Uno de los tantos engranajes silenciosos que le dan vida a la maquinaria de la casta es Andrés Vázquez. El actual director de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) es, tal vez, el exponente con mejor trayectoria en la materia de eludir al fisco. Es indignante ver cómo el funcionario a cargo de dirigir el organismo encargado de investigar a los evasores tiene un patrimonio millonario manchado por las sospechas. Todo esto ocurre en medio de un gobierno que se llenó la boca diciendo que venía a combatir a los privilegiados de la política para sanear las instituciones. Las bondades de la vieja política le brotan por todos los poros a la gestión libertaria. Haberle entregado un cargo tan estratégico a este personaje desde el inicio mismo del mandato y sostenerlo en el poder hace más de dos años es una prueba irrefutable de esa enorme estafa electoral. A todo este escándalo se le suma el peso reciente de la escandalosa salida de Manuel Adorni.
El avance judicial contra el principal recaudador del país sumó un nuevo y determinante capítulo en las últimas horas de la mano del juez federal, Marcelo Martínez de Giorgi. El magistrado libró una serie de exhortos internacionales orientados a conseguir información clasificada del gobierno de los Estados Unidos. El objetivo central de esta maniobra judicial es determinar con exactitud si Vázquez es el dueño de tres inmuebles millonarios ubicados en el Estado de Florida. El requerimiento fue impulsado originalmente por el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, al considerar que ya existen evidencias más que suficientes. El fiscal de la causa entiende que el titular de la agencia recaudadora incurrió en el delito de omisión maliciosa al esconder estos bienes en sus reiteradas declaraciones juradas patrimoniales.
El recorrido de esta compleja investigación muestra el sofisticado entramado financiero diseñado exclusivamente para ocultar flujos de dinero y garantizar la impunidad. Los departamentos de Miami fueron adquiridos entre 2013 y 2015, mediante dos sociedades radicadas en Panamá bautizadas como Alcorta Corp y Pompeya Group Corp. Ambas firmas comerciales quedaron posteriormente bajo el control absoluto de una empresa fantasma inscripta en las lejanas Islas Vírgenes Británicas.
La familia del funcionario dejó todas las huellas marcadas en estas operaciones inmobiliarias y destruyó cualquier intento de coartada. Vázquez junto a su exmujer pagaron de su propio bolsillo más de U$S 130.000 en impuestos municipales para mantener esas propiedades y hasta cobraron los cheques de reintegro emitidos por el fisco extranjero. Sumado a estos movimientos de dinero, las propias hijas mellizas del funcionario figuran como autoridades formales en las sociedades panameñas y residen de manera permanente en una de las lujosas unidades norteamericanas.
Frente a este cúmulo de pruebas el acusado intentó defenderse argumentando que los bienes pertenecen a un tercero anónimo, una excusa insostenible que ahora la justicia buscará desarmar con la ayuda del tribunal internacional.
Prontuario oscuro y lavado oficial
Las irregularidades en torno a los ingresos de este oscuro personaje no se limitan de ninguna manera al territorio extranjero. La justicia también detectó un brutal salto patrimonial a nivel local que no guarda ningún tipo de relación con sus salarios declarados a lo largo del tiempo.
Antes de comprar los departamentos en la exclusiva zona de Brickell, el funcionario apenas había notificado una liquidez de U$S 40.000. A partir de esa diferencia los investigadores pusieron la lupa sobre una firma denominada Consultora San Andrés. Esta empresa es controlada por el propio director de la agencia recaudadora y carece por completo de empleados registrados. Esta verdadera fachada comercial funcionó como un canal para prestarle dinero al mismo funcionario y le permitió adquirir vehículos de altísima gama. Entre las lujosas compras asoman varios autos importados y un enorme triplex en el exclusivo complejo Los Molinos de Puerto Madero, comprado a la mitad de su valor real de mercado.
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La figura del titular de la agencia recaudadora conforma un misterio público al punto de que casi no existen registros fotográficos de su rostro. Lleva más de tres décadas atornillado a la burocracia estatal y supo moverse en las sombras con una envidiable habilidad. Una parte fundamental de su carrera se desarrolló dentro del área de inteligencia fiscal de la vieja Dirección General Impositiva (DGI) y posteriormente en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Conoce a la perfección todos los rincones y los secretos del ente que hoy le toca dirigir gracias al aval explícito del presidente Javier Milei y de su círculo íntimo de asesores.
El prontuario de este funcionario suma un dato adicional que lo incrimina todavía más frente a la mirada atónita de la sociedad. Vázquez fue uno de los tantos integrantes del oficialismo que corrió desesperado a inscribirse en el polémico régimen de blanqueo de capitales promulgado por el propio gobierno libertario. El máximo responsable de perseguir a los grandes evasores utilizó exactamente el mismo salvavidas fiscal al que acudieron Adorni y su mujer semanas atrás. Las herramientas institucionales del Estado se ponen a completa disposición de la casta gobernante para limpiar fortunas de origen dudoso sin tener que dar ningún tipo de explicación sobre la procedencia de esos fondos.
Ajuste para abajo y negociados arriba
La podredumbre moral y la corrupción chorrean de manera obscena sobre las cabezas de los funcionarios de este gobierno que se dice supuestamente renovador. Queda a la vista de todos una larga lista de dirigentes libertarios que presentan enormes irregularidades patrimoniales que resultan completamente imposibles de justificar con un simple sueldo de la administración pública. El famoso estandarte de la lucha contra la casta se hizo pedazos de forma irreversible con la escandalosa salida Adorni.
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Andrés Vázquez es una figurita más dentro de un álbum oficialista repleto de manejos delictivos. Los casos de enriquecimiento y las cuentas sin declarar se multiplican a una velocidad pasmosa y manchan a todos los protagonistas principales de este modelo económico. Los escándalos rodean permanentemente a la familia presidencial y salpican de manera directa al flamante jefe de Gabinete, Diego Santilli. Todo el gabinete nacional se encuentra cubierto por un manto de sospechas mientras las autoridades aplican una crueldad increíble contra las condiciones de vida del pueblo trabajador.
Las mayorías trabajadoras son las que verdaderamente pagan los costos de esta corrupción estructural mezclada con un programa de ajuste salvaje que se agudiza cada vez más. El presidente le exige sacrificios inhumanos a los sectores más vulnerables de la sociedad y convalida salarios de miseria para quienes sostienen el país con su esfuerzo diario. La clase trabajadora experimenta una angustia constante para intentar llegar a fin de mes mientras observa cómo los grandes dueños del poder amasan fortunas gigantescas y se garantizan un nivel de vida plagado de lujos y privilegios. La estafa libertaria queda completamente al desnudo al demostrar que el único objetivo de su política es empobrecer a los de abajo para poder enriquecer aún más a los mismos privilegiados de siempre.
