El conflicto salarial en el Poder Judicial de Córdoba sumó un nuevo capítulo. En una Asamblea General Extraordinaria, las y los trabajadores judiciales rechazaron la propuesta presentada por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y resolvieron dar continuidad al plan de lucha votado previamente. Horas más tarde, el Ministerio Público Fiscal difundió un memorando que instruye la implementación de guardias mínimas durante las medidas de fuerza, una decisión cuestionada por la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (AGEPJ) por considerar que afecta el ejercicio del derecho de huelga.
Una negociación que no respondió al reclamo salarial
El pasado 17 de junio, la Asamblea General Extraordinaria de AGEPJ había resuelto abrir una instancia de negociación con el TSJ, estableciendo un plazo entre el 18 y el 30 de junio para recibir una propuesta salarial. En caso de no existir una oferta satisfactoria, quedó definido un paro de 72 horas para los días 1, 2 y 3 de julio. Además, se aprobó una nueva medida de fuerza de 60 horas para después de la feria judicial, sujeta al mismo criterio.
La propuesta presentada por el TSJ fue considerada insuficiente por la mayoría de la asamblea. En promedio implicaba un incremento del 3,58%, aunque para la mayor parte de las categorías no representaba aumentos nuevos sino el adelantamiento de tramos de la equiparación salarial acordada en 2025 como resultado del conflicto del año pasado.
En el caso de la categoría auxiliar, la oferta consistía en un bono no remunerativo de $140.000, sin impacto sobre el salario básico, la antigüedad, el aguinaldo ni las futuras jubilaciones. También se propuso reintegrar los descuentos aplicados por los días de paro y efectivizar 146 cargos, medidas que, si bien responden a otras demandas del sector, no modifican el reclamo central por una recomposición salarial que permita recuperar el poder adquisitivo. La propuesta tampoco contemplaba mejoras para las y los jubilados judiciales.
La asamblea ratificó el plan de lucha
El debate reflejó distintas posiciones respecto de cómo continuar el conflicto. Mientras algunos sectores, entre ellos la conducción de AGEPJ, propusieron concentrar las medidas más fuertes después de la feria judicial, y en definitiva, levantar el paro ya decidido en la asamblea anterior, demostrando “voluntad de negociación”, otros sostuvieron que debía respetarse el mandato aprobado y avanzar con las medidas ya definidas.
Finalmente, la asamblea por mayoría resolvió mantener el plan de lucha, convocando a un paro de 48 horas a partir del 2 de julio y reafirmando la importancia de sostener una medida contundente frente a una propuesta de miseria.
El memorando del MPF y la discusión sobre las guardias mínimas
Tras la definición de la asamblea, el Ministerio Público Fiscal comenzó a distribuir el Memorando N.º 01/2026, mediante el cual instruye a fiscales, funcionarios y jefaturas a garantizar guardias mínimas durante las medidas de fuerza y faculta a los superiores a designar personal para cumplir esas tareas, bajo apercibimiento de posibles sanciones disciplinarias.
Desde AGEPJ cuestionaron el contenido del memorando. El gremio señaló que la reciente reforma laboral no incorporó al servicio de justicia entre las actividades obligadas a garantizar prestaciones mínimas durante una huelga y recordó que, aun en los servicios esenciales, esas prestaciones no pueden ser fijadas de manera unilateral por el empleador, sino que deben surgir de una negociación entre las partes con intervención de la autoridad laboral, de acuerdo con los estándares internacionales.
La difusión del memorando generó preocupación entre las y los trabajadores, al introducir la posibilidad de sanciones para quienes adhieran a las medidas de fuerza. En ese contexto, distintos sectores también plantearon la necesidad de que el gremio fortalezca el acompañamiento político y jurídico a quienes ejerzan el derecho de huelga. La respuesta de la conducción de AGEPJ fue expresar de manera vaga que, en caso de sanciones, pondrían a disposición a los abogados del gremio, pero sin plantear de antemano ninguna medida firme que garantice tranquilidad a los trabajadores.
La organización como perspectiva
El conflicto judicial continúa abierto. Mientras las y los trabajadores sostienen el reclamo por una recomposición salarial que recupere el poder adquisitivo perdido, las próximas medidas de fuerza marcarán el rumbo de la negociación.
La amplia participación en las asambleas y la decisión de sostener el plan de lucha muestran que existe voluntad de organización para defender el salario y las condiciones laborales.
Fortalecer esa participación, garantizar la democracia sindical y construir una herramienta gremial cada vez más representativa aparecen como desafíos centrales para conquistar las reivindicaciones pendientes y defender los derechos del conjunto de las y los judiciales.
Recuperar AGEPJ para las y los judiciales, con democracia sindical, independencia de la patronal y un plan de lucha consecuente, es una tarea fundamental. Te invitamos a organizarte con nosotros para construir esa alternativa.
