista. El objetivo era prorrogar la emergencia y evitarle a Javier Milei una nueva derrota legislativa. Sin embargo, mientras las legisladoras prometían una salida consensuada en las comisiones, el Ejecutivo avanzó de manera unilateral con un texto que barría con todos los derechos adquiridos. La negociación quedó desautorizada en cuestión de horas.
La bronca, lógicamente, excede a Bullrich y envuelve a todos los aliados del Gobierno, quienes sienten que negociar con el oficialismo es firmar un cheque en blanco. La frustración quedó resumida en la brutal confesión de un legislador dialoguista: “Está todo prendido fuego, y lo peor es que ni cuidan a sus diputados“. El malestar es profundo porque la negociación parlamentaria pierde todo su valor y sentido si el Ejecutivo decide cambiar unilateralmente el escenario y las reglas de juego a espaldas de sus propios defensores.
Entre internas y debilidades
Esta descoordinación insólita es el síntoma de una interna feroz que responde al estado actual de debilidad que atraviesa la gestión libertaria. Los cruces de Bullrich con el núcleo cercano del presidente, especialmente con Karina Milei, vienen acumulando varios capítulos de alta tensión. Ocurrió durante el escándalo del exvocero Adorni, cuando la exministra de Seguridad fue la que apuró al Gobierno exigiendo su desplazamiento y provocando con la presentación de su propia declaración jurada mientras la Justicia acorralaba al funcionario. También se evidenció semanas atrás, cuando Bullrich contradijo el relato económico oficial exigiendo “acelerar los resultados” y reconociendo que los bolsillos no aguantan y que el cierre de fábricas es una realidad innegable.
Por supuesto, Bullrich no actúa como una santa protectora de los intereses populares ni se conmovió repentinamente por los derechos de las personas con discapacidad. Como operadora política de larga data, sabe leer la debilidad de un Gobierno que no logra hacer pie. En un contexto donde el reloj electoral ya empezó a correr de cara al próximo año, y siendo una de las figuras que mejor mide en el espectro de la ultraderecha, sus movimientos son puramente oportunistas. Presionar a la figura de Milei, desmarcarse de sus fracasos legislativos y posicionarse para una eventual competencia interna son los verdaderos fundamentos detrás de estos encontronazos públicos.
Todo este pantano de internas palaciegas, traiciones y debilidad estructural ocurre mientras la crisis en la calle se vuelve inaguantable. Con salarios que no llegan a fin de mes, una pobreza que no cede, el consumo congelado y lugares de trabajo cerrando sus puertas, el Gobierno intenta tapar el sol con las manos atacando, una vez más, a los sectores más vulnerables de la sociedad. El recorte a la discapacidad es la radiografía más nítida sobre el contenido y el carácter del modelo libertario.
Ese cansancio y esa bronca acumulada frente al ajuste constante y los manejos cínicos del poder no pueden quedar atrapados en el Congreso. La respuesta a este ataque se construye en la calle. Por eso, este sábado 19 de septiembre, la cita es impostergable: La Marcha de la Bronca nos convoca a copar la Plaza de Mayo y todas las plazas del país para ponerle un límite definitivo a la crueldad libertaria.
